DDN. La comunidad del Pueblo Wichí está en jurisdicción de Embarcación, en el Chaco salteño. El médico de la salita solicitó a los gobiernos de Provincia y Nación más mercadería para las comunidades.
Rodolfo Franco es el médico de la salita de Misión Chaqueña, ubicada a unos 45 kilómetros de Embarcación, municipio del departamento San Martín. Su pareja es una mujer wichí de esa Comunidad, con quien durante esta pandemia decidieron cocinar unos 100 kilos de comida dos veces a la semana (jueves y sábados) para repartir entre los habitantes y paliar un poco la falta de acceso al alimento.
Ante la segunda muerte de niños originarios por causas evitables que se conoció en menos de un mes, el médico solicitó a los gobiernos tanto nacional como de la provincia que acerquen más mercadería a estas poblaciones. Sucede que con el parate del turismo los artesanos wichís no lograron vender o trocar sus productos por mercadería para aportar a la economía de sus hogares.
A ello se suma que con el cierre de la escuela, a los chicos y chicas de la Comunidad se les clausuró también el comedor que les garantizaba el almuerzo los días de clases. “Les dieron a cambio un bolsoncito por mes que tiene un arrocito, un fideíto, yerba, y alguna lata de conservas, que no alcanza para que un chico coma tres días”, dijo el médico. Sostuvo que conoce lo que entregan porque tiene una hija adoptiva de 12 años inscripta en el establecimiento escolar de la Comunidad.
Franco teme por el estado de salud de los niños y niñas a su cargo. “No quiero que se me muera ninguno”, dijo. Ante ello, acordó con la Fundación Nutrir y CONIN la revisión de peso y talla de chicos y chicas de la Comunidad. Fueron los agentes sanitarios quienes seleccionaron unos 40 pequeños de hasta 5 años que, a su entender, estaban en riesgo nutricional. Franco indicó que 20 chicos fueron detectados este jueves con bajo peso según las evaluaciones de los técnicos de CONIN.
Ante la obstaculización de la venta o trueque de artesanías, el médico contó que a las comunidades solo les queda subsistir con la búsqueda del alimento en el monte, que puede ser “algún animal o un pez” del río Bermejo, ubicado a 5 kilómetros de la Comunidad.
Comunitarios
Franco decidió con su familia montar un comedor los jueves y sábados para que la gente pueda retirar comida. Sostuvo que en total cocinan unos 100 kilos de comida por semana para alimentar a unas 200 personas. En este caso lo solventa con sus ingresos o por donaciones que llegan al Ejército, cuya planta potabilizadora de agua está en la Comunidad.
Albertina Díaz, una mujer wichí de la Comunidad, contó que también tiene un merendero en el que ofrece a unos 102 niños, mate cocido con algo de pan. O, a veces, cuando llega la leche, sirve arroz con leche. El merendero se abre los miércoles y sábados con el aporte que realiza la Fundación Deuda Interna. Y si bien Albertina gana un salario mínimo por ese trabajo social, “lo pongo en el merendero”, dijo.
Díaz es artesana y ratificó que no hay compradores de sus productos. Sí reciben el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Con eso compramos alguna mercadería al por mayor y tenemos que calcular para que los chicos no se queden sin comida”, contó la mujer. Ella tiene dos niños “y no se cobra mucho. Los que tienen 1 o 2 hijos sufren más”, dijo.
En cuanto al acceso a los bolsones, afirmó que sólo llega a personas con discapacidad, pensionados, y chicos en riesgo nutricional. “Pero el resto de la gente no recibe”. Acotó que de todos modos el dinero que les llega “no alcanza ni para zapatillas ni ropa”.
Un problema recurrente
Un video captado en el Hospital de Santa Victoria Este (SVE), uno de los municipios del departamento Rivadavia, muestra el reclamo de una mujer wichí al gerente del Hospital, Ariel Sosa. Su tío, que ingresó al Hospital descompesado, fue puesto en un colchón en el piso. Al lado, en una cama, se puede ver a una mujer, muy desmejorada, casi piel y huesos. “Cómo puede ser que lo pongan acá. Mirá la paciente ella necesita ventilador. Y cómo puede ser si atienden así los pacientes… No son animales, son personas. No tenés que ponerlo en el piso a mi tío. Si yo no llego qué pasaba con mi tío”, sostiene ofuscada la familiar.
