DDN. Tras la noticia del robo de caños del Gasoducto NEA, (obra que dejó a medio terminar la empresa Vertúa S.A) con la presunta autorización del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, el Concejo Deliberante de esa localidad emitió un comunicado. Los caños robados, que se entregaron a la empresa OSYP S.A, están valuados en 300 millones de pesos. El titular de la empresa realizó la denuncia y la investigación quedó a cargo del fiscal José Luis Bruno.
En el comunicado, el Concejo Deliberante “desmiente fervientemente los dichos (…) en el cual se da por hecho la participación y complicidad de este órgano de control en supuestas irregularidades respecto a la extracción de caños por parte de la Municipalidad de Aguaray, ya que ésta institución no ingresó ni se trató un proyecto de esta índole”.
“Por último, este cuerpo se compromete a seguir las investigaciones correspondientes mediante un PEDIDO DE INFORME tanto al Ejecutivo Municipal como a la Fiscalía que lleva adelante este caso, a fin de aclarar dicha situación”, finalizó el comunicado.
El Presidente del Concejo Deliberante de Aguaray, Guillermo Alemán, quien pertenece a la Agrupación Democrática Comunal que acompañó al Frente de Todos en las últimas elecciones, manifestó que la acusación “es muy grave” e informó: “El metro de caños cuesta 100.000 pesos. Es lo que se está manejando aquí en Aguaray, hay mucha indignación porque no lleva tres meses de gobierno, se subieron el sueldo él y sus concejales, y ahora esta maniobra dudosa que tiene en velo al pueblo que por supuesto que tiene graves problemas sociales y económicos como consecuencia de los 90’ y del proceso privatista”.
Además, señaló que el operativo de desarme fue realizado por Gendarmería Nacional y que los caños hoy se encuentran cerca del control.
El intendente de la localidad, Jorge Enrique Prado, explicó que la empresa OSYP S.A se acercó mediante nota por mesa de entrada para presentarse ante la municipalidad para que autoricen su presencia e informen a las demás empresas. Prado manifestó que OSYP realiza saneamientos ambientales en todo el país y tenía una base en Tartagal, con autorización de nación y con todos los papeles en regla.
Sin embargo, Prado relacionó a la empresa con una organización política: “Está relacionada a La Cámpora me habían dicho, leí en unos comentarios”, expresó y ante la consulta sobre si podría haber sido un pedido del diputado nacional Máxima Kirchner respondió: “Quizás”. Sin embargo, sostuvo que tiene toda la documentación que respalda la presencia de la empresa en su municipio e indicó que otros intendentes habrían firmado también.
