DDN. El martes, el juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva, pero con embargos de 430 millones de pesos, a ex funcionarios del área de Medio Ambiente de la Nación y de la Provincia de Salta y a empresarios forestales por la tala ilegal de boques para exportar palo santo y otras maderas utilizando mano de obra barata de comunidades originarias.
Esta causa no tenía avances desde 2014. En el marco de la misma, se secuestraron maderas “sin identificar” de especies protegidas. Además de palo santo, se encontró también lapacho rosado, urundel, petiribi o afata, quina, roble criollo, cedro, cebil moro y cebil blanco, nogal y pino del cerro. La causa se inició tras una denuncia del Programa de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta. El valor de la exportación que se intentó llevar a cabo, supera los 20 millones de pesos.
Los procesamientos fueron a Claudio Domínguez y Elvio Ciganotto (administradores de las firmas Regional Wood SA y Tropical Bushes SRL) Zhang Yanchao y Silvana Logiudice (integrantes de la firma Winner Internacional SRL) Santiago Piceda, Jorge Luciano Rafart Corveto y Melisa Esperanza Piceda (integrantes de la firma Entrecomex Global Service SRL). También procesó a los ex funcionarios Natalia Rangeon, directora de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta Gustavo Paul, secretario de Ambiente de Salta, y Eduardo Álvarez, coordinador de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Nación. La lista se completa con Jorge Pocovi, Hugo Rolando Girón, Pablo Gabriel Isa y Cristian Gribaudo, actual subsecretario de Política y Control Ambiental de la Municipalidad de Salta.
Por la situación, se conoció que ayer la intendenta Bettina Romero pidió la renuncia de Gribaudo.
Los empresarios utilizaron una autorización legal para el desmonte para siembra y pasturas de una hacienda en el departamento salteño de Orán, que incluía la posibilidad de exportar el palo santo obtenido por los trabajos. El desmonte nunca se realizó, pero con esa documentación los empresarios intentaron la exportación de palo santo, cuyo origen resultaba desconocido y cuya extracción no había sido autorizada.
Según la resolución de Casanello, hubo “actividad de tala y extracción de palo santo desarrollada en sitios no autorizados, con el fin de proceder a su posterior comercialización en el mercado exterior”. El juez federal dispuso el embargo ante la eventual “obligación de resarcir el daño producido por el delito” de naturaleza ambiental. La resolución explica que la empresa Tierra Vasca SA. “había sido autorizada por resolución n° 328/13, de fecha 22 de mayo de 2013, a cambiar el uso del suelo en una superficie total de 4555 hectáreas de la Finca Las Colmenas”. “Se habilitó que 2.998 hectáreas de ese total fueran plenamente desmontadas para ser usadas con fines de agricultura y ganadería con implantación de pasturas. Dicha aprobación autorizaba, además, el aprovechamiento del producto forestal remanente de los desmontes en determinadas cantidades establecidas”, se informó.
Con el cotejo de imágenes satelitales luego corroboradas por las autoridades competente, el desmonte autorizado, y desde donde provenía la madera, no había sido ejecutado. Debido a ello, Casanello sostuvo que hubo “serias afectaciones al medioambiente de distintas jurisdicciones, dado que se extraería madera de lugares desconocidos, de forma ilegal clandestina y mediante documentación que posee los requisitos formales cumplidos, pero que reflejan una realidad inexistente”.
Además, no habría sido un caso aislado, sino que estaría dentro de un esquema de actuación más amplio. También hubo pagos ilegales: en los correos electrónicos de los procesados figuran alusiones a la necesidad de pagar un soborno a un inspector de la Aduana con el objeto de eludir una verificación sobre la madera a exportar”.
Isa, uno de los imputados, intentó justificar las omisiones a las inspecciones sobre la tala ilegal explicando que por parte de las autoridades existía una “necesidad u obsesión de prohibir por prohibir sin fundamentos y con intereses ocultos dirigidos a reducir o matar una actividad productiva que generaba mano de obra intensiva y sostenía a familias criollas y aborígenes (pueblos originarios) como un medio de vida legítimo y ancestral”. Sin embargo, de la investigación surgió –mediante el secuestro de varios cuadernos con registros de la actividad ilegal- cómo era el empleo de los trabajadores pertenecientes a los pueblos originarios: “se reflejaba en forma de cuenta corriente escrita a mano, la cantidad de madera talada por cada miembro de la comunidad y la entrega de alimentos a cambio de ello”.
LS
