Domínguez explicó que en la ciudad se actuará “asegurando el orden público y acompañando a los manifestantes” para evitar la generación de conflictos entre particulares. “Las manifestaciones con desplazamientos de personas, si bien generan inconvenientes, llamamos a la comprensión de la ciudadanía para que tengan paciencia en estos casos y la Policía actúa preservando la paz social”, dijo.
El ministro sostuvo que el decreto era necesario porque la otra alternativa era aplicar el Código Penal donde la “ocupación indebida del espacio público” es un delito penal, y que con el instrumento legal se respetan “los derechos constitucionales”.
“Se permiten las manifestaciones sociales, pero no a un nivel donde tengamos 20 o 30 cortes de ruta”, expresó y fue consultado sobre cuál es el nivel permitido de cortes, a lo que contestó que “no hay un parámetro ni un estándar”, asegurando que los derechos constitucionales “están vigentes dentro de un orden”, sin afectar “los derechos de los demás”. En ese sentido, ejemplificó con los cortes que “paralizan” la circulación y dejan colas de “500 o 600 camiones”.
“Hacía falta un decreto porque con la normativa vigente los resultados estaban a la vista”, indicó.
En cuanto al polémico punto sobre lo que la prensa debe y puede hacer, fue consultado por un colega al que le espetó que “le baje la voz”, para luego responder: “De ninguna manera estamos limitando. Lo que estamos protegiendo es su integridad física, porque ante una situación extrema se pueden dar hechos que ameriten que las fuerzas de seguridad actúen. Con los medios tecnológicos actuales, el actuar es transparente y se refleja. Si ustedes lo entienden de otra manera, se los aclaro: no va a haber restricción al libre ejercicio de la profesión”.
Sobre el apartado que habla de la prensa “obstruyendo” los operativos, el Ministro expresó: “Si está en medio de un grupo de la tropa de la Policía y le dicen previamente por favor retírese vamos a desplazarnos por este lado lo por otro lado. No es nada más que eso, es protector de la integridad física”.
Al ser increpado por las acciones de los funcionarios que obligan a la ciudadanía a tomar medidas de fuerza, dijo que “cualquier ciudadano puede denunciar penalmente” y hasta habló de “revocatoria popular” y “juicio político”.
Domínguez aclaró también que el accionar de la Policía corresponderá a la decisión de los fiscales cuando se trate de corte de rutas, y sostuvo que “poner la palabra represión delante de la discusión no ayuda al clima social”. “Lo que se busca evitar es el bloqueo de las vías totales”, dijo.
En ese sentido, remarcó la palabra “despeje” en vez de represión y expresó que la Policía no puede actuar ante “improperios”. Sobre el “límite de tiempo” para el despejo, reiteró que de llegarse a un corte de ruta la Policía no puede actuar hasta que haya una orden de los fiscales, pero “tendrán una presencia permanente en el lugar y va a evitar que un delito se consuma”, volviendo a reiterar que un corte de ruta es un delito.
“Se tiene que evitar que se ocupe la totalidad de la ruta”, indicó. Ante la repregunta de cómo se hará eso, dijo: “¿Es represión decir señor, manifiéstese allá?” y luego agregó que con megáfonos la Policía debe decir “Por favor despejen la ruta”, desconociendo la realidad de los accionares policiales.
Además, sobre la “negociación” con los manifestantes, aseguró que serán permanentes. “Todas las áreas con competencia en la problemática social van a estar presentes en el lugar de los hechos, de una manera gráfica. Tendremos en la zona una suerte de anexos de los distintos Ministerios, y ante los pedidos que formulan en el acto se atenderá el reclamo”, aseguró y agregó que la negociación deberá ser llevada por “funcionarios o empleados” del área competente. “Si piden chapas o lo que fuere, la provincia tendrá esos elementos en el lugar”, dijo también.
También afirmó que la Policía tiene la obligación de tener claras sus identificaciones personales.
Por otro lado, fue consultado sobre el cambio de dependencia de la Policía de Salta, que antes dependía de la secretaría de seguridad y ahora directamente del Ministerio. “Es por una cuestión que hace a la necesaria conducción unificada de una fuerza de seguridad y de una decisión avalada por el gobierno de la provincia”, indicó.
LS
