DDN. Ayer, el intendente Rojelio Nerón fue destituido en el Concejo Deliberante de Santa Victoria Este con el voto de cinco de los siete concejales que lo integran.
Nerón manifestó que está tranquilo. “Cuando uno no tiene delito en algo, no tiene por qué preocuparse. Estas son pulsadas políticas, no lo quieren ver a Nerón gobernar, no sé si por nivel política, no quiero decir que es por ser indio, pero lo veo de esa manera”, expresó.
“Sigo trabajando, todavía estoy en el rol de intendente. Apelamos a la justicia, ellos van a determinar. Tenemos 7 concejales, 4 de etnia indígena y 3 de hermanos criollos. Ayer han votado, y lamentablemente hay personas de mi lista. Uno que realmente era de mi lista, y otro que entró colado”, informó.
La acusación contra es que presentó el proyecto de presupuesto tras ocho meses de gestión a pesar de “haber sido intimado” para hacerlo, y por la adquisición de un vehículo sin licitación que supera los montos establecidos por la ley.
“Si no hubiese comprado el vehículo, no teníamos como movernos en tiempo de sequía. Es un camión, y es útil. Si no hubiese estado, que le hubiésemos dado al pueblo. Dicen que yo hice mal y es mal desempeño. Ellos hablan de que no estoy capacitado para ser intendente, es lo más doloroso para mí”, dijo.
Nerón remarcó que le molesta la posición de uno de sus compañeros originarios ante la lucha que significó poder acceder a los cargos políticos.
El intendente indicó que para las partes administrativas se contrataron contadores, uno de Capital y otro de Tartagal, que no realizaron los trabajos correspondientes. Finalmente, lograron que un contador realice lo necesario para presentar ante el Concejo.
Además, contó que los Concejales son buenos para criticar, pero “no están con el pueblo” ante todas las emergencias que sufre e indicó que él hasta tuvo que “levantar cuerpos” de fallecidos por CoVid.
Consultado sobre si habló con funcionarios del gobierno provincial, respondió que lo visitó el ministro de gobierno Ricardo Villada con más funcionarios del ministerio de Salud, de infraestructura y del Instituto Provincial de la Vivienda. “El gabinete se sentó conmigo, con mi gabinete, y luego dio lugar para reunirse con referentes de las comunidades indígenas. Nosotros planteamos la necesidad que hay. Yo no dije esto en ningún momento porque estoy con la conciencia tranquila. En poco tiempo, lo que he hecho es mucho. Conseguí mucho. En 12 años no se avanzó nada, no teníamos ni ART, había servicios que no nos querían dar por deudas del gobierno anterior, como con ATE”, sostuvo el intendente y agregó que “quien se llevó la guita, tiene que aparecer”.
Por otro lado, se refirió a la manifestación de la Unión de Comunidades Originarias del Pilcomayo: “Los hermanos Mendoza encabezan la lucha de ellos. No es lo mismo decir voy en nombre de las comunidades que decir entro por mi fundación. Yo no estoy en contra en nada, tienen libertad de expresarse. Necesitamos ayuda del gobierno, pero tenemos que aprender a gestionar todo como corresponde. Reclaman la tierra, y hay un lote que está en juicio y hay una comisión que se la debe respetar. Ellos lo saben bien. Los chicos que encabezan esta marcha son empleados del Estado, y de Educación. Lamentablemente, muchas veces hay pulseadas políticas. Son los mismos grupos que me querían voltear, así que en ningún momento van a querer hablar conmigo”.
Destituyeron al intendente de Santa Victoria Este
La abogada del intendente afirmó que se violó la posibilidad de defensa y que no hubo imparcialidad en el proceso investigativo. Y adelantó que recurrirá a la Corte de Justicia de Salta.
Con el voto de cinco de los siete concejales que lo integran, el Concejo Deliberante de Santa Victoria Este (SVE) destituyó ayer al intendente Rojelio Nerón. La abogada del funcionario municipal, Graciela Oviedo, adelantó en la sesión especial que apelará la decisión ante la Corte de Justicia de Salta. Luego aseguró que, con esta presentación, la decisión de los concejales quedará en suspenso, y Nerón continuará ejerciendo sus funciones como intendente.
