DDN. Se trata de José Antonio Solá Torino. El hecho ocurrió luego de emitida la resolución del Tribunal Oral Federal 1 de Salta, de ordenar su inmediata detención.
El ex juez federal salteño José Antonio Solá Torino, condenado a seis años de prisión en 2016 por cobrar una coima para beneficiar a un narcotraficante, fue encontrado esta madrugada muerto de un balazo en su vivienda, y se investiga un suicidio cuando iba a ser detenido para que cumpla la condena en un penal, informaron fuentes judiciales.
La decisión había sido dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Solá Torino, en el marco de la apelación de su condena.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el hecho ocurrió en los primeros minutos de este sábado, luego de emitida la resolución del TOF 1 de esa provincia en la que ordenó la inmediata detención del exmagistrado, para lo que se libró un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El tribunal actuó por pedido del fiscal federal general Carlos Amad y le otorgó a la fuerza de seguridad facultades para allanar el domicilio del exjuez y usar la fuerza pública en caso de ser necesario, al tiempo que ordenó su alojamiento en el Complejo III NOA del Servicio Penitenciario Federal, en la localidad salteña de General Güemes, a 55 kilómetros de Salta Capital.
Los policías escucharon la detonación de un arma de fuego en un piso de arriba de la vivienda, por lo que subieron de inmediato y encontraron a Solá Torino fallecido.
Los efectivos de la PSA que llegaron a la casa del exjuez encontraron todo oscuro, por lo que golpearon la puerta, pero nadie les atendió y le consultaron al juez Federico Díaz y al fiscal Amad, quienes los autorizaron a hacer uso de la fuerza pública.
Al ingresar, los policías escucharon la detonación de un arma de fuego en un piso de arriba de la vivienda, por lo que subieron de inmediato y encontraron a Solá Torino fallecido.
La investigación de la muerte del exjuez se encuentra a cargo de la fiscal penal Ana Salinas Odorisio, quien ordenó el levantamiento del cuerpo para que sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se realizará la autopsia que comenzará a las 10.30 para esclarecer la causa de la muerte.
Además, en el lugar del hecho peritos del CIF trabajaron en el levantamiento de muestras y en las pericias de rigor, y encontraron una carta que habría dejado Solá Torino, cuyo contenido quedó en resguardo, detallaron las fuentes judiciales.
El viernes, Amad había solicitado la detención de Solá Torino, tras conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de desestimar la queja interpuesta por la defensa del imputado, en contra de la resolución que le denegó el recurso extraordinario en la instancia de casación.
En 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, condenó al exmagistrado a la pena de seis años de prisión, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de “cohecho pasivo agravado”
En 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, condenó al exmagistrado a la pena de seis años de prisión, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de “cohecho pasivo agravado”, pero la pena debía cumplirse a partir de que la sentencia quedara firme.
Para Amad, con esta decisión de la Corte Suprema la sentencia “adquirió la calidad de cosa juzgada, ya que se encuentra firme, toda vez que el imputado agotó todos los remedios procesales para impugnarla”.
Por ello es que solicitó la detención y el alojamiento del ex camarista en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, para evitar su fuga y, por ende, el incumplimiento de la sentencia.
El juicio en contra de Solá Torino comenzó el 3 de noviembre de 2015, concluyó en abril de 2016 y estuvo a cargo de los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, quienes también le aplicaron a Solá Torino una multa de 90.000 pesos.
En ese proceso oral y público también fueron condenados Héctor Salazar, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez a tres años de prisión y una multa de 30.000 pesos para cada uno, por ser considerados “partícipes necesarios” de “cohecho activo”.
En tanto, el sindicado narcotraficante Miguel Farfán, que al momento del juicio estaba prófugo pero luego fue detenido y declarado en rebeldía ya que no se sometió al proceso.
La condena de Solá Torino, que durante la etapa de Instrucción fue investigado por el fiscal Ricardo Toranzos, fue ratificada en Casación.
Ante esa instancia, su defensa presentó un recurso extraordinario rechazado también por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que derivó en el recurso de queja desestimado el jueves pasado por la Corte Suprema de la Nación.
El trágico final de “Toto” Solá Torino, el primer juez federal condenado por proteger a narcos
Le iban a detener para ser llevado al penal de Güemes, donde está preso su ex colega Raúl Reynoso.
Las últimas horas del ex camarista federal de Salta José Antonio Solá Torino (68) fueron así: sabía que lo iban a detener para que cumpliera la pena de seis años de prisión por proteger narcos, impuesta en abril de 2016. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara su apelación, el fiscal Carlos Amad había pedido su inmediata captura.
Pasada la hora de la cena del viernes, era cuestión de tiempo para que se presentaran en su puerta con la orden de llevárselo a la cárcel. Él lo sabía, por eso se sentó en la cocina a escribir una carta de despedida cuyos detalles aún no trascendieron.
Allí, en la cocina, dejó papel y lápiz y se llevó el escrito a su cuarto.
