DDN. El secretario general de la Asociación Federal de Conductores de Taxis en Salta, Raúl Saldaño, anunció que trabajadores del sector se movilizarán hoy para exigir respuestas a los pedidos que se vienen haciendo desde hace tiempo.
“Venimos preocupados y con reclamos de hace muchos años, no de esta época de pandemia”, aclaró Saldaño, para luego precisar que los planteos tienen que ver con la modificación de la Ley 7322 que refiere al transporte propio e impropio y a la reglamentación 14943/09 que habla de la modalidad de trabajo de los taxistas.
“No nos victimizamos, pero somos los más perjudicados porque los únicos que pueden levantar pasajeros en la calle y tener bases y paradas somos los taxis”, dijo el secretario y cuestionó también el desembarco de UBER con una aplicación ilegal también para cadetería y mensajería como una forma discreta de instalarse en la ciudad.
Indicó en tanto que la recaudación de los trabajadores del sector disminuyó en un 60% y que los compañeros que trabajaban en el horario nocturno ya no pueden hacerlo. “Usamos barbijos, andamos con el alcohol en gel y todas las precauciones, pero siempre estanos expuestos al contagio, con recaudaciones bajas, compañeros deprimidos porque no pueden pagar los autos que compraron y llevar a sus hogares las recaudaciones que antes conseguían”, declaró.
Así las cosas, Saldaño insistió en el pedido a las autoridades sobre la necesidad de una reestructuración de los sectores del transporte impropio. el pedido ya fue presentado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.
Los taxistas se manifestaron ante la grave situación que viven
Alfredo Carrizo, del Sindicato de Peones de Taxi, se refirió a la movilización realizada hoy por chóferes y peones de taxis y remises., en reclamo a la falta de políticas públicas para el sector.
Carrizo informó que la manifestación fue tranquila sin hacer cortes, y realizaron un petitorio dirigido al ministro de gobierno Ricardo Villada y al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat.
“Esta pandemia dejo al desnudo todo lo que venimos sufriendo los choferes de taxis, tanto titulares como peones. Estábamos solo haciendo para comer, y a veces ni eso. Duele mucho esto, y que por ahí la pelea la tengamos entre pobres”, expresó y agregó que los taxistas siempre son postergados, con las complicaciones de conseguir las licencias.
Remiseros se manifestaron en la Legislatura y Amat les aseguró: “Acá no vamos a hacer nada a escondidas”
Taxistas se movilizaron hoy para protestar por la situación del sector y por el desembarco de UBER en la ciudad.
Esto generó malestar en el sector que asegura: “Uber viene a instalarse en Salta”.
Mientras, en la Legislatura provincial, remiseros también se manifestaron y el delegado Sergio Salinas pudo dialogar con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat.
El legislador expresó a los trabajadores que se interiorizaría sobre el tema porque lo importante es que “estén todos bien”.
Se comprometió en tanto a evaluar el tema en la Comisión de Transporte y a analizar el proyecto de la AMT. “Acá no vamos a hacer nada a escondidas”, declaró el presidente de la Cámara baja.
Restringieron el ingreso de 350 trabajadores a la planta hormigonera municipal
Trabajadores de la planta hormigonera municipal realizaron una asamblea luego de que evitaran que los trabajadores ingresen a sus puestos laborales sin haber notificado el porqué de esta medida. “Nosotros sospechamos que quieren terciarizar todo este sector de la planta hormigonera, algo parecido a lo que está pasando con tránsito”, denunció Víctor Cejas, secretario general de SIMUSA.
Alrededor de 410 trabajadores municipales ayer se encontraron con una lista que definía quienes podían ingresar a sus puestos de trabajo y quienes no en la planta hormigonera. Ante esto Víctor Cejas, comentó que ayer decidieron quedarse en la puerta de la planta hasta ser informados de la situación ya que no hubo explicaciones de parte de ningún funcionario. “Están trabajando empresas terciarizadas en la hormigonera”, denunció.
“Nunca fuimos notificados, nunca hubo un decreto, nada. Siempre fue el manejo de palabras del presidente quien dijo que era optativo que podían trabajar y las personas mayores de 60 no podían presentarse”, afirmó Cejas.
Cejas contó que de los 410 trabajadores, sólo se habilitó el ingreso de 50 personas. “El argumento del Ejecutivo era que no había insumos, que los camiones no estaban en condiciones de trabajar”, informó el sindicalista.
