La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Atta Miguel Gerala, exintendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá (Morillo), y lo condenó por el desmantelamiento sistemático y posterior contrabando de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano.
El ex jefe comunal había sido absuelto en abril de este año por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta. Ahora, los jueces de primera instancia deberán fijar el monto de la pena acorde a lo resuelto por el máximo tribunal penal.
La investigación judicial comenzó en agosto de 2023, luego de que personal de Correo Argentino denunció el hallazgo de neumáticos extranjeros sin aval aduanero en la Ruta Nacional 50. Las pesquisas condujeron a David Edilberto Medina, un comerciante que administraba un galpón en Orán. Mediante intervenciones telefónicas, las autoridades descubrieron que la organización criminal expandió sus actividades hacia la sustracción de rieles ferroviarios. El material extraído se trasladaba en camiones hacia la frontera y se cruzaba a Bolivia en balsas de goma por pasos clandestinos.
Por estos hechos, la justicia salteña homologó previamente acuerdos de juicio abreviado. José Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente, recibió una pena de seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, robo en despoblado y en banda, y cohecho activo. Medina recibió idéntica sanción por los mismos delitos. Por su parte, el cabo de Gendarmería Nacional, Jorge Fernando Cabrera, resultó condenado a dos años de prisión condicional por cohecho pasivo, al comprobarse que facilitaba el tránsito de los cargamentos a cambio de dinero.
El TOF N° 2 de Salta dictó, el 23 de abril último, la absolución de Atta Miguel Gerala por el beneficio de la duda. En aquella instancia, los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano consideraron que no existían pruebas directas sobre su participación. Argumentaron que las herramientas secuestradas en su taller no coincidían en marca y color con las utilizadas en las vías, y que la camioneta Toyota Hilux de su propiedad era usada habitualmente por su hijo sin que se acreditara el conocimiento del padre.
En ese mismo debate, el tribunal oral condenó al oficial de la policía salteña Mauro Rodríguez a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa del policía y el Ministerio Público Fiscal recurrieron dicha resolución.
El fiscal general Raúl Pleé y los representantes de la fiscalía de Salta impugnaron la absolución de Gerala por considerarla arbitraria. Sostuvieron que el tribunal de juicio valoró las pruebas de manera fragmentada y aislada, desarticulando un cuadro indiciario global y unívoco.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, votaron a favor de revocar la absolución. El magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia, inclinándose por mantener la decisión del tribunal de origen bajo el principio de inocencia.
La mayoría de la Cámara determinó que el exintendente realizó un aporte consciente y necesario para la sustracción de los bienes públicos. Los jueces señalaron que Gerala gobernó el municipio durante casi tres décadas, lo que le otorgaba un control absoluto del territorio. El desmantelamiento del ramal ferroviario se extendió por ocho meses, a plena luz del día, utilizando mano de obra de comunidades originarias locales que eran trasladadas en el vehículo particular del funcionario.
Además, durante el allanamiento en la vivienda particular de Gerala, donde también funcionaba la Secretaría de Finanzas y un taller municipal, las fuerzas de seguridad incautaron 15 rieles de origen ilegal y herramientas compatibles con el corte de metales. Casación remarcó que la ausencia física del exjefe comunal en las vías no lo exime de responsabilidad penal, ya que su rol consistió en otorgar la cobertura política, logística y territorial indispensable para asegurar la impunidad de la banda.
De este modo, el tribunal de alzada declaró a Atta Miguel Gerala partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la cantidad de personas, su condición de funcionario público y el valor de los bienes (valuados en más de 558 millones de pesos), en concurso real con robo agravado cometido en despoblado y en banda.
Las actuaciones regresaron al tribunal de origen para que fije la pena correspondiente.
En el mismo fallo, la Cámara de Casación desestimó los planteos de la defensa de Mauro Rodríguez y ratificó su condena por cohecho pasivo. Los jueces validaron las pruebas digitales obtenidas del teléfono de “Yopi” Gerala, donde constaban mensajes de texto del 7 de mayo de 2024. En dicha conversación, el oficial se identificó como el jefe del puesto de Pluma de Pato y negoció coimas de entre 200.000 y 300.000 pesos por cada camión que transitara sin inspección.
El Libro de Guardia del destacamento policial corroboró que, en las mismas horas del intercambio de mensajes, Rodríguez inició un “operativo saturación” y se apostó en la Ruta Nacional 81. Casación concluyó que el cohecho se consumó con el acuerdo venal y la promesa de dinero, sin que fuera necesario demostrar transferencias bancarias o el paso físico de un vehículo específico.
