Tras la agresión física que sufrió el periodista Martín Grande de manos del hijo del diputado Eduardo Ramos y la repercusión del caso, la secretaria general del Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL), Alejandra Paredes, subrayó: “Hay diferencias en casos puntuales de cómo ha tomado el establishment los hechos de violencia que han afectado a un empresario de los medios como es Martín Grande”. Cabe recordar que semanas atrás una periodista de J. V. González había sido gravemente agredida en una situación que involucró a personal policial y no se conocieron pronunciamientos de funcionarios al respecto.
Paredes señaló que el oficio del periodismo es considerado por la Organización Internacional del Trabajo como una de las profesiones más riesgosas y remarcó: “La Federación Internacional de Periodistas lleva un registro mundial de casos de violencia sobre los trabajadores de prensa y el número no decrece. En Latinoamérica encabeza las estadísticas México y, lamentablemente, es una realidad de nuestro ambiente laboral”.
Recordó también que en Salta existen antecedentes de persecuciones y amenazas a periodistas. “Inclusive de dueños de medios hacia trabajadores de prensa, bastante frecuente en el Valle de Lerma”, subrayó y señaló que desde el gremio se realizan denuncias al respecto desde 2.009. “Esto no es nuevo y eso es lo malo. Quizás en la sociedad nos estamos acostumbrando a ver estos hechos de violencia y eso es lo que no hay que permitir”, manifestó.
“Categorizar a las personas de más y menos importantes me parece más un discurso de esclavistas que de otras cosas”, continuó y se refirió a la pronunciación del gobernador Juan Manuel Urtubey sobre la agresión a Grande. “A los criterios bajo los cuáles puede llegar a reaccionar o no públicamente los sabrá él y sus asesores, yo ni podría juzgarlo, pero sí me parece desagradable, sobre todo para los ciudadanos afectados”, dijo.
Finalmente planteó: “Lo escuché al Gobernador
hablar de que los sindicatos tiene la obligación de salir a revertir la
realidad del trabajo no registrado, y eso es una canallada. A mí no me pueden
venir a exigir que cumpla el rol del estado”.
Además, Alejandra Paredes expresó: “Actualmente la pauta oficial limita la libertad de expresión y divulgación a la ciudadanía”, analizó la situación de los medios de comunicación y aseveró: “Lo que no hay en Salta es libertad para pensar diferente y expresar desde ese lugar”.
En esa línea precisó: “Yo diría que en Salta existe monopsonio cuando los dueños de la información responden a un sólo interés, que acá es el signo político de quien está de turno gobernando”, manifestó y añadió: “Es grave porque afecta la libertad de la persona. Se trata de que respetemos que el otro es un ser humano con todas las libertades y responsabilidades”.
Y agregó: “Es violento pretender que porque pago un salario o porque recibo una pauta oficial tenga que pensar en determinado sentido”.
También opinó sobre la relación de los funcionarios con determinados medios. “Hay dos o tres medios en donde se pauta fuerte desde el Estado y el funcionario cree que no va a ser maltratado. El común denominador es una cuestión de dinero y esos establecimientos implícitos de un contrato comercial sin una ley que regule el fin de la pauta oficial se presta a todo tipo de confusiones. Es siempre dinero repartido a discreción y le hace mal al periodismo”, aseveró.
Frente a esa situación remarcó la necesidad de una ley elaborada a partir de la participación ciudadana y subrayó: “El dinero público tiene que tener un marco legal. Cuando uno descubre los montos de pautas no son para todos los medios iguales…En el interior los colegas te lo dicen”.
“La pauta debiera contemplar una situación de subsidio del Estado en apoyo a la diversidad de canales para la expresión pública”, consideró Paredes y agregó: “Actualmente la pauta oficial es un contrato comercial entre el estado y un privado, que limita la libertad de expresión y divulgación a la ciudadanía”.
Consultada sobre los informes sobre las pautas que reciben determinados medios, difundidos por el abogado y asesor en la Cámara de Diputados, Gonzalo Guzmán Coraita, opinó: “Él sabe más que nosotros sobre el tema de acceso de información pública. Me parece que aporta un dato importante de la realidad y si alguno se enoja tendrá que arreglarlo con qué cosa le enoja, es dinero público”. “Cuantas prestaciones en Salud Pública, cuestiones de la Primera Infancia o de Educación se podrían solucionar con el dinero de la pauta. ¿Hacen falta millones de pesos en una radio o en un canal de televisión? ¿O qué un productor reciba casi un millón de pesos por cada programa en el que está, pero jamás pagó en blanco un solo salario?”, cuestionó Paredes haciendo referencia al locutor Bruno Iezzi. También cuestionó al concejal Andrés Suriani por la falta de registro de sus empleados. “Alan Robles es su trabajador, nunca estuvo registrado, recibe la pauta y es una suerte de testaferro”, dijo.
“¿Hay un estudio que demuestre que el estado necesita salir por los medios a aclarar las obras que hace? No puedo suponer que es algo necesario si no está demostrado”, enfatizó y reiteró que la falta de un marco legal en la distribución de pautas limita el análisis periodístico de la realidad. “Si no está presupuestado, ¿cómo se realiza el manejo de este dinero?”, agregó.
En cuanto a los trabajadores de prensa en Salta precisó que los diarios tienen a los trabajadores de registrados aunque algunos son obligados a salir del convenio colectivo de trabajo. Además señaló: “Hay otros que tienen un trato diferencial y siempre el trabajador pierde. Hay relaciones fraudulentas, el movilero que está en la calle cobra dinero del estado y no lo declaran como trabajador registrado. Eso es muy frecuente”.
Fuente: “Hora 7 radial” FM Noticias 88.1 Mhz
BH
