La Mesa de DDHH de Salta, (Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Politicas y Gremiales, Asociación Coca Gallardo, Asociación Lucrecia Barquet, H.I.J.O.S. Salta en la Red Nacional) denunciaron que “la policía de (Gustavo) Sáenz reprimió y desalojó a familias que, junto a organizaciones sociales y dirigentes sindicales, intentaron asentarse en tierras fiscales en Atocha, Municipio de San Lorenzo”.
La orden, según indicaron, partió de la
fiscala Natalia Saravia y debió hacerse presente para dar con el paradero de los
detenidos y detenidas el Dr. Rodrigo Solá, Presidente del Comité Para la
Prevención de la Tortura.
“Al lugar llegaron integrantes de las Asociaciones de Música, de Taxistas,
Movileros, UTAFI, CTA-A, y personas
independientes que reclaman un lugar para vivir, en una provincia signada por
el desmanejo de las tierras, dónde en 2021 el déficit habitacional rondaba las 72.000 familias sin techo, los
hogares con pisos de tierra o techos realizados de manera muy precaria llegan
al 2,4% del total, esto es, nueve mil hogares, mientras que el 2,1% del total
(ocho mil hogares) no cuenta con red de agua domiciliaria o pozos protegidos.
Asimismo, los hogares que no poseen una red de cloacas alcanzan a más del 13%
del total (alrededor de 51 mil hogares), mientras que los hogares asentados en
basurales o villas inundables llegan al 35,2% (136 mil hogares aproximadamente)
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, 2021)”, expresaron en el
comunicado.
“Esta situación –precisaron- que se agrava aún más, por ser Salta la provincia con más tierras en manos extranjeras de la República Argentina. Así 1.727.411 hectáreas, que representa un total del 13,8% del total de tierras se encuentran en manos foráneas. En términos porcentuales, los siguientes departamentos de la provincia son los que más extranjerización de tierras poseen: San Carlos (58,8%), Molinos (57,8%), Guachipas (34%), La Viña (29,7%), General Güemes (29,4%), Cerrillos (26%), Orán (23,5%), Cafayate (23,1%) y Chicoana (17,4%)”.
En la última década, el Gobierno salteño realizó donaciones por más de 150
hectáreas a entidades privadas, clubes deportivos, iglesias, colegios,
sindicatos y cámaras empresariales. Es decir, el equivalente a 7500 lotes de
200 m² que perfectamente se podrían haber destinado a la construcción de
viviendas.
Asimismo, responsabilizaron al gobierno de Gustavo Sáenz por
la salud de Alejando Nanterne, herido en la represión que permanece
internado, y exigieron arbitre políticas
públicas para paliar la situación de falta de viviendas en Salta.
“El derecho a la vivienda digna está consagrado en nuestra Constitución Nacional y es reafirmado por la adhesión a tratados internacionales de Derechos Humanos de parte del Estado argentino”, finalizaron las organizaciones de DD.HH..
