Verónica Prárraga, referente de los manifestantes, dijo: “Llevamos
8 meses de atrasos, recién hemos podido cobrar los meses de enero, abril y
junio en el mes de septiembre. Somos retirados, estamos jubilados de la fuerza.
Tenemos este problema hace 16 años y como somos retirados siempre hemos tenido
la pasividad de esperar y dialogar, pero con este gobierno de Sáenz, nunca nos
han escuchado”.
Asimismo, criticó que el gobierno “utiliza todos los recursos de su campaña”, mientras los retirados “la pasamos mal”.
Además de las demoras, reclaman las actualizaciones correspondientes para “no cobrar recién el año que viene”. “Es un gran atraso y la inflación ya nos ha licuado todos los sueldos”, dijo.
Ayer fueron recibidos únicamente por un Francisco Benavides, subsecretario de Asuntos Institucionales, sin muchas respuestas y sin dejar el acampe. Parte de los pedidos fue que, por lo menos, se emitan los instrumentos legales correspondientes para que puedan enviarse a ANSES y a partir de allí realizar el decreto del gobierno. Allí es donde radica la demora.
Prárraga sostuvo que no pueden sindicalizarse pero que han presentando un proyecto en la Cámara de Diputados a la legisladora Laura Cartuccia para poder sindicalizar a la policía ante la necesidad de defender sus derechos, sin novedades aun de dicho proyecto.
Por otro lado, criticó las situaciones laborales actuales de las fuerzas de seguridad, sin personal suficiente ni insumos. "El ministro de seguridad (Abel Cornejo) ha destrozado la fuerza de seguridad. Lo conocemos desde que era Juez Federal, y el nunca quiso a la fuerza de seguridad. Está desmantelando un poco más todo lo que tiene la Policía y el Servicio Penitenciario. Sentimos el avasallamiento que hay hacia el personal activo", sostuvo.
En cuanto las unidades carcelarias, consideró que hoy quedaron obsoletas ante el aumento de la población de internos. "La estructura ha colapsado". A ello, le agregó que "que tratamiento" se puede darle a los internos cuando hay "una presión del gobierno del turno constante", y hasta confirmó que durante sus años de servicios no vio a nadie "rico". "Los que tienen poder no. El que llevo una gallina va. La ley tendría que ser para todos", dijo.
Consultada sobre como se realiza el ingreso para las visitas a los internos, explicó que depende de trabajadores externos y que si van abogados "debe llevarse la matrícula, es un trámite riguroso". "Si no entra cualquiera a la cárcel. No podemos dejar que el poder político siga autorizando cosas y metiendo la mano. Cuando llega la investigación, el problema va para los subalternos y los jefes cómodos en sus sillones", agregó, en un claro guiño al caso de Darío Monges y su visita al interno Alberto Díaz.
Fuente: Algo Personal – FM Noticias 88.1 MHz
LS
