Milei oficializó la privatización de la empresa encargada de la gestión de rutas y autopistas nacionales por el “alto déficit financiero de Corredores Viales”.

​DDN. El presidente Javier Milei ha oficializado la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal responsable de la gestión de la infraestructura vial del país. La decisión se formalizó mediante el Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial.
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​Esta medida busca fomentar la participación del sector privado en el desarrollo y mantenimiento de las rutas nacionales a través de un modelo de concesión de obra pública por peaje.

​La principal justificación para esta privatización es el alto déficit financiero de Corredores Viales. En 2023, la empresa registró pérdidas superiores a 142 mil millones de pesos, lo que resultó en una considerable dependencia de transferencias del Tesoro Nacional.

​El gobierno considera que la participación privada permitirá una gestión más eficiente y sostenible de la infraestructura vial.

​Proceso de privatización

​El Decreto 97/2025 autoriza al Ministerio de Economía, en colaboración con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a llevar a cabo el proceso de privatización.

​Este procedimiento incluye la disolución de la empresa estatal y la adjudicación de contratos de concesión de obra pública a empresas privadas para los tramos viales actualmente bajo su administración.

​Impacto en la infraestructura via
​Corredores Viales S.A. gestiona más de 6.000 kilómetros de rutas, representando aproximadamente un tercio del tráfico de la red vial troncal del país. Entre los tramos que estarán sujetos a concesión se incluyen importantes accesos y corredores viales en provincias como Tucumán, Jujuy, Salta, Buenos Aires y Mendoza.
​El gobierno considera que la privatización es un paso clave para mejorar la conectividad de las distintas regiones del país.

​La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y empresarial. Algunos sectores celebran la iniciativa, confiando en que la gestión privada traerá mejoras en la calidad y mantenimiento de las rutas.

​Sin embargo, también existen preocupaciones sobre el impacto en las tarifas de peaje y la posible falta de control estatal en la gestión de la infraestructura crítica.

​Próximos pasos

​Se espera que en los próximos meses se inicien los procesos licitatorios para la adjudicación de las concesiones. El gobierno ha señalado que se garantizará la transparencia y la competencia en estos procesos, con el objetivo de seleccionar a las empresas más capacitadas para la gestión de los tramos viales.

​Fuente: La Nación
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