Ingresó al Concejo el proyecto que crea la secretaría de Movilidad Ciudadana
El Ejecutivo municipal capitalino envió a los ediles la iniciativa para jerarquizar el área de control de tránsito.
No dejó de sorprender ayer en el Concejo Deliberante el tenor del proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal, por el cual se crea la Secretaría de Movilidad Ciudadana.
La iniciativa se da en pleno desarrollo de un conflicto con el personal del área conocida históricamente como “Tránsito Municipal”, que resiste, sin mucho éxito hasta ahora, pasar a un rol de prevención, educación y de orden, sin la posibilidad de realizar infracciones de tránsito y por consiguiente, impedido de hacer operativos de control los cuales quedarán, mediante un convenio vigente, bajo responsabilidad de la Policía vial de la provincia.
Contrariamente a lo que se esperaba por el volumen político que la actual administración le impuso a la movilidad ciudadana, el proyecto de ordenanza resulta extremadamente escueto en sus soportes, muy escaso de fundamentos, tanto que en su formalidad los vistos y considerandos, adoptan casi la categoría de pretexto.
Se hace una cita expresa a la ordenanza que regula la estructura de cargos, otra cita del artículo de la Carta Orgánica Municipal que habilita la iniciativa del Ejecutivo de fijar el número de secretarias y se pasa a la parte dispositiva que por el artículo primero, modifica la ordenanza del cuadro de cargos, incorporando la Secretaría de Movilidad Ciudadana, por el artículo segundo se le establecen competencias y atribuciones que van del inciso a) hasta el inciso i) y hay dos artículos más de forma.
Estas son las competencias y atribuciones: a) Ordenar y ejercer el poder de policía en materia de tránsito vehicular, b) Gestionar los servicios de transporte público impropio c) Planificar, ejecutar y controlar las competencias asignadas d) Promover la seguridad vial como aspecto fundamental de la vida comunitaria e) Organizar el observatorio de la seguridad vial f) Analizar, estudiar, sugerir y ejecutar políticas vinculadas a la seguridad vial g) Garantizar la óptima movilidad, seguridad y efectivo control sobre el tránsito y seguridad vial generando conciencia colectiva de prevención y autorregulación ciudadana mediante una cultura institucional de excelencia, transparencia y compromiso h) Ordenar el tránsito de personas y vehículos en la vía pública i) Organizar el desarrollo de la seguridad vial urbana.
El proyecto de ordenanza del Ejecutivo tendrá este martes dictamen de la comisión de Legislación General y podría recibir sanción en la sesión de mañana miércoles, pero al menos las dos primeras funciones están ya claramente delegadas, una en la Policía de la provincia y otra en la Autoridad Metropolitana de Transporte, mediante un convenio que se ratificó hace un par de semanas.
Movilidad Ciudadana sigue hasta hoy siendo una subsecretaría, ya que el proyecto todavía no fue aprobado por el cuerpo de ediles. Sin embargo, el 1 de junio el Ejecutivo Municipal emitió el decreto 161 por el cual la intendenta dejó sin efecto a partir del 29 de mayo, la designación de Gilberto Pereyra como subsecretario (designado para esa función por decreto 1190/19) y le asigna a partir de ese mismo día la conducción de la Secretaria de Movilidad Ciudadana, que en la práctica no está creada.
El mismo 1 de junio, Gilberto Pereyra emitió como secretario la resolución número 1, fundada en extensos párrafos contenidos en nueve considerandos, por la cual dispuso que “el personal de la Secretaría asignado a cumplir tareas en la vía pública deberá cubrir funciones de prevención, direccionamiento, regulación y ordenamiento del tránsito vehicular en general y peatonal, además todas las tareas de señalización relacionadas a la Seguridad Vial”.
El artículo segundo expresa que “las modalidades de los operativos y el alcance de su instrumentación serán determinadas diariamente por la el Secretario de Movilidad Ciudadana, quedando prohibido labrar actas de infracción, sin autorización expresa de esta Secretaría”.
Pereyra, como titular de la Secretaría que recién se aprobaría mañana, establece que “la fiscalización y detección de infracciones en la vía pública, con la confección de actas de infracción respectivas, se desarrollarán en el marco del Convenio suscripto con el Gobierno la Provincia de Salta, con personal de la Dirección de Seguridad Vial dependiente de la Policía de la Provincia y siempre bajo dependencia y estrictas directivas de esta Secretaría de Movilidad Ciudadana”.
