El Ministerio Público Fiscal de Tucumán procesó a Claudio Romano por haber estafado a una empresa proveedora de semirremolques utilizando cheques falsos para abonar los vehículos. La firma denunció haber sufrido un perjuicio económico superior a $200 millones. El imputado estará 28 días bajo prisión preventiva para cautelar la investigación ya que su pareja y presunta cómplice está prófuga.
Romano accedió a una suspensión de juicio a prueba en Salta por robo doblemente calificado. Un caso que obtuvo notoriedad en la provincia porque también se acusó a Kuldeep Singh, por ese entonces diputado y ahora intendente de Rosario de la Frontera.
Cabe recordar que el Jefe Comunal admitió hace unos días en el Murishow que contrató en la municipalidad a Fernando Saha Dietrich, quien estuvo preso por narcotráfico.
La estafa en Tucumán
Según la acusación, la maniobra delictiva de Claudio Romano (46 años) empezó en octubre de 2024. El imputado se habría contactado con un vendedor de la empresa Idero SRL, con sede en la provincia de Santa Fe, con la intención de comprar dos semirremolques. En la llamada, Romano le explicó al vendedor que su pareja, M.E.C., tenía relaciones comerciales con empresa de bebidas, que los vehículos si bien estarían a nombre de la mujer, tenían como destino dicha firma.
Sin sospechar lo que pasaría después, la empresa cerró la venta por un monto total de $130.000.000, la cual fue abonada a través de 20 cheques del Banco Macro de $6.500.000 cada uno y que estaban a nombre de la pareja del acusado. Los semirremolques fueron entregados el 29 de octubre y entre el 27 y el 30 de noviembre la empresa pudo cobrar sin problema los cheques recibidos.
Según la hipótesis fiscal, esta primera maniobra se trató de un ardid ideado entre Romano y su pareja para aparentar tener solvencia económica y generar confianza en la empresa con el fin de beneficiarse económicamente a futuro.
Fue así que en noviembre Romano volvió a contactarse con Idero SRL, le manifestó a los vendedores que estaba operando como proveedor para una empresa minera china radicada en la ciudad de Fiambalá, en Catamarca, y que quería adquirir dos unidades para dicha firma y que más adelante les compraría otros 48 vehículos.
Para ello, Romano entregó ocho cheques físicos de su cuenta personal del Banco Santander, cada uno por $12.000.000, con fechas de emisión en diciembre de 2024 y vencimientos entre febrero y septiembre de 2025. Desde Idero le informaron que no cumplía con las condiciones de pago ya que los cheques debían tener fecha de cobro entre enero y julio de 2025.
El 12 de marzo de 2025, para facilitar la entrega de las unidades, emitió cuatro cheques electrónicos valuados en $6.500.000 cada uno al día siguiente envió cuatro cheques electrónicos de $6.500.000, cada uno y dos por $7 millones.
Desde la firma vendedora le advirtieron que eran de difícil cobro, por lo que Romano “para continuar con maniobras engañosas”, remitió vía encomienda un cheque físico de $12 millones desde su cuenta personal y otro electrónico valuado en $13 millones, enviado desde la cuenta de su pareja “a sabiendas de que esa cuenta ya tenía varios cheques rechazados previamente y que no podían ser cobrados regularmente”. El 13 de marzo, sin saber que los cheques que había utilizado Romano no tenían fondo, la empresa le entregó a un empleado del imputado los dos vehículos. Semanas después, cuando los cheques fueron presentados, la empresa descubrió que habían sido rechazados.
Lejos de frenar sus maniobras, Romano cerró una nueva compra. Esta vez, adquirió un semirremolque por $25 millones, alegando que sería utilizado por una empresa de bebidas en Tucumán. Para esa operación entregó cinco cheques, que también resultaron sin fondos.
La empresa se percató de lo que estaba sucediendo cuando a medida que se vencían las fechas de cobro, los cheques fueron rechazados por falta de fondos. Alertados de la situación y de que el imputado ya tenía cinco semirremolques en su poder, Idero anuló la facturación de los últimos vehículos vendidos y bloqueó los certificados de fabricación de los que ya estaban en manos de Romano, lo cual les produjo un importante perjuicio económico.
En mayo el abogado querellante, Juan Colombres Garmendia, denunció las irregularidades, lo cual derivó en una compleja investigación judicial. El pasado 28 de agosto el personal policial de la División del Departamento de Inteligencia Criminal llevó a cabo un allanamiento en el predio de la empresa minera en Fiambalá, donde secuestraron dos de los semirremolques. Ese mismo día, otro equipo policial procedió a la aprehensión de Romano en un domicilio de San Miguel de Tucumán.
La auxiliar de fiscal, Natalia María Carabajal, formuló cargos en contra de Romano y lo imputó de ser coautor del delito de estafa, junto con su pareja, la cual se encuentra evadida de la Justicia. Para justificar la teoría del caso, enumeró una serie de evidencias recolectadas hasta el momento, entre las cuales mencionó alrededor de 28 cheques físicos y electrónicos que fueron enviados por los sospechosos las facturas, remitos y registros de dominio de los vehículos entregados e informes del Banco Central y de las entidades financieras intervinientes.
Carabajal además recordó que Romano había accedido ya en Salta a una suspensión de juicio por robo doblemente calificado.
