Ayer declaró un funcionario del Servicio Penitenciario que, durante el período investigado, ocupó los cargos de subjefe y jefe del penal. Señaló tener buen concepto de los imputados Bisceglia, Bucetich, Castaño y Guaymás, mientras que de Carina Torres —exdirectora general del organismo— manifestó una opinión laboral negativa.
Describió la organización de los pabellones y que “se va clasificando y determinando en dónde se alojará a la persona privada de la libertad”. En este sentido, precisó que se tiene en cuenta el lugar de procedencia del detenido al momento de asignarle un pabellón ya que “no es lo mismo un detenido por un hecho simple proveniente de barrio Tres Cerritos que una persona de barrios periféricos, como Solidaridad, detenida por robo”. La fiscalía le consultó si ese criterio por barrios se encontraba especificado en algún memorándum o reglamento, a lo que el testigo respondió que no.
Respecto al ingreso de drogas, indicó que se da principalmente a través de las visitas y mediante el “voleo”, aunque reconoció que podría concretarse “a través de cualquier persona”. Añadió que los scanners del Servicio Penitenciario no funcionan. Finalmente, informó que en las requisas suelen encontrarse pequeñas dosis de marihuana y pasta base, aunque también recordó un procedimiento en el que se secuestraron 200 gramos de estupefacientes, cantidad que consideró destinada a la comercialización.
Luego prestaron declaración un farmacéutico del Servicio Penitenciario y una amiga de la esposa de Magno, quienes fueron interrogados sobre transferencias recibidas.
