DDN. Carlos Cruz, secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASSIM), dio a conocer su situación tras ser desalojado junto a su familia de su vivienda, espacio que también funcionaba como sede sindical, en avenida Sarmiento al 900.
“Improvisamos un techo, ahí tengo la heladerita, la cocina, todo lo que tengo en mi casa. Las otras cosas las tuve que ir a guardar en otro lado”, contó Cruz, quien aseguró que los terrenos de los que fue desalojado pertenecen al Estado nacional argentino.
Puntualmente, relató: “En el año 2009 ingresé a este domicilio alquilando, como cualquier ciudadano honesto. Cuando ingresé me dijeron ‘mirá, acá no hay agua, tenés que hablar con el vecino’. Esa persona, como nunca vivía ahí, no se hablaba con los vecinos porque no los conoce. Lo único que hacía era usufructuar con el alquiler”.
Según indicó, en un momento dado, y ante la falta de presión, sus vecinos dejaron de facilitarle el servicio, por lo que acudió a Aguas del Norte en donde le solicitaron la escritura del terreno. Frente a ello, solicitó la documentación a quien le alquiló el lugar, pero la respuesta fue que no era la titular, razón por la cual no contaba con la escritura. “Me voy a inmueble a sacar la cédula parcelaria con la factura de luz y me doy con la sorpresa de que decía que el inmueble pertenece al Estado nacional argentino”, contó.
En este punto, Cruz indicó que la persona a quien le pagaba por el alquiler de la vivienda es la abogada Liliana Fernández Iriarte, que tiene un centro de mediación. “Es una abogada con muchos contactos así que ahora estamos investigando la función del marido y de todas las personas para que pueda tener tantos contactos para que me desalojen. Esta persona no está legitimada. La justicia, no sé cómo le da curso. Yo, sinceramente, no entiendo. Ese es un lugar privado, del Estado nacional argentino. No puedo ni yo ni ella hacer las cosas que estamos haciendo, ni alquilarlo”, enfatizó el denunciante.
Contó, además, que distintos sectores del lugar eran alquilados a otras personas e incluso parte del terreno fue vendido a otra familia. Al respecto, detalló: “Esta casa era de uno de los ingenieros del ferrocarril, esta mujer vendió la pileta de natación que estaba al fondo a una familia, que son vecinos míos, eran vecinos míos. Viven al fondo y esta mujer les vendió un pedazo de tierra y la pileta de natación del fondo. Los 65 lotes que hay en la Sarmiento al 900 hasta la Sarmiento al 1100 son del Estado nacional”.
“No entiendo cómo la justicia le puede autorizar a esta persona para que me pida el desalojo y me cobre un alquiler”, expresó Cruz, aunque destacó: “Yo sigo creyendo en la justicia, espero que mi abogado, el doctor Santiago Pedroza. Vamos a llegar a la Procuración porque esto no va a quedar acá”.
Además, lamentó: “Le están cerrando las puertas al sindicato. Realmente nosotros desarrollábamos nuestra actividad sindical en el local”, y señaló que la gomería social con la que contaban, en la que se desempeñan tres compañeros con problemas de adicción, también quedó en la calle. “No le pido al Estado que me dé una casa o me subsidie un alquiler, como ya me lo prestaron, solo quiero que me den derechos y, con la señora Iriarte, que la justicia actúe en consecuencia. Voy a seguir estando con mis hijos y mi familia en la vereda”.
Fuente: Sapo de otro pozo– FM Noticias 88.1 MHz.
BH