Lo sabían también sus dos hijas, que decidieron tomar calmantes para poder pegar un ojo esa noche. Por eso, aseguraron ellas, no escucharon cuando sonó el timbre de la puerta de la propiedad familiar ubicada en el Pasaje Mollinedo 394, en la capital salteña.
Esa sucesión de timbrazos fue, según el parte oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a las 23.05 del viernes. Tocaron y tocaron, pero nadie contestó. Las luces de la casa estaban apagadas, entonces los oficiales de la PSA hicieron la consulta con el fiscal Amad, por lo que el Tribunal ordenó entrar por la fuerza.
Sobre las 0.40 del sábado la Unidad de Operaciones Especiales de Seguridad Aeroportuaria irrumpió en el lugar. Los agentes estaban subiendo las escaleras cuando escucharon el disparo. Segundos después se encontraron con el hombre que debían detener tirado boca abajo, con un evidente disparo en la cabeza y una pistola 9 milímetros tirada a su lado. Murió al instante.
“En otra de las habitaciones se encontraban sus dos hijas, quienes manifestaron que no escucharon los llamados a la puerta porque habían consumido psicofármacos, ya que por los medios periodísticos sabían que su padre iba a ser nuevamente detenido”, detalló la PSA.
El diagnóstico familiar sobre la situación legal de quien había sido un poderoso camarista federal en Salta, no era para nada errada. El destino de José Antonio “Toto” Solá Torino era pasar al menos los próximos cuatro años de su vida (dos terceras partes de la condena) en el Complejo III del NOA, más conocido como la cárcel de Güemes, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta.
Su caso fue el primero en el que un juez federal logró ser condenado por proteger narcotraficantes. Básicamente cobró una coima para beneficiar al narco Miguel Farfán (59), uno de los traficantes de cocaína más poderosos del NOA que en 2015 llegó a juicio con el ex camarista por este episodio.
Pero Farfán logró fugarse antes de la condena por cohecho, se escondió a la vista de todos en una finca en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y para cuando se decidieron a detenerlo, la imputación por el dinero pagado a Solá Torino había prescripto, aunque no sus causas por narcotráfico.
“Toto” Solá Torino fue el primer juez federal en el país en ser condenado por darle protección a narcos. Pero no el único.
Si no se hubiera suicidado, el ex camarista salteño se habría encontrado en la cárcel de Güemes con su ex colega, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien durante décadas fue considerado un paladín de la lucha antinarcóticos y terminó condenado en marzo de 2019 a 13 años de prisión.
Los delitos fueron “concusión” y “prevaricato”, figuras penales que remiten a una serie de causas en las que Reynoso favoreció a narcotraficantes desde su puesto clave en Orán, en la frontera con Bolivia. Uno de esos narcos era Farfán: pagó una coima de 100 mil dólares para quedar libre.
El tercer juez acusado de delitos similares es Carlos Soto Dávila, quien fue durante 23 años juez federal de Corrientes y renunció a su cargo en 2019 en medio del escándalo por la causa “Itatí” por tráfico de marihuana. En ese expediente se lo acusa de cobrar dinero sistemáticamente a narcos para favorecerlos.
Como contraataque, Soto Dávila, actualmente excarcelado, había denunciado al juez federal Sergio Torres, al fiscal Carlos Stornelli y al fiscal Diego Iglesias (titular de la Procunar) por persecución política.
La causa empezó a rebotar por juzgados y finalmente fue desestimada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, criterio que compartió el juez Julián Ercolini.
La Cámara Federal primero y el pasado viernes la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky y Javier Carbajo, no hicieron lugar a la queja interpuesta por los abogado de Soto Dávila. Su denuncia quedó lista para el archivo.
Lo que ocurrió en Casación el viernes -curiosamente en paralelo con la resolución de la Corte contra Solá Torino- puede parecer demasiado “técnico”, pero no es poca cosa. Este fallo de Casación dejó a las puertas del juicio oral a quien, como juez federal de Corrientes, no sólo tenía bajo su jurisdicción las causas de narcotráfico, sino también las electorales.
Y algo más. Soto Dávila irá a juicio acusado de proteger narcotraficantes en un caso que tuvo tres etapas. En un primer juicio ya condenaron a 50 personas: los narcotraficantes que comercializaban la marihuana en CABA, principalmente en la villa 21-24 de Barracas.
Un segundo debate, centrado en los narcos de Itatí y sus complicidades políticas y policiales, está en pleno proceso: ya se firmaron 27 juicio abreviados y 15 imputados más siguieron rumbo al veredicto que se espera para marzo.
Soto Dávila será el plato fuerte de un tercer juicio que él quería evitar a toda costa y que lo tendrá en el banquillo con sus dos secretarios penales.
Eso sí, son pocos los que quieren hacerse cargo de semejante caso: el Tribunal Oral Federal 5 de Capital recibió la causa y se la mandó por conexidad al TOF 3. Éste, a su vez, la envió a Corrientes luego de declararse incompetente.
Fuente: Télam- Clarín
