A pedido del fiscal general Eduardo Villalba, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, formalizó ayer la imputación y ordenó el arresto domiciliario del intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala, en torno a la investigación abierta por el robo y contrabando de rieles desde el chaco salteño a Bolivia.
Por este mismo caso, ya habían sido detenidos e imputados el hijo del jefe comunal, José Miguel “Yopi” Gerala, y el comerciante David Edilberto Medina, y en esa audiencia Villaba ya había anticipado la posible imputación para el intendente.
En este caso, el fiscal formalizó la imputación en contra del intendente Gerala por los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario.
Asimismo, le imputó el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Por otra parte, la fiscalía solicitó y consiguió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, al igual que el arresto domiciliario del jefe comunal hasta el 31 de diciembre próximo.
Al exponer el caso, el representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que la citación del intendente responde a una segunda etapa de muchas que se prevén en el marco de la investigación penal que lleva adelante por el robo de rieles para su posterior contrabando a Bolivia, donde son reducido por cifras millonarias.
El caso
Como sucedió el 4 de noviembre, cuando imputó delitos similares a su hijo, “Yopi” Gerala y al comerciante Medina, el fiscal repasó los puntos salientes del caso, iniciado el 23 de agosto del año pasado a partir de la denuncia de personal de Correo Argentino, entidad que reportó como sospechoso el envío, a través de encomiendas, de más de 480 cubiertas que eran comercializadas por Medina.
Dado que el mismo ya tenía antecedentes por el delito de encubrimiento de contrabando, es que se focalizó la investigación sobre sus movimientos, a la vez que se dispuso una serie de intervenciones telefónicas, de las cuales se pudo saber que no solo se dedicaba al contrabando de importación de neumáticos de Bolivia para su comercialización en el país, sino también al de exportación de material ferroso, en particular de rieles que eran robados del Ramal C-25, en el tramo entre las estaciones de las localidades de Padre Lozano y Morillo, en el chaco salteño.
Es así que, en un nuevo enfoque, las pesquisas se centraron en el robo de rieles, ya que no solo se trata de patrimonio del Estado Nacional, sino también en razón de que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 70/23, prohibió expresamente la exportación de material ferroso.
De las tareas investigativas, se estableció que Medina tenía varios proveedores de rieles robados. Uno de ellos, identificado sólo por las conversaciones que mantenía con el comerciante, afirmó de manera contundente contar con una gran estructura para el saqueo de los rieles e incluso podía asumir el traslado del material robado a un galpón de calle Alberdi al 900, en Orán, donde eran acopiados.
En julio pasado, en tanto, la fiscalía recibió una denuncia que sindicaba al hijo del intendente como el principal responsable del saqueo de rieles, lo que se confirmó al cotejar su número de teléfono con el proveedor que hablaba insistentemente con Medina para avanzar con la maniobra, al punto tal que aseguró contar ya con varios rieles sustraídos de los pueblos de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.
Recordó que la maniobra se completaba a través del paso de los rieles robados por fincas privadas, ubicadas en el límite fronterizo, cuyo fondo colinda con el vecino país de Bolivia, donde el material es recibido por compradores que previamente se contactan con Medina y acuerdan los valores de la transacción ilícita.
Malversación
En consecuencia, la investigación avanzó sobre el hijo del intendente, pudiéndose comprobar que la infraestructura de la que hacía gala era, en realidad, propiedad del municipio. En ese sentido, el fiscal sostuvo que los Gerala se valieron de las herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno del municipio para concretar el delito.
Incluso señaló que los rieles robados, en parte, eran resguardados en predios de la municipalidad y hasta en la casa del propio intendente, desde donde se secuestraron 15 rieles, valuados en la suma aproximada de 19 millones de pesos, durante los allanamientos realizados en los primeros días de este mes.
En función de ello, la fiscalía sostuvo que el jefe comunal tuvo una participación necesaria, ya que aportó el material necesario para el robo de los rieles, incluso vehículos. Explicó que los acusados se valían de la mano de obra de integrantes de comunidades originarias de la zona, quienes reconocieron su participación ilícita promovida por su hijo.
El fiscal, en este punto, volvió a resaltar el peso de la estructura de poder de la cual se valía esta organización delictiva. En ese marco, aseguró que, sin el aporte del intendente, las maniobras no se podían llevar adelante, pues el mismo ejerce una gran influencia en los pobladores.
Comparó el accionar con el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, siendo el móvil, en ambos casos, la codicia y el desprecio por los bienes del Estado, lo que se agrava dada el carácter de funcionario público que ostenta, lo que impide la posibilidad de darle acceso a una salida alternativa en el proceso penal en curso.
Por último, y al momento de referirse a las medidas de coerción, el fiscal solicitó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el intendente, medida que fundó en los riesgos procesales, sobre todo porque el acusado podría incurrir en el entorpecimiento de la investigación penal, como, por ejemplo, influir negativamente en los testigos.
Por otra parte, y dada la escala penal de los delitos imputados, sostuvo que el mínimo de la pena que podría recaer en el intendente sería de 5 años de cárcel, por lo que la ejecución condicional queda excluida.
La defensa, a cargo del abogado Darío Palmier, no objetó la imputación penal, pero si se opuso al arresto domiciliario. Sostuvo que su cliente estuvo a derecho en todo momento y, entre otros argumentos, descartó que vaya a entorpecer la investigación. Gerala, en tanto, negó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia, a la vez que rechazó cualquier vinculación del municipio con los hechos imputados.
La decisión del juez
A la hora de resolver, el magistrado consideró que, de las pruebas reunidas, el intendente hizo un aporte importante en la ejecución de la maniobra delictiva. Sobre el arresto domiciliario, también compartió la postura de la fiscalía, pues es más que evidente el hecho de que el acusado tiene demostrado un arraigo muy fuerte en la zona con casi 30 años como intendente, con excepción de cinco que fue diputado.
Concluyó que en poblaciones como la de Coronel Juan Solá, la intendencia es el núcleo funcional en torno al cual gira el municipio. Manifestó que ya no se puede permitir que se condicione a la gente por un interés político representado, en este caso, por el acusado.
