María José Castillo, abogada en derechos humanos, indicó que durante las audiencias varias debieron suspenderse por constantes cortes de luz. "Casualmente, cuando llegamos a las querellas pasó dos veces. Esperamos que se resuelva porque es una cuestión técnica", dijo. El próximo jueves continuarán los alegatos.
La abogada manifestó que esta mega causa permitió ver la globalidad del plan sistemático y la responsabilidad empresarial con las víctimas de la Mina El Aguilar. La empresa más reconocida es Ledesma, aunque también, recordó la causa de Armando Tilca, que fue detenido en Jujuy y denuncia en una carta que su detención fue decidida por la empresa Minetti. Sumado a estas dos, hay otras empresas menores que también participaron de las detenciones o la decisión de las detenciones, lo que lleva a una similitud en Salta con La Veloz del Norte. "Hay una impunidad garantizada porque no han sido juzgados ni condenados los partícipes responsables", remarcó.
Sobre Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma, indicó que hay una "impunidad biológica" dada por el mismo paso de los años. Además, recordó a Horacio Aguilar, juez que estuvo en la causa y luego pasó a ser abogado del acusado, y quien hasta hace poco tiempo fue Juez de la Corte de Salta. El mismo análisis realizó a Ricardo Lona, ex juez que falleció el fin de semana mientras se encontraba en prisión domiciliaria, y que recibió una gran cantidad de obituarios con apologías y reivindicaciones al terrorismo de Estado.
"En los alegatos de Jujuy, hemos dicho que realmente hay una impunidad garantizada que en su momento fue el diseño de las estrategias de impunidad pero luego fue el propio poder judicial continuando con las actuaciones que tuvieron durante la dictadura militar. Eran un eslabón más, muchos jueces fueron no solamente cómplices, sino autores de los delitos en conjunto con los militares y otros civiles como los empresarios. Hoy, el resabio de ese Poder Judicial pro dictadura sigue garantizando que no sean juzgados los partícipes civiles. Esa es una deuda que tenemos que ser consciente que la tenemos. La garantía del Nunca Más implica que tenemos que juzgar", sostuvo Castillo.
La abogada consideró que, tarde o temprano, la empresa tendrá que responder por los hechos más allá de la cuestión penal.
En cuanto a Juan de la Cruz Kairuz, acusado por allanamiento ilegal en un hecho y privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia en otro como coautor y para quien se pidieron siete años de prisión de cumplimiento efectivo, Castillo expresó que la decisión del pedido de años efectivos de cárcel tiene que ver con la acusación con la que llega al juicio. "A el no se le atribuye la participación secundaria en lo que pasó a Aredes luego de su detención, sino que se le acusa por delitos menores", señaló.
En ese sentido, resaltó la necesidad de que la cárcel sea efectiva, teniendo en cuenta que no se encuentra atravesando el proceso judicial en prisión, y de los castigos ejemplares a los cómplices del genocidio.
Consultada sobre si hay una "figura de arrepentido", respondió: "No se puede negociar las penas en virtud de la información que brinden. Tiene que ver con una cuestión moral de conciencia. Hubo algunos intentos de un imputado de decir bueno, que pasa si les brindo alguna información, con alguna intención así, tan espuria y siniestra".
Fuente: Algo Personal - FM Noticias 88.1 MHz
LS
