DDN. Pablo del Pino, abogado de Ana Fernández, madre de Cintia quien fue asesinada por un policía en 2011 se refirió a la investigación a otros participes del crimen, además del condenado Mario Condorí.
Del Pino sostuvo que, 9 años después del hecho, siguen las secuelas de las injusticias del sistema judicial y policial, donde todavía se buscan a los responsables del encubrimiento del crimen.
Hoy se está juzgando a Gimena Núñez, encargada de la investigación que la desvió a favor de su compañero de trabajo, Mario Condorí, condenado a 23 años de prisión por asesinar a Cintia. Núñez hoy está imputada como autora de los delitos de falso testimonio en concurso real con encubrimiento agravado, y no se descarta la participación de otras personas.
“El fiscal Ramos Ossorio ha requerido juicio en contra de ella y nosotros nos constituimos como querellante. Este juicio se radicó en el Juzgado de Garantías Nº 1, de Ada Zunino. Estamos a la espera todavía”, informó. Por la pandemia, hay una falta de personal en el Poder Judicial, lo cual demora aún más los procesos necesarios para el inicio del juicio, y consideró que no se dará este año.
Núñez continuaría en sus funciones, a pesar de la solicitud de que sea detenida e inhabilitada.
Sobre el policía implicado en situaciones de abuso policial en Anta que habría participado del crimen de Cintia, dijo: “Esta impunidad que pretende la policía, o un sector de la policía, en relación a las investigación es de una gravedad institucional, un escándalo que debe ser noticia nacional, y que es apañado por los responsables del trabajo de estas personas. La lucha de Ana no ha terminado, está peleando contra la impunidad”.
Abusos policiales, legitimados
Por otro lado, Del Pino se refirió al decreto 255 que le otorga facultades extraordinarias a la policía, y manifestó que ese decreto es apañado por los tres poderes del Estado, a pesar de que va en contra de la Constitución y los Tratados Internacionales.
“Uno de los funcionarios dijo que no nos preocupemos tanto por esta ley porque no se había llevado adelante. Eso no tiene nada que ver, las facultades y los poderes existen. Esto lo está resolviendo la Corte. En su función de orden de control difuso de constitucionalidad, hace que nos preocupemos que esto se resuelva”, expresó y agregó que la policía cree que puede hacer lo que quiere, y este decreto legitima esa creencia. “Es gravísimo, asusta, ¿Quién está para protegernos?”, dijo.
Fuente: Algo personal/ FM Noticias 88.1 MHz.
