DDN. La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó dar intervención a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al Defensor Oficial Penal, quienes en el término de 48 horas expresen si la ocupación efectuada en Finca Las Pailas de la Localidad de Cachi se encuentra contemplada o no por la emergencia territorial prevista por la Ley 26160.
La ley 26160 de Relevamiento Territorial de comunidades indígenas fue prorrogada en el año 2017 por ley nacional, que extendió su vigencia hasta noviembre del 2021. La norma exige que la posesión sea actual, tradicional, pública y que se encuentre fehacientemente acreditada.
Esto fue dispuesto en el marco de una causa iniciada por la denuncia de una mujer, radicada el 6 de diciembre pasado por una supuesta usurpación. En la misma, el Fiscal Penal 6, Exequiel Molinati solicitó el allanamiento y detención de los supuestos causantes.
La jueza ordenó también reforzar la seguridad del lugar, por lo que se realizará un apoyo de la consigna policial ya existente con agentes especializados, a fin de impedir el ingreso de personas ajenas al inmueble en cuestión.
Por otra parte, el Fiscal Penal comunicó al juzgado interviniente que el proceso será sometido a mediación.
A pesar de una orden de desalojo sin efecto, la policía rodeó el territorio
Ulises Yáñez, periodista, informó sobre el intento de desalojo que fue dejado sin efecto en territorio de la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas. Sin embargo, por orden de la auxiliar de la Fiscalía penal de Cachi, más de 100 efectivos policiales se apostaron en el lugar.
Yáñez indicó que el conflicto por las tierras se dio con la familia Wayar, familiares del ex vicegobernador Walter Wayar. Las tierras en cuestión están contempladas dentro de la Ley 26.160. La orden de desalojo que se había efectuado quedó sin efecto tras la decisión del Juzgado de Garantías N°8 a cargo de la Jueza Claudia del Valle Puertas.
Sin embargo, por pedido de María Juárez Mattar, auxiliar de la Fiscalía Penal de Cachi, dio la orden de rodear el lugar con policías. “Está rodeado el predio. Se apostaron más de 10 móviles con más de 100 personales policiales para resguardar a terceros y garantizar su seguridad, y no la seguridad de los hermanos que estamos reclamando y exigiendo al Estado el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. En eso, detuvieron a un hermano que estaba ingresando a acompañarnos, un menor de edad”, informó y agregó que la policía secuestro tres motociclistas de la comunidad.
El periodista remarcó que desde las comunidades siempre se buscó el diálogo, la conformación de una mesa interinstitucional para resolver estas cuestiones; pero con la decisión de Juárez el conflicto se vio agravado.
“Es el accionar de la familia judicial en contra de los derechos de los pueblos originarios, en todo lo que es Salta y Argentina”, finalizó Yáñez.
Por la tarde, a la detención del menor se sumó una nueva represión en la que detuvieron al presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, Héctor Fabián, tras lo cual los pueblos originarios Kolla y Atacama llamaron a conferencia de prensa.
Fuente: Algo personal/ FM Noticias 88.1 MHz.