La crónica de la investigación de las licencias de conducir apócrifas
La doctora Claudia Benavidez, de Movilidad Ciudadana, y Pedro García Castiella, quien en ese momento pertenecía a la Oficina Anticorrupción, fueron quienes iniciaron y llevaron adelante una pormenorizada, detallada y encomiable investigación que demandó largos meses y que involucró a la Dirección de Asuntos Legales de la Subsecretaria de Transito.
Como resultado se llegó a la imputación y detención de 11 personas en el escandaloso caso de las licencias apócrifas. La investigadora no descartó nuevas detenciones desde su ámbito.
Los trabajos investigativos se llevaron adelante desde la Subsecretaria de Tránsito por la doctora Claudia Benavidez desde 2019. Por otro lado, el experimentado penalista Pedro García Castiella investigaba el mismo delito con denuncias que habían evidenciado una asociación ilícita.
Benavides relató la totalidad de la crónica de cómo se fue trabajando con los cuidados y la responsabilidad que una investigación de estas características puede demandarle a dos organismos estatales.
Se debía ponerle freno a un delito gravísimo, el cual tiene múltiples ramificaciones y consecuencias funestas, tales como los siniestros viales que se cobran vidas año a año, en una provincia que tiene índices altísimos de mortalidad y conductores irresponsables.
A este factor sumarle la falta de pericia a la hora de conducir un vehículo, ya sea de forma profesional o particular, motivó a la presente investigación.
¿Cómo inicia esta investigación que comenzó el año pasado, Usted la inició junto con el doctor Pedro García Castiella?
Así es. En realidad hay varias denuncias y estaban dispersas. Entonces una de esas actuaciones venia de la Oficina Anticorrupción. Lo que se hizo fue aunar esfuerzos entre la Oficina Anticorrupción y mi oficina que era en ese momento la Dirección de Asuntos Legales de la Subsecretaria de Transito. Actualmente es la Secretaria de Movilidad Ciudadana.
¿Ahí usted inicia la investigación mancomunadamente con el doctor Pedro García Castiella que estaba en el cargo de Secretario de Justicia?
Él era titular de la Oficina Anticorrupción y entiendo que su nivel jerárquico era el de Secretario. Yo venía investigando por mi lado lo que compete a mi área de varias denuncias que se realizaron en forma separada, autónoma. Y por otro lado unas auditorias que se hicieron en ámbito de la Subsecretaria de Transito.
Lo que se hizo con la Oficina Anticorrupción fue como le digo, aunar esfuerzos, reunir todos los supuestos, reunir elementos de prueba, acumular expedientes. Un trabajo largo, arduo, un trabajo investigativo importante y sigiloso.
Una vez que reunimos las pruebas que ya consideramos que eran adecuadas, que constituían muy buenos indicios para la Justicia presentamos en conjunto una denuncia con todos los elementos de prueba. Por supuesto poniendo a disposición todo el resto de los elementos que existen en el ámbito de la Subsecretaria.
¿Cómo se llega a estos 11 detenidos?
En realidad el trámite ya cuando está en manos del fiscal a nosotros ya no nos compete ese actuar, más que nada lo que hacemos es colaborar cada vez que nos requieren, por ejemplo a mí.
Después que iniciamos la denuncia propiamente dicha, que fue en octubre del año pasado –2019– nos citaron, tanto al doctor García Castiella como a mí, para ampliar algunas cuestiones, sobre todo los que hacían trabajo cotidiano, como ciertos tramites y demás se nos solicitaron y se nos requirieron expedientes.
Nosotros siempre colaboramos con la Justicia, pero ahí ya no participamos en la investigación que es específica del Ministerio Público.
Le refería a la génesis de la, o las denuncias, porque esto era vox populi, todos sabíamos que ahí había gente que pagaba por tener la licencia, pero ¿Cómo se producen las denuncias, fue la misma gente de Transito o eran ciudadanos comunes?
Le explico: como son distintas situaciones, tenemos que ponernos en distintos supuestos. Por un lado ocurrió –por ejemplo– que fue una persona a renovar su licencia de conducir y cuando van al sistema se dan con que la licencia no tenía un respaldo documental, no tenía un FUT, que es el Formulario Único de Trámite, en el que el ciudadano tiene que realizar todo el trámite correspondiente a la Licencia de Conducir, como lo es el Examen médico, el Examen Teórico, el Examen Práctico, el Curso, etc. y el pago también.
