La Sala III del máximo tribunal penal ratificó el carácter de crímenes de lesa humanidad al señalar que los hechos “fueron cometidos como parte del ataque sistemático y generalizado contra la población que llevó adelante la última dictadura” y puso de relieve que se trató de “un caso paradigmático de responsabilidad empresarial”. En el proceso fueron condenados el empresario Marcos Levín -fallecido el año pasado-, el jefe de personal de la firma, José Antonio Grueso, y el comisario Víctor Hugo Almirón.
