La propuesta del ex gobernador salteño generó polémica por el rol histórico del organismo en la defensa de los derechos humanos desde el retorno democrático en 1983. ¿Qué intereses se esconden detrás de su iniciativa?

El senador de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, propuso modificar una práctica que ha sido clave en el fortalecimiento de la democracia argentina: la consulta al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por parte de la Comisión de Acuerdos del Senado en los nombramientos de la Casa Rosada. La iniciativa generó polémica por el rol histórico del organismo en la defensa de los derechos humanos desde el retorno democrático en 1983.

Una crítica cargada de nostalgia por los ’90

Durante una reunión reciente de la Comisión de Acuerdos, Romero expresó: “¿Hay alguna norma o alguna obligación que nos mande a consultarle a ese organismo de activismo político de extrema?”. Su declaración dejó en claro su intención de cuestionar la legitimidad de la práctica, amparándose en que no existe una normativa que obligue a realizar estas consultas.

Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la comisión, respondió que la consulta al CELS se realiza desde hace años como parte de las «usos y costumbres». Además, señaló que la organización no aporta información sobre militares cuyo Documento Nacional de Identidad sea superior a 17 millones, ya que quedan fuera de las búsquedas relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

Pese a ello, Romero llamativamente insistió: «¿Por qué darle un rango superior a una organización respecto a otras?», y propuso redactar una resolución para que la comisión deje de enviar consultas al CELS y permita que cualquier otra entidad pueda presentar información.

¿Qué implica el ataque al CELS?

El CELS ha desempeñado un papel fundamental en la vigilancia de los derechos humanos en Argentina. Desde su creación, durante la dictadura militar, se consolidó como un referente en la denuncia de crímenes de lesa humanidad y en la promoción de justicia para las víctimas.

Las declaraciones de Romero, más allá de cuestionar un procedimiento técnico, parecen alinearse con un discurso que busca relativizar el impacto de las organizaciones de derechos humanos. En su intervención, comparó al CELS con la Iglesia Católica o la Iglesia Musulmana, equiparando entidades con roles históricos y funciones distintas.

Además, el trasfondo político de su propuesta refleja una perspectiva que evoca las prácticas de los años ’90, cuando los derechos humanos eran minimizados en pos de una supuesta reconciliación. Este enfoque contradice el consenso que construyó la democracia argentina en torno a la memoria, la verdad y la justicia.

¿Un debate democrático o una avanzada ideológica?

Aunque Tagliaferri aclaró que mantendrá las consultas al CELS mientras sean relevantes, la propuesta de Romero representa un desafío a la institucionalidad de los derechos humanos en el país. Su discurso pone en el centro del debate el valor que se otorga a las organizaciones sociales y su rol en la democracia.

El intento de deslegitimar al CELS no solo cuestiona su papel, sino que abre la puerta a un retroceso en las políticas de derechos humanos. En este sentido, resulta clave preguntarse: ¿qué intereses motivan realmente la propuesta de Romero?

Puntos clave de una propuesta llamativa:

Propuesta polémica: Juan Carlos Romero busca eliminar las consultas al CELS desde la Comisión de Acuerdos del Senado.

Respuesta del oficialismo: Guadalupe Tagliaferri defendió la práctica, pero señaló que se limita a casos relacionados con crímenes de lesa humanidad.

Rol del CELS: El organismo ha sido clave en la defensa de derechos humanos desde el retorno de la democracia.

Implicancias políticas: La iniciativa refleja un discurso que relativiza los derechos humanos, evocando políticas de los años ’90.

Preguntas abiertas: ¿Qué intereses se esconden tras esta propuesta?

Fuente: El Argentino Diario