La situación mostrada en el video fue explicada por el gerente Ariel Sosa. Contó que el hombre que se ve en el colchón es Edilberto Segundo, quien estaba acompañando a su mujer, de 46 años, internada por su cuadro de tuberculosis (TBC). El problema fue que el hombre se descompensó mientras estaba como acompañante y ante la situación inmediatamente se lo puso en una cama del Hospital, en realidad en un colchón apoyado en el piso.
En cuanto a la situación de la mujer, sostuvo que el año pasado se la trató por la TBC en Salta Capital y se hizo la derivación al Hospital del Milagro. Pero ahora se debe volver a articular la posibilidad de su traslado. Según deslizó Sosa, la experiencia de Segundo no habría sido la mejor en el invierno que atravesó en Salta. “Tenemos que hablar bien con él”, dijo el gerente al recordar que asumió recién en septiembre y se está intentando mejorar todo lo que falta en el Hospital, como lo es la compra de ventiladores para salas de un lugar que en verano llega a superar los 40 grados.
La recurrencia de las falencias del sistema se reiteran en Misión Carboncito, Comunidad vecina de Misión Chaqueña, en donde la preocupación recae en el estado de salud de las mujeres. Rosa Rodríguez, de esa Comunidad, contó que preocupa la situación de los ancianos. “No tienen médico”, dijo al sostener que algunos tienen problemas de salud, como reuma, y pese a las dificultades para movilizarse “salen con su carrito a ver si recolectan agua de sus vecinos”. “A veces les falta medicamento y necesitan más atención. Además creo que hace falta muchísimo alimento y lo digo porque conozco la situación”, dijo la mujer. Franco “está jubilándose y trabajó bastante en la Comunidad. Pero no hay más médicos”, añadió.
Rodríguez advirtió que no hay atención ginecológica porque no hay especialistas que puedan ir hasta la Comunidad. “Hay muchas mujeres que comentan que tienen problemas en las mamas. Y no tienen dinero para hacerse los estudios porque hay que viajar a la ciudad”, en este caso al Hospital San Vicente de Paul, de Orán. Es que en el Hospital más cercano no existe tecnología médica para realizar los estudios. “La mujer piensa: ‘si voy y gasto el dinero, no tengo para dar de comer a los chicos’, y deja pasar”, graficó.
Relató que una mujer cercana a ella está diagnosticada con leucemia pero sin acceder al tratamiento, por una decisión un tanto forzada por los condicionamientos para acceder a la salud, y además porque quiere terminar sus estudios de maestra jardinera.
El objetivo final de estas mujeres es “dar un mejor futuro a nuestros hijos”, a través del estudio, dijo Rodríguez.
Una beba wichi murió en Salta con un cuadro de desnutrición
Una beba de un año y nueve meses, miembro de una comunidad wichi del norte salteño, falleció en el hospital de Tartagal donde estaba internada con un cuadro de desnutrición y deshidratación que derivó en una infección generalizada, señalaron el miércoles por la tarde fuentes sanitarias.
Desde el Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, detallaron que la beba vivía con su madre, de 17 años, en la comunidad wichi del paraje El Traslado, ubicada a 110 kilómetros al este de Tartagal, en el norte provincial.
La niña ya había sido tratada en junio pasado en el Centro de Recuperación Nutricional del hospital tartagalense, tras una consulta por bajo peso, y estaba bajo el seguimiento del hospital de la localidad de General Mosconi. No obstante, la víctima ingresó al hospital de Tartagal el lunes pasado con vómitos y diarrea, explicaron los voceros.
La pequeña quedó internada, pero la desnutrición severa que padecía, la deshidratación y una infección generalizada le causaron la muerte en la tarde del miércoles, a pesar del esfuerzo de los médicos que la asistieron.
En octubre pasado, los senadores provinciales salteños sancionaron por unanimidad la prórroga por 180 días de la emergencia sociosanitaria declarada por el Gobierno Salteño para los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, del norte salteño, donde se registraron varias muertes de niños por desnutrición y deshidratación, principalmente de pueblos originarios.
