El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por José María Escobar Cello,
Luciano Lauría y María Ivón Vella, dictó hoy penas de hasta 15 años de prisión a
nueve integrantes de una organización dedicada a la comercialización y
transporte de cocaína y marihuana. Durante el juicio intervino el fiscal general Martín
Suárez Faisal, quien en su alegato postuló condenas similares a las impuestas, en tanto
que la investigación en la etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Walter
Rodríguez.
Las penas, que se dieron a conocer en el mediodía de hoy, fueron de 15 años de prisión
para el funcionario de la Brigada de Orden Urbano de la policía de la provincia de Santa
Fe, Edgardo Baigoría, como autor de los delitos de organización del comercio ilícito de
estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, agravado por su calidad de
funcionario público y la cantidad personas intervinientes; de nueve años de prisión para
Emanuel González, como partícipe secundario de esos hechos; de seis años de prisión
para Estela Castillo, Osvaldo Salva y Cristian Mansilla como responsables de la tenencia
con fines de comercio; y de cuatro años de prisión para Jorge Correa, como encargado
del transporte de estupefacientes.
A su vez, los jueces condenaron a los gendarmes Damián Sosa, con cuatro años de
prisión por ser autor de encubrimiento, agravado por haber actuado con ánimo de
lucro y por su calidad de funcionario público; y a Santiago Alejo e Ismael Britos, con tres años de prisión a cada uno, por partícipes necesarios de ese delito. Además, recibieron
una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo que dure
la condena.
El veredicto -cuyos fundamentos se conocerán el 4 de marzo- incluyó también el
decomiso de una camioneta, del dinero secuestrado en procedimientos realizados
durante la pesquisa y multas para los principales acusados.
La actividad de la organización criminal
La organización, dirigida por el policía Baigoría y su socio González, obtenía la droga
principalmente desde Paraguay y de las provincias limítrofes, a donde viajaban
asiduamente para luego comercializarla en la ciudad de Santa Fe. Al contar con fondos,
con contactos -nacionales y extranjeros- y con la logística necesaria para transportar
estupefacientes, la banda logró traficar, desde fines del 2015 hasta principios del 2018,
casi 40 kilos de cocaína y media tonelada de marihuana, que en parte, lograron ser
secuestradas en numerosos procedimientos y allanamientos realizados en diferentes
puntos de Santa Fe y el resto del país.
Una vez conocida la sentencia, Suárez Faisal calificó al caso como “muy relevante
porque se desbarató una organización de gran envergadura, comandada por un Policía
de la Provincia de Santa Fe -en funciones-, que era protegida por varios integrantes de
Gendarmería Nacional que también fueron condenados por el encubrimiento, y que
tenía vínculos en el exterior, fundamentalmente en Paraguay, en ciudades argentinas
cercanas a las fronteras y en todo el territorio santafesino, donde se distribuían los
estupefacientes.”
Además, el Ministerio Público Fiscal había reparado en que la organización se
encargaba de brindar “ayuda legal y monetaria” para lograr el silencio de los integrantes
que eran detenidos. De esta forma, la banda se aseguraba que el “eslabón más débil” de
la cadena no delatara a la cúpula de la empresa criminal.
Una investigación con ramificaciones en varios puntos del país
La pesquisa comenzó a partir de una denuncia anónima por narcomenudeo en Santa Fe
y Santo Tome. La imputación se produjo en 2018, y estuvo centralmente a cargo del
fiscal federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, que identificó a unas veinte personas
vinculadas a la organización: nueve fueron las hoy condenadas, y otras que ya fueron
encontradas responsables o esperan otros juicios orales. Asimismo, durante su alegato
Suárez Faisal reparó por ejemplo en la vinculación de Baigoría y González con el
padre del fallecido Martín “Fantasma” Paz, asesinado a sangre fría por “Los Monos".
También indicó que “en algunos tramos de la investigación también tuvieron intervención las fiscalías federales de Rafaela y Reconquista, y las sedes judiciales de Formosa, Salta y Misiones, en donde se tramitaron causas respecto de otras personas vinculadas a la organización.”
El juicio comenzó en octubre del año pasado y se realizó de forma semipresencial
debido al contexto de pandemia, con abogados presentes en la sala y otros de forma
virtual, a través de la plataforma del Poder Judicial de la Nación, mientras que los
imputados siguieron las audiencias desde los diferentes lugares de detención. Durante
el transcurso del debate, que se realizó dos veces por semana de forma ininterrumpida
hasta el 29 de diciembre, declararon aproximadamente 150 testigos.
NF
