A cambio de tareas comunitarias y donaciones por 320 mil pesos 16 funcionarios acusados de defraudación a la administración pública lograron suspender su juicio. En los casos de hechos consumados se acordó la auto inhabilitación de los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales. En los acuerdos arribados prevaleció la premisa de resolución de conflictos del Código Procesal Penal Federal y se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Procuración General respecto a la viabilidad de las propuestas.