¿Entonces que ocurría? Inmediatamente la Directora de Licencias de conducir pone en conocimiento mío esa situación y coordinamos con las distintas áreas que primero se realizó un archivo interno de cuáles eran los supuestos. Entonces se comenzó una auditoria.
Primero se detectaron setenta licencias apócrifas, después veintipico, después cien… o sea, la verdad que abrumaba la cantidad, porque uno piensa que detrás de esas licencias hay un conductor que no está preparado, que tiene un arma. Arma que es mortal digamos.
Convengamos que el examen no es la gran cosa. Es decir que uno no tiene que ser Fangio o Ayrton Senna para conseguir un carnet de estas características le sumemos a eso que se lo den de arriba al permiso, es como mucho…
Es muchísimo y para el ciudadano es una falta de respeto. Por eso había que actuar con seriedad, con celeridad, con mucha prudencia. Porque también tenemos que tener en cuenta que las personas que estaban detrás de esto estaban entre nosotros. Era una investigación muy sigilosa de la cual muy pocas personas podían llegar a tener conocimiento y la verdad que es difícil así pero se lograron recolectar muchas pruebas.
Para que se entienda, cuando Usted dice “entre nosotros” ¿A quién se refiere, a los funcionarios o a la gente de Tránsito?
Claro, a la gente de Tránsito. Cuando yo digo “entre nosotros”, me refiero a personal de Transito. Yo me considero Personal de Transito, no importa que mi cargo sea jerárquico. Al decir “entre nosotros”, es entre mis compañeros de Transito. Ya sea un administrativo de licencias, sea un inspector que tomaba el examen. A eso me refiero, que las personas que estaban involucradas estaban entre nosotros.
Nosotros recibimos información de que hubo denuncias entre ellos, entre los detenidos ¿puede ser que haya sucedido una situación así?
La verdad que como le digo, nosotros a nivel de la investigación que realiza el Ministerio Publico, a la vez a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, no tenemos acceso, porque nosotros somos nada más que colaboradores cuando nos solicitan algo se lo entregamos. Pero nosotros no tenemos acceso al expediente. Al expediente va a tener acceso un defensor por ejemplo de algún imputado.
Lo que pasa que no ocurría eso en el ámbito de la Subsecretaria de Transito, porque cuando yo los citaba a declarar a estas personas nunca tenían nada que ver, o sea tampoco acusaban a otro. Simplemente no entendían porque vino un ciudadano e injustamente lo acusó. Así eran las declaraciones.
Las declaraciones que yo tomé en el ámbito de mi inspección general a las personas involucradas, ninguna se hizo cargo. No así el ciudadano común que fue citado porque tenía una licencia apócrifa. Muchísimos me aportaron quien era la persona que le había ofrecido esa licencia a cambio de dinero. Esas fueron las declaraciones que nosotros tomamos y que aportamos a la Justicia.
En cuanto a los que ya tienen esa licencia “trucha” ¿Esa licencia se va a caer, no sirve?
El tema tiene muchas consecuencias. Primero algunas que ya son tangibles y otras que van a venir después, digamos. Por ejemplo va a tener como consecuencia los sumarios administrativos a los implicados.
Que ya están los sumarios administrativos, que de hecho yo ya trabajé en el marco del sumario administrativo. Fueron elevados, algunos ya están por terminar e incluso me enteré que salió una cesantía hace poco.
Eso por un lado, por otro lado cuando concluyan todas estas actuaciones administrativas que son las más urgentes, que es lo más urgente para nosotros, es apartar a las personas que afectan a la Administración Pública.
Entonces una vez concluida esta cuestión y terminada, y cuáles son las licencias que son apócrifas y que no se hizo ningún trámite o lo que sea, tendrá que remitirse a la Procuración General para que se inicien las acciones ante el Fuero Contencioso Administrativo en contra de las personas, de los particulares que tengan esa licencia.
En caso de que yo haya pagado por no rendir ningún examen, ni me haya molestado en realizar los controles médicos ¿yo también estoy en un delito?
Por supuesto. El delito tiene la participación de uno y de otro por eso ambos son imputables en el delito, ambos son imputables.
Por supuesto no es lo mismo un funcionario público que el particular, el funcionario público tiene una pena agravada. Hoy en día hay un montón de figuras, hasta para los delitos en contra de la Administración Publica también, está la figura del “arrepentido”.
Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo no soy una especialista en materia Penal pero esto va a ser una causa que va a ser muy compleja, donde la situación de cada persona va a ser distinta de acuerdo a su posición. Pero es un delito tanto dar como recibir.
No le pido un número exacto, pero más o menos ¿Cuántas personas fueron las que se hicieron de estos carnet truchos?
La cantidad es incalculable con certeza. Pero si hemos hecho muchas auditorias porque lo que queremos es tratar de terminar con esto lo antes posible y para eso nosotros necesitamos datos precisos. Hicimos varias auditorias y que yo haya tenido acceso, más de 300 licencias.
¿Usted ya no está en la investigación? ¿La actuación ya terminó y esto paso al Ministerio Publico?
Esto pasó al Ministerio Publico exclusivamente en la faz Penal. El ámbito Penal y al ámbito administrativo son dos carriles diferentes. Nosotros ponemos como nuestro deber de funcionario público junto con la Oficina de Anticorrupción, ponemos en conocimiento al fiscal del delito y le aportamos toda la prueba, para que el fiscal que investiga el delito en su función acusatoria pero por nuestro lado nosotros continuamos todo lo relacionado con la parte administrativa.
Como le decía acá hay muchas cuestiones más. Primero terminar los sumarios, las sanciones que correspondan a los funcionarios intervinientes. Pero también hay muchas otras cosas. Fíjese en una licencia profesional por ejemplo.
Una persona que haya obtenido la licencia de esta manera pero que sea profesional, para conducir un remis, o un caminero que maneja en ruta. Entonces hay muchas otras actuaciones que se tienen que llevar a cabo.
Yo entiendo que como Estado tendría que perseguir la revocación de la licencia de taxis, al taxista que hizo esto. El taxi es un servicio público, es mucha la gente que utiliza el servicio público.
Entonces justamente a mi oficina van muchas personas que van a sacar la licencia profesional de remis o taxi, porque tienen que pasar por el programa de Asuntos Legales –la Secretaria– para la autorización. Entonces las exigencias son mayores porque se trata de un servicio público.
Las ramificaciones son incalculables. Porque ¿Qué pasa si una persona con esa licencia apócrifa tuvo un siniestro vial en el que haya muerto?
Le cabe responsabilidad al que le dio el carnet trucho…
Exacto. Y que pasa si el seguro de la persona se hubiera hecho cargo de ese siniestro y pagó una suma de dinero importantísima por ejemplo por un siniestro. No hablemos de muertes, simplemente simple daño. Es una onda expansiva que realmente es incalculable.
Administrativamente desde su ámbito ¿podrían llegar a haber más sanciones? O sea ¿más detenidos? Más allá del trabajo de la fiscalía.
Sí. Si pueden haberlos. Entiendo que puede haber más detenidos por los elementos que nosotros recolectamos y que enviamos. Y nuestro trabajo a nivel administrativo continúa. En realidad se está haciendo un esfuerzo muy grande en la Secretaria de Movilidad para tener la mayor transparencia.
Nosotros hemos detectado todos estos problemas que surgieron, no solamente los que llevaron a hacer la denuncia, a investigar, o a aportar las pruebas, sino que nos lleva hoy a definir políticas públicas que nos otorguen transparencia.
Entonces nosotros ahora estamos en una crisis institucional, digamos así, porque hay mucha gente que se resiste a ciertos cambios pero la realidad es que a nivel administrativo nosotros tenemos que continuar y el trabajo va a ser largo, son muchas las cosas que hay que hacer para poder llegar a lo que se pretende.
Quisiera aclarar que Tránsito tiene gente muy valiosa trabajando. Gente de bien, gente que pone todo de sí. Estoy hablando de administrativos y estoy hablando también de inspectores pero lamentablemente por algunos que no son pocos tampoco que se dedican a estas cosas, que hacen las cosas mal, están tan mal vistas. Es lamentable.
“La reunión se da por terminada”, la respuesta de Bettina Romero a planteos de trabajadoras
La intendenta Bettina Romero recibió el pasado viernes trabajadoras de Tránsito de la Municipalidad, pero lejos de encausar una solución o aclarar la situación que atraviesa uno de los tantos sectores del municipio, la respuesta fue “la reunión se da por terminada”.
Acompañada del secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, Bettina Romero le expresó que a las municipales que “no hay nada raro ni macabro”, detrás de los cambios que busca llevar adelante en la institución, que cedió facultades a la Policía Vial, sin autorización del Concejo Deliberante.
