El exintendente de la localidad salteña de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, se entregó este miércoles por la tarde en la Comisaría N° 4 del barrio Aeroparque de la ciudad de Orán. El exjefe comunal permanecía prófugo desde el sábado pasado, cuando logró escapar de los efectivos que ejecutaban su orden de detención.
Tras su presentación, el imputado quedó formalmente a disposición de la Justicia Federal. Martínez fue trasladado en un vehículo oficial luego de ser esposado por efectivos del Grupo de Operaciones Festivas (GOF) en la Compañía Guardia de Infantería.
El exfuncionario es investigado como presunto líder de una organización criminal dedicada a introducir en el circuito legal dinero proveniente del narcotráfico. La causa se inició hace aproximadamente dos años e involucra una compleja red de maniobras financieras.
El expediente judicial es impulsado de manera conjunta por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La hipótesis fiscal sostiene la existencia de una asociación ilícita orientada a bancarizar fondos de origen ilícito e incorporar bienes al sistema económico formal.
Entre las 11 personas imputadas en la causa figuran familiares directos del exintendente. Las acusaciones alcanzan a su hijo Miguel Ángel Martínez, su hija Jessica Elizabeth Martínez, su exmujer Nancy Mirta Cordero y su actual pareja, Tamara Tapia.
Asimismo, la Fiscalía imputó a dos contadores públicos señalados por su presunta colaboración técnica en la bancarización de los fondos ilícitos. Durante los 32 allanamientos concretados el pasado fin de semana, las autoridades secuestraron computadoras, notebooks, teléfonos celulares y dispositivos pendrive para su posterior peritaje.
La fuga de Martínez durante el operativo del sábado generó la apertura de una línea investigativa paralela para determinar si existió una filtración de información oficial que le haya permitido anticipar los procedimientos. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que esa hipótesis aún no ha sido confirmada de manera definitiva.
En el marco de la causa, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dictó la prisión preventiva efectiva para siete de los imputados. En tanto, el magistrado estableció medidas de menor restricción para otros cuatro involucrados y otorgó un plazo de seis meses para la conclusión del periodo de instrucción fiscal.
