El sacerdote Ignacio Loyola Pinto, conocido por ser quien investiga los casos de abusos dentro de la Iglesia, pero a la vez denunciado por las Carmelitas por violencia de género , se moviliza en una camioneta Saveiro que según los registros de la Municipalidad de Salta nunca pagó patente.
La pick-up que maneja el Vicario está a nombre del Arzobispado y es beneficiada desde el 2016 con exenciones municipales, pero desde diciembre de 2020 esas exenciones dejaron de estar vigentes por lo que debe $82.204,03 más la multa que registra por mal estacionamiento, aunque si pagó una y en otra fue sobreseído.
¿Iglesia y Estado asuntos separados?
