DDN. Diputados sesionaron ayer y entre los proyectos a tratar se encontraba una iniciativa que busca mantener el financiamiento de las Cooperadoras Asistenciales empleando un 4% de la recaudación de la Provincia. Esto bajo la advertencia de que los fondos sean utilizados para asistir efectivamente a personas de bajos recursos. Finalmente, por oposición de algunos legisladores el proyecto no fue tratado. Los diputados Alejandro San Millán, Iván Mizzau, Humberto Vázquez y Lucas Godoy hablaron al respecto, coincidieron sobre el manejo que se hace del organismo capitalino como “bastión político” aunque señalaron que se busca garantizar el puesto de unos 300 trabajadores, entre planta permanente y AP.
El diputado Alejandro San Millán fue uno de los legisladores que se opuso al tratamiento del proyecto. Consultado al respecto, sostuvo: “No estoy en contra del proyecto en sí, lo estoy porque quiero que especifiquemos qué es lo que va a pasar a partir del primero de diciembre con las composiciones de las actuales cooperadoras. Me refiero a Capital, donde el 50% de los recursos se destinan solamente al pago de sueldos y no a los fines específicos que tiene los recursos destinados para la Cooperadora Asistencial, que son la copa de leche, la ayuda de los remedios, la ayuda a los carenciados”.
En este sentido, y al recordarle la denuncia de sus pares de la UCR por mal manejo de fondos en el organismo, dijo: “Yo no sé nada de esa denuncia, pero sería lindo que el 100% de los recursos de la Cooperadora Asistencial sean dirigidos pura y exclusivamente a la ayuda social. La ley no establece que haya una modificación, se mantiene tal cual la Ley de Cooperadoras original y lo único que se hace es buscar recursos de otro ámbito de la Provincia para darles recursos, por consiguiente, seguimos en las mismas”.
Bastión político
Y es que para San Millán, “se utiliza la Cooperadora como un bastión político”. “Fue reconocido por autoridades de la Cooperadora Asistencial que se mandaban bolsones y elementos de Cooperadora al departamento Rivadavia, cuando en el departamento Capital hay mucha gente que necesita la ayuda social. Eso es lo que no podemos permitir, y mi intención es que esos recursos vayan a los municipios, que sean administrados por los municipios, pero que tengan un fin específico”, subrayó.
En cuanto a la situación de los empleados del organismo, remarcó que “la Cooperadora Asistencial, por ley de conformación, depende de la Provincia”, con lo cual consideró que “los empleados que hoy son planta permanente tendrán que pasar a la órbita provincial y la Provincial los tendrá que redistribuir en distintas áreas para que presten servicio, pero la Cooperadora tiene que prestar servicio pura y exclusivamente para la ayuda social”.
En la misma línea, el diputado por Orán, Iván Mizzau, aseguró que la cooperadora de dicho municipio “siempre ha sido el motor impulsor de campañas políticas”, y aseveró: “La gente que viene de la oposición vemos cómo se hace un desmanejo por parte de ese sector”.
Por su parte, el diputado de la UCR Humberto Vázquez, opinó que “hay que hablar con responsabilidad” y enfatizó: “Primero, hay que reconocer cuántos son los empleados. 300 pueden ser los que aparecen trabajando, pero seguramente hay otros que nunca fueron ni conocen la Cooperadora Asistencial, como está ocurriendo en todas las reparticiones públicas, es decir los ñoquis que están hace añares recibiendo sueldos. Habría que ver bien cuál es la planta real de esto”.
“En segundo lugar- continuó-, el dinero que recibe hasta hoy la Cooperadora no se los utiliza para los fines que estaban determinados expresamente por ley. Es decir, que puede haber corrupción no solamente en el tema de los empleados sino que hay corrupción en el tema de los fondos”.
Así, consideró que “la mejor manera de esto es ponerle un control mucho más estricto a la Cooperadora y generar la posibilidad de que esos empleados sigan trabajando y que la Cooperadora cumpla los objetivos previstos en la ley”, y dijo: “Para mí, la Cooperadora, como está trabajando hoy, es una caja de manejo estrictamente político, por eso es que se aferran algunos a seguirla teniendo, con el ánimo de que esa caja les siga brindando servicio de carácter político. Hablo de corrupción, desmanejo de fondos o manejo discrecional, o sobre la base de comportamientos ilícitos”.
