Funcionarios de Saeta y AMT tienen 5 días para justificar en la justicia el aumento del boleto

DDN. El 15 de marzo pasado, desde la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos de Salta- UCU Salta- presentaron un recurso de amparo colectivo en contra de Saeta y de la AMT por el aumento de casi un 100% en el precio del boleto de colectivo. Finalmente ayer, la jueza a cargo del caso, Victoria Mosmann, y el procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, dieron dictamen favorable, con lo cual tanto la empresa como la Autoridad Metropolitana de Transporte deberán presentar hasta el próximo lunes sus argumentos en relación al aumento.

“Este amparo colectivo es el primero de esta categoría de representación de usuarios de transporte público en la Provincia”, destacó Emilia Calmejane, apoderada de UCU Salta, al tiempo que destacó: “El Procurador de la Provincia nos ha reconocido en la legitimación extraordinaria para todos los usuarios pasados, presentes y futuros que se puedan llegar a ver afectados por este aumento que nosotros hoy estamos impugnando por ser nulo e inconstitucional”.

La abogada, además, indicó que desde ayer comenzó a correr el plazo de 5 días “para que Saeta y la AMT traigan al juzgado toda la información relacionada a porqué este aumento del 100% de la tarifa”. “Esa información no había sido agregada en el expediente administrativo y es algo que era una violación a los derechos de los usuarios y los consumidores”, subrayó.

En la misma línea, se refirió a las críticas ante la falta de realización de una audiencia pública previo a la decisión del aumento, llevando adelante en su lugar una consulta pública. “Estamos pidiendo la nulidad e inconstitucionalidad de las dos resoluciones por las cuales se autorizó este aumento, que va hasta diciembre a 26 pesos, porque es un procedimiento que se llevó a cabo de una manera que lesionó el principio de regresividad de los derechos de los usuarios porque siempre se habían realizado audiencias públicas para tratar las composiciones de las tarifas, y en esta oportunidad no fue así”, remarcó.

Y recordó que “se puso a disposición un documento de consulta pública que no cumplió nunca el requisito de publicidad, porque además de tener un costo para el usuario de casi 400 pesos para poder tener las copias de esa información, había que presentar un escrito y fue una publicación de un día en el boletín oficial y de un día en el diario de la provincia”. “Además, los días para participar de este documento eran tres días para los ciudadanos, y fue en días próximos a navidad”, agregó la abogada.

“Consideramos que para tratarse un aumento de esta magnitud debió habérsele dado un publicidad suficiente como para que todos pudiésemos participar porque estamos hablando de un aumento que es confiscatorio y contra los intereses económicos de los usuarios”, enfatizó Calmejane.

Así las cosas, adelantó que “si se llegara a dictar favorablemente la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones, quedarían como si nunca hubieran existido y se tendrían que retrotraer las tarifas al momento anterior a la emisión de estas resoluciones”. “Estamos solicitando que si fuera así tendría que constituirse un fondo con todos los aumentos, para que sea destinado a la mejora del servicio de transporte público de pasajeros”, añadió la apoderada de la Asociación e invitó a la comunidad a participar de la movilización que realizarán esta semana.

Fuente: Aries