La sesión especial fue la culminación de un proceso que se inició la primera quincena de agosto pasado, a solo 8 meses de la asunción de Nerón, primer integrante del Pueblo Wichí que llega a la intendencia en una zona con mayoría de población indígena.
Las imputaciones contra Nerón son por no haber presentado el proyecto de presupuesto tras ocho meses de gestión “habiendo sido intimado” para hacerlo. También por la adquisición de un camión sin convocar a licitación, por montos que superan los establecidos para la compra directa para los concejales, esta operación debió suspenderse hasta correr debido traslado al Concejo Deliberante. También le imputaron una deuda con la ART (aseguradora de riesgos de trabajo) que debe dar cobertura a los trabajadores municipales afirmaron que con la falta de pago se pone en riesgo a todo al personal del municipio y al mismo Ejecutivo en caso de que haya un accidente de trabajo.
Asimismo, le adjudicaron haber incumplido con la obligación de informar trimestralmente al Concejo Deliberante sobre los ingresos y egresos municipales, al igual que la falta de respuestas a los pedidos de informes, “sin contestarlos hasta el día de la fecha”, lo cual sostuvieron, implica una “falta grave”, según la carta orgánica.
A ello agregaron el “veto extemporáneo” de la ordenanza N° 11 el asesor letrado de la Municipalidad, Alberto Palomino, explicó que esta ordenanza implica un aumento de sueldo para los concejales y el intendente. Los concejales “pretendían cobrar 100 mil pesos y luego lo bajaron a 60 mil”. En defensa de Nerón, Palomino indicó que por los fondos que ingresan al municipio (uno de los más pobres del norte de Salta y del país), era casi imposible pagar esos sueldos. Actualmente los concejales victoreños perciben $38 mil mensuales, lo que a entender de Palomino, están cobrando ediles de ciudades con muchos más ingresos que SVE. Y explicó que si el veto fue extemporáneo, se debió a que hubo cierre de funciones durante la pandemia, y este fue el argumento al momento de vetar la ordenanza.
Un pedido de nulidad
Cuando los concejales se aprestaban a realizar la votación, la abogada Oviedo les recordó que debían resolver un pedido de nulidad al juicio político por falta de garantías al debido proceso. “Carece de uno de los requisitos fundamentales que es la imparcialidad”, dijo a los ediles, al solicitarles resolver sobre el pedido e cuestión.
Entre los argumentos, la letrada afirmó que algunos miembros de la comisión investigadora del Concejo se manifestaron en contra del intendente, lo que implica a su entender parcialidad y causal de apartamiento del proceso investigativo. “Planteo un conflicto de poderes”, dijo la abogada en la sesión y advirtió que, en caso de rechazarlo, se accionaría contra el Concejo Deliberante y los concejales.
Los ediles, que se habían reunido pasadas las 10 de la mañana, fueron a un cuarto intermedio cerca de las 13 y a las 15 volvieron para rechazar el pedido de nulidad y votar a favor de la destitución de Nerón. Quienes votaron a favor fueron Rafael Andrada, Samuel Gilobero, Norberto Torres, Martín Herrera, y Fabián Maza. En contra se manifestaron Maribel López y Juan Manuel Bache.
Oviedo se quejó de la falta de fundamentos. Pero los concejales aseguraron que éstos se conocerán mañana.
La abogada defensora dijo a este medio que se presentó toda la documentación solicitada por los concejales, al momento que se dieron las explicaciones por la falta de algún informe a raíz de las condiciones que impuso la pandemia. “Iniciaron una votación estando la documentación y todo incorporado. Entonces es una decisión netamente política”, agregó Oviedo.
Pese al compromiso de Andrada, presidente del Concejo Deliberante, de hablar con este medio, no respondió a las llamadas.
Fuente: Algo Personal/ FM Noticias 88.1 MHz.- Salta 12