La intendenta les dijo: “Sean inteligentes, no se dejen llenar la cabeza”, le pidió a las trabajadoras, para no andar sembrando odios o confusiones.
“Les guste o no les guste, la persona del área es Gilberto”, le remarcó Bettina Romero a las mujeres de Tránsito.
Mientras agravaba el tono y volumen de la voz mostrándose ofuscada, les dijo que tiene un plan enorme y que Nación los acompañará en el mismo.
“Nos discutamos una cosita chiquitita en un universo de desafíos que tenemos porque si no estamos perdiendo la oportunidad de construir juntas algo superador”, les expresó la Intendenta sobre los reclamos que las trabajadoras venían expresando.
Ante esta situación y la falta de respuestas, las trabajadoras intentaron expresarle su punto de vista pero Bettina Romero resaltó elevando el tono de voz “A ver, la reunión se da por terminada”.
Por último, les dijo que después de una hora y media tenía que continuar con su agenda y si querían una nueva reunión que hablen con el secretario y la gente de su área.
Sin embargo, en sus cuentas de las redes sociales la Intendenta sostuvo que les brindó “tranquilidad”, algo que la misma realidad desmintió en un par de horas porque las mujeres de Tránsito retomaron la protesta, y junto a trabajadores de otras áreas analizan un paro municipal.
Los profesionales de la salud adherirán a la jornada de lucha nacional
La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta (APSADES) adherirá a la jornada nacional de lucha convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA).
Noemí López, secretaria general de APSADES, manifestó que adherirán a la jornada de lucha, pero garantizarán que todos los servicios de salud estén cubiertos. La Asociación reclama el cumplimiento del acta paritaria firmada en marzo, la situación de descontento y sobrexplotación de los trabajadores y la carencia de los elementos de protección personal en el marco de la pandemia por coronavirus.
“Desde que empezó la emergencia, todo el equipo afrontó sobre sus espaldas la salud de su comunidad. No cobramos el bono, y es injustificable con la cantidad de dinero que recibió la provincia.”, dijo, en referencia al bono de $5.000 que había anunciado nación. Desde la provincia, la respuesta fue que solo alcanzaba a médicos y enfermeros y que la provincia no tenía los fondos para afrontar esos gastos, a pesar de los 380 millones que envió
Nación para la emergencia socio sanitaria en el norte provincial y los 700 millones enviados para afrontar la pandemia. “No hay voluntad política”, sostuvo López.
Además, en el acta paritaria hubo un compromiso de enviar recursos humanos y respiradores al interior, lo cual no se efectivizó. Tampoco se blanqueó al personal que lleva años en una situación de precarización. En Orán, se manifestó que llegarían 8 respiradores y solo llegaron tres. En el Hospital San Bernardo, hay 6 respiradores y el mejor equipado es el Papa Francisco.
“El descontento en el equipo de salud crece, no porque sea caprichoso, sino porque hay una situación de mucha tensión dentro del equipo. Los compañeros están poniendo en riesgo la vida de sus familias cada vez que van a trabajar, sin tener los elementos mínimos”, expresó.
López consideró que la ministra de salud Josefina Medrano tiene una responsabilidad de dar respuestas a los compromisos asumidos. Contó que, en las primeras reuniones, Medrano se autocriticó y confirmó los retrasos en el cumplimiento del acta paritaria, pero tras tres meses aún no hay soluciones.
La secretaria general denunció que en General Mosconi hay una “persecución y caza de brujas” permanente con un gerente nuevo en el hospital de la localidad. En capital, los trabajadores del Papa Francisco también son hostigados y perseguidos. En la paritaria, se acordó habilitar la Oficina de Violencia Laboral, pero continúa sin estar operativa.
Sobre la situación vivida ayer en el Hotel Premier, donde quienes estaban realizando la cuarentena intentaron irse tras estar 18 días aislados y sin tener el alta médica, sostuvo que se debe verificar cuales son los resultados que no estuvieron listos para dar el alta. “Eso es una falla en el protocolo”, dijo y agregó que el equipo médico nunca estuvo de acuerdo con la metodología de enviar a quienes regresen a la provincia a hoteles, cuando la provincia cuenta con lugares que pueden condicionarse para alojar a los sospechosos sin generar un gasto mayor.
Fuente: Radio Vos- Radio Nacional- Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1- Capital- Salta 12- Muy Crítico- Aries
