Probablemente Nelso Aramayo no imaginó en 1984, cuando se lo designó, que iba a ser juez de una de las causas más importantes en materia de narcotráfico.
Es que el magistrado, después de idas y venidas jurídicas, fue quien ordenó la detención de los hermanos Raúl y Delfín Castedo, días después de haberlos indagado por el homicidio de Liliana Ledesma, la joven productora rural que los había tratado de narcos junto al diputado José Aparicio. Para ese entonces ya era tarde, los hermanos se habían fugado y al legislador nunca lo detuvo, a pesar que perdió sus fueros porque "lo renunciaron", cuando la noticia llegó a la tapa de los principales diarios nacionales.
El juez de instrucción de Tartagal solo se animó a citar a una "reunión informativa" al diputado a pesar que Liliana Ledesma había advertido por FM Noticias "si me pasa algo a mí o a mi familia el responsable es Aparicio y los hermanos Castedo". Incluso cuando fueron citados ya estaban detenidos la hermana del legislador, Gabriela Aparicio, cuya participación en el crimen fue el de "entregadora" y el cuñado, Any Tárraga, que fue condenado como autor material del crimen.
El encuentro del magistrado con los Castedo y Aparicio pareció más una reunión donde les advertía las medidas que iba a tomar , ya que sin ningún dato nuevo días después pidió la detención y los sujetos se dieron a la fuga. Era el año 2006, años después detuvieron en Bolivia a Raúl Castedo, por lo cual se debió pedir la extradición y en 2016 (10 años después del asesinato) finalmente se detuvo a Delfín Castedo en Buenos Aires, pero la justicia para los familiares de Liliana tardaría 8 años más. Recién en 2024 fueron condenados. Por su parte, el legislador murió en el proceso.
Aramayo también fue el juez que ordenó reprimir en Aguaray en 1998 y el primero en tener que investigar la muerte de Aníbal Verón, el piquetero asesinado el 10 de noviembre 2000, pero en esta causa se declaró incompetente y pasó a Abel Cornejo, por entonces juez federal. En 2020 decidió no hacer lugar a la detención del exintendente Jorge Enrique Prado, por el robo de caños de una obra nacional. En 2021 benefició al exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, al emitir un decreto de nulidad absoluta de la audiencia de declaración, el decreto de audiencia de imputación y la solicitud de elevación a juicio.
Gracias señor juez por los servicios prestados y feliz jubilación.
