DDN. Ayer finalizó el juicio a los funcionarios de PAMI Viviana Fernández de Orán, Emilia Juárez de El Carril y Javier Eduardo Navarreta de Embarcación. Fernández y Navarreta fueron condenados a tres años de prisión condicional y una prohibición permanente a ejercer cargos públicos. Juárez fue absuelta por el beneficio de la duda. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el fiscal federal Ricardo Toranzos apelará esta condena.
“Es un poco bochornoso porque si acá hay que hacer culpable a alguien es al organismo de ANSES por no haber presentado las pruebas que pidió la Fiscalía como corresponde”, sostuvo Juárez asegurando que “no se investigó bien cómo fueron todas las cosas”.
Juárez indicó que uno de los testigos, ingeniero en informática de apellido Soruco, investigó los IP de los imputados y no se encontró ningún dispositivo que esté relacionado con su nombre. Entonces, no se pudo confirmar la inscripción por su parte.
Desde la Fiscalía se afirmó que el 29 de marzo de 2020, domingo, ella asistió a una oficina de ANSES en horas del mediodía. “Ya estábamos en pandemia y ANSES no atendía. Otra de las cosas que quedó ahí es que un agente de ANSES no podía realizar este tipo de trámites. Eso quedó establecido ahí, totalmente comprobado, de que no había ningún IP que se vincule conmigo”, indicó.
Para solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia, había que ingresar a la página web destinada y colocar el número de documento más el número de trámite que figura en el DNI. Luego, se debía ingresar con la clave de seguridad social. “Eso es algo que yo jamás realicé”, aseguró.
El IFE se depositaba de manera automática, sin necesidad de inscripción, para beneficiarios de otros planes sociales. Juárez explicó: “Supuestamente tenía este beneficio de la Asignación Universal por Hijo. En el informe que me sacan desde ANSES me salía el beneficio con el nombre del plan Cuna que supuestamente es para, creo que es un beneficio por desempleo, no me acuerdo muy bien”.
Sin embargo, la ex funcionaria señaló que desconocía que tenía ese plan. “Cuando fui a hacer un movimiento con esa tarjeta, antes de ser nombrada en el PAMI, me di cuenta de que tenía beneficios acumulados de este plan Cuna. Nunca fui a la ANSES a solicitar ese beneficio, sino que fue de manera automática. Jamás fui a gestionar un beneficio en ANSES ni en ningún lado, ningún tipo de ayuda del Estado, jamás lo hice”, sostuvo.
Juárez explicó que del 2003 al 2016 trabajó en relación de dependencia en una tabacalera por lo que tenía una cuenta en el Banco Macro y una tarjeta de débito. Cuando ingresa al PAMI, cobraba a través del Banco Nación. “El depósito del IFE se me hace en la cuenta que yo tenía que me había quedado de la tabacalera, la del Banco Macro. Jamás lo vi, porque recién el día que recibí el oficio, el día 23 de septiembre del 2020 2020 yo voy a hacer un blanqueamiento del PIN y veo que tenía depositado no dos IFE, como leí en varios medios, tenía uno solo que eran 10 mil pesos”, indicó. Además, la cuenta no tuvo ningún movimiento hasta el 1 de febrero cuando el dinero volvió a las arcas públicas ya que ANSES hizo el recupero.
Consultada sobre cómo fue su designación como funcionaria del PAMI en El Carril, explicó que la designación era para su hija, militante de La Cámpora. “Como ella no podía, porque es estudiante de abogacía, y como yo soy enfermera y había estado trabajando mucho tiempo con los adultos mayores, cuando me lo propuso le dije que sí. Era un desafío y me encantaba porque estar tanto tiempo trabajando en negro y, de repente, tener un beneficio con la situación que estamos pasando hoy por hoy, era una bendición, tener un empleo en blanco, era muy satisfactorio”, respondió.
Otra situación que se denunció durante las audiencias por parte de la exfuncionaria que fue condenada, Viviana Fernández, fue que desde La Cámpora se les retenía el 20% del salario por mes, lo que serían cerca de $30.000 por cada funcionaria. Esto ya empezó a ser investigado por la Justicia. Este pedido lo habría realizado Marcos Vera, ex gerente de la ANSES y referente de La Cámpora y Verónica Molina, actual directora de PAMI.
Juárez señaló que antes de asumir el cargo no se les informó de la retención ni tampoco figuraba en el contrato, pero cuando se lo solicitaron aceptó. “Fue solamente verbal. Es algo que estamos viendo ahora con los abogados. A mí lo que más me interesaba era aclarar, porque fue terrible tener que pasar esta situación”, indicó.
“Lo único que espero es que la justicia les llegue a todos. Hay muchas cosas que, a través de este juicio, hasta el mismo señor fiscal que por primera vez se enteran. Muy minucioso fue todo, en cuento a los testigos que presentó la misma fiscalía. Lo único que espero es que la justicia les llegue a todos. La verdad que lo que yo pasé no se lo deseo a nadie. Fue terrible tener que pasar, tener que enfrentarse ante todo esto que fue tan mediático. No solamente se dañó a mi persona sino también a mi familia, que es lo más importante que tengo”, finalizó.
Fuente: Sapo de otro pozo – FM Noticias 88.1 MHz.
BH
