El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta inició este lunes el juicio al contador público Héctor Luis Palópoli, el comerciante Arnaldo Nelson Roldán y el carpintero Christian Marcelo Jardín, quienes llegaron a esta instancia acusados por el delito de asociación ilícita tributaria, en grado de coautores, luego de una investigación en la que se recabó evidencia que los vincula con “usinas” de facturación apócrifa que permitía a diferentes empresas evadir el pago de sus obligaciones por los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.
En presentación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general a cargo del área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, y la auxiliar fiscal, Soledad Cabezas, mientras que, en calidad de querellante, lo hace la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), representada por el abogado Ignacio Segon.
Previo al debate a cargo de la jueza Gabriela Catalano (presidenta) y de sus colegas Domingo Batule y Alejandra Cataldi, el tribunal analizó en una audiencia de homologación de acuerdo la presentación de una propuesta de juicio abreviado presentada por la fiscalía respecto a Alfredo Eduardo Camacho, de profesión gestor, también imputado en la misma causa.
El acuerdo, cuyos términos fueron expuestos por el fiscal, fue consentido por la defensa y el acusado, quien reconoció su responsabilidad penal en los hechos —la fiscalía lo acusó por reclutar personas de bajos recursos para inscribirlas como contribuyentes—, con lo cual el tribunal lo dio por homologado y condenó a Camacho como miembro de una asociación ilícita fiscal a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario.
En su inicio, el caso fue investigado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y luego el fiscal Amad avanzó con la causa hasta su elevación a juicio. Los hechos investigados surgieron a partir de una denuncia radicada en mayo de 2017 por la División Investigación de la Dirección Regional Salta de la exAFIP, que encendió la alerta al verificar la existencia de personas que emitían facturas electrónicas de importes relevantes.
El organismo fiscal había detectado a nueve contribuyentes que, entre los periodos 2016 y 2017, emitieron facturas electrónicas por un monto total de $143.701.499 y con un importe de IVA facturado de $24.772.903.
En el caso llamó la atención que los nueve contribuyentes utilizaron una misma dirección electrónica (IP) para la emisión de facturas que fueron usadas por 134 empresas, 86 de ellas inscriptas en la exAFIP, lo que representaba al 47% del volumen facturado.
"Se pudo determinar la actuación desplegada en la asociación por los nombrados, quienes proveían de facturas apócrifas a terceros contribuyentes, mediante la utilización de personas que les cedían sus datos CUIT y clave fiscal, con la finalidad de comercializar el crédito fiscal facturado por ellos, a cambio de un precio o promesa de dinero”, señaló la fiscalía.
La fiscalía identificó a los nueve contribuyentes y marcó que su rol en la maniobra fue a modo de “usinas” generadoras de facturas falsas. En ese marco se comprobó también que todos ellos habían delegado a Palópoli el servicio de “Comprobantes en línea” para la emisión de facturas electrónicas.
Asimismo, se estableció que, desde el domicilio de Camacho, se emitieron facturas para las usinas de tres de los nueve contribuyentes. Puntualmente se descubrió que Palópoli facturó un importe total de IVA de $9.918.917 y Camacho de $6.146.176, y que “dichos instrumentos fueron vendidos a usuarios (empresas) para su utilización contable”.
“Así se pudo determinar la actuación desplegada en la asociación por los nombrados, quienes proveían de facturas apócrifas a terceros contribuyentes, mediante la utilización de personas que les cedían sus datos CUIT y clave fiscal, con la finalidad de comercializar el crédito fiscal facturado por ellos, a cambio de un precio o promesa de dinero”, señaló la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.
Roles
De acuerdo con la acusación fiscal, “cada uno de los imputados tenían a su cargo una tarea específica, un rol particular en la división de funciones del plan criminal, permitiendo un mayor grado de eficiencia en la maniobra delictiva y constituyendo cada aporte individual un eslabón necesario para la obtención de facturas”.
En ese sentido, la fiscalía explicó que Palópoli “comercializaba las facturas de terceras personas que facilitaban su identidad a la banda a cambio de sumas de dinero y demás”. También se comprobó que, “en complicidad con los otros acusados, formaron varias sociedades que, generaban ese tipo de documentación, sin contar con una mínima capacidad económica real para producir las actividades que declaraban”.
El MPF puso de relieve que la comercialización de estas facturas rondaba el 20 % del valor de IVA que iban a cubrir y que algunas de las empresas usuarias de esta modalidad se dedican a diversos rubros y son conocidas en el ambiente local.
En relación a Camacho, condenado en el acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía determinó que se encargaba de reclutar personas de bajos recursos para inscribirlos como contribuyentes, y que en algunos casos completaba los trámites de inscripción en la exAFIP-DGI de aquellos “prestanombres”, como también intervenía en la autorización para operar con las claves fiscales de las usinas, o bien las utilizaban directamente. En tal sentido, la fiscalía sindicó a Camacho y a Palópoli como los principales involucrados en la emisión de las facturas apócrifas.
Respecto del acusado Jardín, la fiscalía sostuvo que tenía la función de conseguirle clientes a Palópoli para la comercialización de las facturas y que Roldán apareció en la investigación vinculado con el resto de los imputados y en cada una de las etapas de la maniobra ilícitas.
La acusación, resaltó la fiscalía, se encuentra respaldada no sólo en el análisis de la abundante documentación contable, sino también en tareas de campo y en numerosas intervenciones telefónicas, de las cuales se obtuvieron diálogos mantenidos entre los acusados respecto a la actividad delictiva.
Al respecto, los investigadores de la exAFIP fueron los primeros en declarar una vez iniciado el debate y confirmaron la relación de los tres acusados en la compleja maniobra dirigida a evadir impuestos, a través de la cual los imputados obtuvieron importantes beneficios económicos, como también las empresas que se plegaron a dicha actividad ilícita. El tribunal tiene previsto seguir el próximo lunes tomando declaraciones testimoniales a otros empleados del organismo fiscal.
