El Comité Provincial de Prevención de la Tortura exigió una investigación urgente sobre las muertes en el penal de Villa Las Rosas

Tras la tercer muerte producida bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial por causas no naturales sólo durante este año.
Hace 3 años Política Local

Ante una nueva muerte producida en la Unidad Carcelaria N° 1 de la Ciudad de Salta como consecuencia de quemaduras producidas el día 5 de octubre pasado, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes de Salta, exigió una urgente e imparcial investigación para determinar las responsabilidades que pudieran existir.

"La muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida", indicaron desde el Comité en un comunicado.

"Habiendo tomado conocimiento del hecho, nuestro organismo realizó actuaciones de manera inmediata presentándose en la Unidad Carcelaria N° 1 y en el Hospital San Bernardo, recabando testimonios y preservando pruebas, las cuales se presentarán en la Fiscalía interviniente", precisaron.

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura recordó que es la tercera muerte producida bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial por causas no naturales sólo durante este año e hizo un llamado "a revisar las prácticas y protocolos de actuación en el mismo para evitar la ocurrencia de nuevos hechos trágicos en la cárceles de Salta, para lo cual se coloca a su entera disposición". 

Se entiende "como muerte bajo custodia estatal a todo evento ocurrido estando la persona fallecida con una medida de privación o restricción de su libertad en resguardo de una institución estatal, o bien ante una intervención de fuerzas estatales que implique o no limitación –ya sea potencial o efectiva– de su autonomía”. 

Asimismo, el Comité recordó que el Protocolo de Minnesota (Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de Naciones Unidas”) establece la obligación de proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.