Fue el propio gobernador Gustavo Sáenz quien, a principios de este año, decretó la emergencia sociosanitaria de estos tres departamentos norteños, que luego se convirtió en la ley 8185, finalmente prorrogada en octubre.
Esta norma se basó en la crítica situación sociosanitaria de la población de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, que impuso al Gobierno provincial la obligación de dirigir sus mayores esfuerzos para asistir de manera inmediata a las personas que habitan en la región, a través de medidas y acciones.
Investigan 26 muertes de menores de cinco años por desnutrición o deshidratación en Tartagal
Un fiscal penal recaba información desde enero pasado para esta causa, en la que hay siete imputados. Esta semana falleció una beba wichí.
La muerte de una beba wichí de un año y nueve meses en un hospital de Tartagal, en el norte de Salta, por un cuadro de desnutrición que se complicó por una infección y deshidratación, dejó en evidencia una realidad que duele. El fiscal penal Pablo Cabot informó que está investigando otros 25 casos similares, de menores de cinco años.
“A partir de enero de 2020, por instrucciones del Procurador General de la provincia de Salta se inició esta investigación en el distrito judicial Tartagal, destinada a establecer si existe responsabilidad penal en relación a los fallecimientos de menores de edad cuyas causas de muerte estén relacionadas con situaciones de desnutrición o deshidratación”, detalló el fiscal.
Cabot contó que aún están recabando información. Primero, le pidieron al Ministerio de Salud de esta provincia documentación sobre cada una de las muertes reportadas. Son documentos obligatorios que deben llevarse regularmente, como el reporte de muerte, la historia clínica, el carnet de vacunación, el carnet del niño que incluye la curva de peso y el formulario que va llevando el agente sanitario encargado de la zona, enumeró.
El fiscal penal de Salta explicó luego que esta documentación se remite a médicos legistas, que analizan esa información para determinar si la causa de muerte, que es sospechosa de tener relación con situaciones de desnutrición o deshidratación, efectivamente fue provocada por esos cuadros.
“Al terminar esa tarea, vamos a tener en cada caso la situación exacta de cada uno de los menores fallecidos”, señaló.
Por esta causa, el representante del Ministerio Público Fiscal ya imputó a un total de siete funcionarios, algunos de ellos agentes sanitarios, bajo el cargo de incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Sin embargo, Cabot aclaró: “La investigación penal está en curso, no se puede afirmar en este momento quiénes son los responsables del delito”.
El plazo estipulado para cerrar esta investigación vence en enero de 2021. “Es posible que a esa fecha podamos tener novedades para informar respecto a las conclusiones que arribemos”, indicó el fiscal.
Este martes, el director del hospital Juan Domingo Perón, Juan Ramón López informó la muerte de una beba wichí que había ingresado al centro de salud el día anterior, junto a su madre de 17 años, tenía con un cuadro de desnutrición.
“Esta vez, cuando la trajeron su estado general se complicó por deshidratación y un cuadro infeccioso”, señaló el médico en declaraciones a la prensa local. La beba ingresó con diarrea y vómitos, y pese al esfuerzo de los pediatras no pudo ser compensada y murió.
En junio pasado, la nena ya había estado internada en el mismo hospital, en la sala de recuperación nutricional. Sin embargo, López aseguró que el seguimiento del estado de salud de la paciente debía estar a cargo de un hospital de la ciudad General Mosconi y no de ellos. La familia de la víctima vive en el paraje Lapacho Viejo, en la zona de la Comunidad El Traslado, ubicada a unos 110 kilómetros de la localidad de Tartagal.
El cacique de la comunidad wichí del lugar, Roberto Sánchez, denunció que el hospital Perón de Tartagal, cuya construcción fue terminada hace apenas un año, en realidad es una “cáscara vacía” porque todavía no tiene agentes de salud designados.
“No hay médicos ni tampoco enfermeros y ni siquiera se puede acceder a la radio para alertar sobre una emergencia, porque está puertas adentro de la construcción y además se encuentra bajo llave”, agregó el líder del grupo indígena.
Fuente: Salta 12- Mendoza Post- TN