Vázquez, a su vez, se pronunció sobre la denuncia que impulsaron desde el bloque que integra contra las autoridades del organismo y aseguró: “Nunca nos atendió la fiscal- Susana Poma-. Nosotros estamos presentando una serie de escritos al procurador Abel Cornejo para ver si él efectivamente va a tomar cartas en el asunto”.
El diputado Lucas Godoy, autor del proyecto, señaló que no se trató porque “se pidió tiempo a la comisión para tratar algunas cuestiones”. Además, recordó que la Ley de Cooperadoras surge en la década del ’50, fue reformada luego y agregó: “Tenía otras funciones, no tenía estructura, con tenía empleados, no tenía edificios, era una cooperadora de asistencia básicamente. Esta era la finalidad, después se fue desvirtuando”.
“Yo lo vengo denunciando a esto, lo vengo planteando en términos personales y políticos, desde el año 2.011. Cuando participamos en una interna contra la lista municipal, que era en ese momento la municipalidad de Miguel Isa, la vaciaron. Después del día de las internas fue una de las peores tormentas en Salta, era enero. Inundación en Gauchito Gil, Ceferino. Cuando van a buscar en la Cooperadora asistencia alimentaria, frazadas, colchones, camas, cuchetas, no había nada, cero. Tuvimos que salir a buscar de manera solidaria el apoyo de vecinos para cubrir las necesidades de la gente. Y no creo que haya cambiado mucho desde esa época hasta ahora”, aseveró.
En este sentido, denunció que “se utiliza recurrentemente de mala manera”, y añadió: “Se eliminó el impuesto a raíz de aquel famoso pacto fiscal. Se deben buscar los mecanismos de financiamiento, garantizar los puestos de trabajo. Son 170 los trabajadores en planta permanente. Me imagino que los demás son Agrupamiento Político”.
Recordó también que en su momento presentó un proyecto para reformar la Cooperadora y no prosperó. “Nosotros queríamos que intervengan distintos sectores de la sociedad para que haya un mayor control y heterogeneidad en la conformación y no prosperó. Entonces, tenemos que garantizar a los trabajadores de la Cooperadora y las funciones que son, en primer lugar, alimentarias”, puntualizó.
Según analizó el Legislador, el objetivo de la Cooperadora se fue desvirtuando “y se fue utilizando para otras cosas”. “Desde auspicios publicitarios pasando por instalación de no sé qué cosa. Eso no está bueno y hay que volver a que tenga el fin esencial y que la plata esa no se pueda tocar para otra cosa que no sea alimentario, y alguna asistencia social de carácter urgente”, enfatizó Godoy.
Preocupación
Bajo el pedido de “No al cierre de Cooperadora Asistencial”, trabajadores del organismo se manifestaron ayer en la Legislatura provincial para conocer cuál será su destino ante la falta de financiamiento para las cooperadoras a partir de la firma del pacto fiscal.
“Los empleados de Cooperadora venimos de forma pacífica a preguntar en nuestro estado de angustia qué va a pasar con Cooperadora Asistencial y nos vamos más tranquilos después de haber tenido una reunión con los Diputados. Sabemos que hay un proyecto, sabemos que va a tener tratamiento, y nosotros buscaremos entre la ciudadanía las firmas de apoyo para que no se cierre Cooperadora Asistencial”, manifestó Gladys Oriz, empleada de la Cooperadora Asistencial que lleva 19 años como planta permanente del Estado provincial ya que antes de su incorporación a Cooperadora en 2.007 ocupó puestos en Cámara de Diputados y en el Concejo Deliberante.
En cuanto al cuestionado manejo de fondos en el organismo de gestión municipal, resaltó: “Nosotros somos empleados solamente, no somos quienes tomamos las determinaciones en cuanto a la asistencia que se da. Tratamos de hacer las cosas de forma transparente y de cumplir con todos los requerimientos que se deben tener”.
Además, no logró precisar la cifra de trabajadores que se desempeñan allí ni su situación laboral. “Somos casi 300 empleados, que representamos a 300 familias que podemos quedar sin el sustento diario. Este número se compone de empleados de planta permanente, contratados y AP. No tengo los números reales, pero vamos buscando la protección de todos y cada uno de los empleados que prestamos servicios”, dijo.
“¿Por qué tiene que haber plazos fijos en la Cooperadora?”, continuó el Diputado para quien desde el organismo se debe rendir cuentas a la Auditoría General de la Provincia, y cerró: “Lo que está claro es que están gastando en cosas que no corresponder, y en lo que debe gastarse es en asistencia alimentaria”.
Fuente: Sapo de otro pozo/ FM Noticias 88.1 Mhz.
