DDN. Quienes pertenecen a los medios de comunicación ven con creciente preocupación la violencia institucional frente a quienes ejercen el derecho a informar como profesión.
Lxs, TRABAJADORXS DE PRENSA, repudiaron los hechos sucedidos a la periodista Natalia Fernández, violentada por la Policía de Salta el 12 de enero en San Luis y Córdoba, mientras efectuaba la cobertura periodística de un procedimiento policial que se desarrollaba para evitar que la hinchada de Juventud Antoniana -que realizaban un banderazo por los 103 años del club- llegara al centro de la ciudad.
Reconocen que
cada uno de los hechos se enmarcan en la reiterada animosidad del actual
gobierno nacional frente a los trabajadores de prensa de igual modo el
gobierno provincial y municipal,
confundiendo la función crítica del periodismo con acciones de oposición
política al punto de utilizar a su
fuerza represiva contra nuestra actividad laboral.
Afirman que de esa percepción distorsionada se derivan conductas que se traducen en medidas de gobierno cuya rígida aplicación anula derechos y garantías de la Constitución. En un sistema democrático el Estado, antes que amenazar o recortar la libertad de prensa y el pluralismo informativo, debe garantizar y respetar integralmente a ambos.
“La reiterada violencia institucional hacia lxs trabajadorxs de prensa lesiona gravemente la libertad de prensa, la que, al estar sometida a condicionamientos del poder político, pasa a la categoría de "libertad vigilada". Así, el derecho a requerir, recibir y a difundir información referida a los fundamentos de las decisiones de actos de gobierno y al manejo de los fondos públicos, queda sensiblemente mutilado”, denunciaron.
Asimismo aseguraron que “Una serie de hechos acumulados en los últimos años, autoriza a señalar que el gobierno de Juan Manuel Urtubey no es una excepción en esta tendencia a imponer restricciones y criterios discriminatorios, persecutorios, de exclusión y represión que impiden la normal realización de nuestro trabajo”.
Entienden que el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, también son responsables políticos del accionar policial.
“Por ello, los Periodistas Autoconvocados de Salta exigimos: Libertad de Expresión y el Respeto a las Garantías Constitucionales”, finalizaron.
