DDN. Mientras se lleva adelante la tercera audiencia en el juicio oral y público contra les dirigentes campesines Lucia Ruiz, Antonio Guerra, Carlos Guerra, y Omar Cruz, desde distintos sectores advirtieron la peligrosidad de este antecedente, en caso de ser condenados, ya que fueron denunciados por resistir el desmonte en una zona donde está prohibido, hecho no menor que, sin embargo, quedó fuera del análisis en el marco del juicio.
Alfredo Riera, referente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño- APPCHS-, quien fue aceptado como acompañante de Lucía más no como amicus curiae, aseveró: “Esta es la forma que usan las empresas que se quieren quedar con las tierras, porque no tienen títulos. Estos señores no presentaron título, están en las mismas condiciones que nuestros compañeros campesinos. Con el dinero y el poder a su favor usan todo. Es vergonzosa la forma en la que operan para quedarse con lo que no es de ellos”.
En este sentido, remarcó que quien denunció a los acusados afirma que compró las tierras, aún cuando no tenía título de propiedad. “Estaba usando a la gente para tener el título con una posesión veinteañal”, señaló al tiempo que cuestionó que no se dé cumplimiento efectivo a la ley 7658 de Regularización dominial y asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales. “No se ponen los recursos para esta ley que solucionaría muchos de los problemas que tienen los campesinos. El poder político no toma el toro por las astas y pasa lo que pasa. Se mueve gente, se trae, es vergonzoso cómo se burlan de la gente cuando se podría respetar la ley y terminar con todo esto”, enfatizó.
Por su parte, María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Argentina, destacó el acompañamiento del Gobierno nacional a través del organismo a su cargo, y expresó: “Entendemos que es una criminalización en el marco de la defensa de un territorio, que tiene su normativa aplicable en el sentido de que hay que evitar, por los distintos poderes del Estado, criminalizar la defensa de la tierra y los montes, sobre todo en figuras como Lucía, que es una lidereza”.
“Entendemos que tiene que haber una resolución que ponga fin a esta persecución y que sea absolutorio. Vamos a seguir acompañando y hemos expresado nuestra preocupación por esta forma de llevar a juicio. Seguramente podremos expresarlo en las instancias recursivas”, agregó recordando que la sentencia puede ser recurrida. Además, subrayó que se trata de una “conflictividad que se da en otros lugares y que es preocupante, no solamente que haya un avance sobre los territorios a partir de desmontes ilegales, sino que, además, terminen criminalizados quienes los defienden”.
En tanto, la diputada nacional Verónica Caliva advirtió: “Es absolutamente injusto este enjuiciamiento, no hay ninguna prueba que se sostenga y, además, hay prescripciones de dos de estas causas”. “Vamos a acompañar con nuevos instrumentos y haciendo que se reglamenten y se cumplan las leyes que amparan y protegen al campesinado en la Argentina y, puntualmente, a nuestra zona, al igual que el programa que ha creado la ley 7658 de la provincia. Ver cada uno de esos instrumentos y capacitar a la justicia, al Ministerio Público Fiscal y sensibilizar en todos estos grises que hay en cuanto a la defensa y a acceso de la tierra de las y los campesinos para que no sucedan estos hechos aberrantes, increíbles, de apropiarse con mentiras y engaños de la tierra de personas que están en situación de vulnerabilidad absoluta, de familias enteras que están sin agua, sin poder acceder a los créditos”, manifestó.
Fuente: Nacional
BH
