DDN. Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga mapuche del Lof Epu Lafken, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, habló sobre algunas de las problemáticas más severas que amenazan al pueblo mapuche e hizo hincapié en la problemática territorial. “El tema de la propiedad en la Argentina tiene que ser la centralidad donde se empiece a desmenuzar la concentración del poder, no solo de la tierra sino también de otros bienes naturales”, reflexionó.
La referenta aclaró que el pueblo mapuche es muy diverso y tiene presencia en siete provincias de la Argentina: Buenos Aires, La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén y Mendoza. A partir de ello, se refirió a las realidades más difíciles que atraviesan, señalando en primer lugar el proyecto megaminero en Chubut. “Quieren vaciar el río Chubut para aprovechar toda esa agua para la explotación megaminero”, denunció.
En la misma línea, expuso: “En la provincia de Buenos Aires, el 90% del suelo tiene soja transgénica. Por lo tanto, todo el problema para la salud por el uso de agroquímicos es muy fuerte y estamos generando datos para evidenciar el deterioro de la salud humana y medioambiental a partir del modelo sojero, el monocultivo transgénico”.
En la zona de Rio Negro y Mendoza, indicó que “hay un problema emergente que es el tema de la sequía y el desabastecimiento del agua”. “Los ríos se están secando no solamente por el cambio climático, sino también por el tipo de producción que se genera en sus territorios. En la zona de la Estepa hay un proyecto que tiene que ver con la instalación de un parque eólico y que todavía no tiene el consentimiento de las comunidades mapuche. Y en la zona de Mendoza se está luchando para que el tema del fracking no es instale para depredar el territorio”, agregó.
Azpiroz hizo referencia también a al tema de la lengua, y explicó: “Es una lengua muy perseguida, no solamente por la castellanización a partir de la imposición de la escuela sarmientina, sino también porque todos los otros resortes de la sociedad mayoritaria fueron apagando la lengua. Así que hay procesos de revitalización lingüística, hay procesos de organización para la producción de datos estadísticos para saber en qué situación están los hablantes, los neohablantes”.
Propiedad intelectual
“Está el tema de la producción de artesanías, que también tiene su particularidad”, continuó la politóloga en su análisis señalando que “hay mucha producción de telar mapuche, pero también de cerámica, de pintura, y todo ese arte que es propio de todos los pueblos originarios”. En este punto, sostuvo que el problema consiste en “la falta de protección o de resguardo de la propiedad intelectual de ese saber con el cual se produce esa pieza”.
Es por ello que, indicó, se encuentran trabajando en el diseño de una “estrategia de consulta para la protección con una ley de propiedad intelectual colectiva y el derecho de autor ancestral”. De esta manera, se espera no solamente resolver un problema al interior del pueblo mapuche, sino “poner sobre la agenda pública las apropiaciones epistémicas que hay sobre los modos en que los pueblos originarios hacemos arte”. El objetivo sería que quienes usan los símbolos deban pagar por el uso de ese bien cultural, propio de los pueblos preexistentes al Estado argentino, y que muchas veces es apropiado por empresas turísticas que, además de comprarlo a bajo precio para luego triplicarlo, colocan a estos productos el sello de una marca completamente ajena.
Propiedad territorial
Consultada sobre la problemática de la propiedad de los territorios, Azpiroz se refirió al debate por la prórroga de la ley 26160, de Emergencia Territorial de Pueblos Indígenas y aclaró que “lo que está sobre la mesa no es la instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena”. “Lo que se está pidiendo es la prórroga de la ley que impide los desalojos y que hace el relevamiento del territorio que ocupan las comunidades actualmente”, indicó.
En este sentido, subrayó: “Una cosa es que se haga el relevamiento, pero no significa que esa carpeta técnica se traduzca en una escritura de propiedad comunitaria indígena. El programa fue construido en 2006 y el INAI- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- no ha hecho ninguna revisión respecto a las fallas que tiene el programa, que se lo hemos dicho en la anterior gestión kirchnerista, obviamente durante la gestión macrista no se avanzó y en esta gestión tampoco”.
Para la referenta, “no tiene sentido seguir sosteniendo la prórroga de una ley que hace agua por todas partes”. “No lo digo yo, sino la Auditoría General de la Nación. El mismo programa no prevé un sistema de monitoreo para poder medir los alcances, según las metas que se trazan, para cada pueblo, para cada provincia, para cada comunidad”, amplio para luego cuestionar que en la página del INAI no se accede a una base de datos de las comunidades relevadas, las observaciones o el paso siguiente.
Sobre este punto, explicó: “El paso siguiente a generar el relevamiento territorial con la carpeta técnica es que se inscriba en el registro inmueble de cada provincia para que, cuando se apruebe la ley de territorios indígenas, se les entregue el título de propiedad. Eso no está dicho, no está pensado, no fue propuesto en la prórroga de la ley 26160”.
Justamente, señaló que, aun teniendo las carpetas técnicas, los desalojos se producen. “Esto es lo que tiene que dar cuenta y tiene que explicar la gestión del INAI. Quiere decir que, para los fines judiciales, la carpeta técnica no tiene el peso de la prueba. Por eso decimos que la ley se quiere prorrogar sin hacer la revisión de los 15 años que pasaron desde que se aprobó, y que el INAI no hizo una revisión tal cual la Auditoría General de la Nación lo indicó en un informe en 2013, y que el INAI, durante esta gestión, no consultó a los consejos de participación indígena ni a las organizaciones indígenas. Es volver a ratificar un rumbo que no resuelve el problema”.
Según su mirada, “el problema se resuelve con el llamado a la participación de las 1760 comunidades en el país, y a las organizaciones indígenas para consensuar un texto de una ley de territorios indígenas”. “Esa es la batalla que hay que hacer para avanzar en la discusión en la Argentina sobre el régimen de propiedad, que no es solamente la propiedad privada o la propiedad comunitaria indígena, sino también la propiedad cooperativa y de las empresas recuperadas. Quiere decir que el tema de la propiedad en la Argentina tiene que ser la centralidad donde se empiece a desmenuzar la concentración del poder, no solo de la tierra sino también de otros bienes naturales”.
Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz.
BH
