DDN. Tras el desalojo en Los Pinos, en el municipio de San Lorenzo, el secretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Provincia, Federico Uldry Fuentes, aseguró que tomó conocimiento del caso el lunes y apuntó contra las falencias en la comunicación con el Poder Judicial.
Pese a que se trata de 8 mujeres que junto a 23 niñes llevan más de un año apostadas en el lugar, el funcionario aseguró que tomó conocimiento de la situación recién el lunes. “Estas 8 mujeres que son sobrevivientes de violencia de género y que tuve la posibilidad de charlar con 2 de ellas el lunes a la mañana, cuando nos enteramos de lo que estaba pasando e inmediatamente tomamos cartas en el asunto”, dijo.
Así, indicó que ayer por la mañana se presentaron ante el Poder Judicial, en el Juzgado de Garantías, para presentar un escrito pidiendo la suspensión de este desalojo compulsivo y que les otorguen “un tiempo prudencial para articular con todos los organismos del Estado una pronta solución al conflicto que estaban padeciendo las mujeres”.
“Yo tomo conocimiento porque vienen María y Lucero a charlar conmigo. Antes de eso no había tomado conocimiento a partir de ningún oficio, ninguna notificación, nada”, insistió Uldry recordando que el escrito fue elaborado el mismo lunes. “Fuimos el martes con la idea y la creencia de que se iba a hacer lugar a una suspensión por cuestiones humanitarias. Eran 8 mujeres de las cuales varias estaban embarazadas, más de 23 niños y niñas de las cuales 2 tenían problemas de discapacidad. Pensamos que iban a dar lugar y no hemos tenido buenas noticias”, lamentó.
Asimismo, aclaró que no pudieron dialogar con la jueza Ada Zunino, quien ordenó el desalojo, aunque su secretaría les indicó que la magistrada “estuvo desde las 7 de la mañana articulando con la policía el desalojo de estas mujeres”. “Lo que hemos expuesto juntamente con la doctora Mariana Reyes, que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, es que no estábamos en contra de la imputación ni estamos pidiendo una absolución de las mujeres. Lo que estábamos pidiendo era una suspensión del desaojo compulsivo, por razones humanitarias, y que nos den un plazo prudencial para poder articular, atentos a que habíamos tomado conocimiento en el día posterior y no a través de otros canales”, sostuvo.
Justamente, señaló en tal sentido que mensualmente llegan unas 1200 notificaciones, oficios y demás al Polo Integral de las Mujeres, aunque no llegó la notificación respecto a esta situación puntual. Atento a ello, consideró necesario mejorar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y agregó: “Es un planteamiento que vengo haciendo de años. Cuando era Secretario de Derechos Humanos se lo planteé a ONU Mujeres, y cuando vino el delegado de ONU, si podía él armar una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo así. Cuando nosotros recibimos un oficio, muchas veces, cuando vamos a hacer el relevamiento está saliendo de la casa el grupo de la Secretaría deNiñez y Familia. Entonces, hay un desconocimiento y nos mandan a todos los organismos, por las dudas un oficio, y no a los que realmente corresponden”.
“Estamos revictimizando muchas veces a las mujeres cuando van dos o tres equipos de distintas áreas, cuando tendría que ir uno, y ese uno articular y canalizar a quien corresponde. Sería buenísimo y sería un gran logro que se pueda articular de una manera efectiva para optimizar los recursos del Estado para evitar la revictimización de las mujeres, y para darles una solución más rápida, más útil y más efectiva para todos”, observó.
“La decisión ya estaba tomada desde antes de que nosotros interpongamos el escrito. Para mí hubiese sido mucho mejor que nos den un plazo prudencial para poder articular. Creo que esto es una cuestión de humanidad, no era una cuestión ilógica el planteamiento que hicimos junto a la Secretaria de Derechos Humanos. Se llevó adelante el operativo, se desalojó a estas mujeres, y es mucho más difícil articular cuando ya tenemos un problema que era la situación de estas 8 mujeres que estaban sentadas junto a sus niños en el cordón cuneta de la calle”, aseveró el funcionario.
Sobre las acciones llevadas a cabo tras el desalojo, Uldry explicó que ayer se realizó un relevamiento por parte de un equipo interdisciplinario para comenzar a articular medidas, y detalló: “De las 8 mujeres, 2 pudieron reubicarse en casas de familiares y amigos, y 6 en el CIC de Atocha III. Ahora estamos haciendo una ayuda económica para poder paliar la situación y se puso a disposición el ingreso inmediato a los refugios para mujeres víctimas de violencia, al cual no quisieron acceder ellas porque es voluntario”.
Además, resaló que “ellas van aser las primeras que van a ingresar a programa nacional Acompañar, justamente por la situación que han atravesado o que están atravesando algunas de ellas”. Dicho programa prevé el pago de un salario mínimo vital y móvil por seis meses, con la posibilidad de seguir con el programa nacional Potenciar Trabajo.
Finalmente, consultado sobre la situación de base que constituye el problema habitacional, sostuvo: “Esa es una de las grandes deudas porque en toda mujer víctima, o en su mayoría, hay una dependencia económica del agresor”. Es por ello, indicó, que se encuentran trabajando de manera articulada con las autoridades del Instituto Provincial de Vivienda- IPV- y de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado para brindar una solución.
Desalojadas de Los Pinos protestaron en el IPV
Se trata de las ocho mujeres que, junto a sus pequeños hijos, vivieron más de un año asentadas en San Lorenzo. Contrariamente a lo que expusieron funcionarios provinciales, las mujeres aseguran que no fueron asistidas de forma alguna y que decidieron volver al predio ante la falta de respuestas.
Ayer por la mañana, ocho mujeres fueron desalojadas de terrenos que habían tomado en Los Pinos, en el municipio de San Lorenzo, hace más de un año. Junto a sus pequeños hijos, las mujeres – en su mayoría víctimas de violencia de género – instalaron carpas y armaron sus precarias viviendas a la espera de una solución para su problemática.
Finalmente, una orden judicial autorizó el desalojo y, según explicaron las vecinas, posteriormente no hubo ninguna ayuda estatal.
“Nos llamaron diciendo que habían conseguido dos módulos y yo pregunté qué iba a pasar con las otras chicas; en la calle estuvimos deambulando hasta las 21:30”, relató una de las damnificadas.
Así, ante la incertidumbre por la falta de respuestas, continuó, el grupo decidió volver al predio de Los Pinos para resguardarse de la lluvia.
“No teníamos dónde ir pero la policía nos dijo que no podíamos estar en el lugar”, señaló la mujer y añadió: “No nos asistieron, es todo mentira”. Cabe destacar que, esta mañana, funcionarios provinciales aseguraron por este medio que, una vez desalojadas, las muchachas fueron reubicadas en distintos espacios destinados a su contención.
Contrariamente, la vecina aseguró que la situación fue desesperante – con sus hijos a cuestas y algunas pertenencias en medio de la lluvia – y es por ello que decidieron llamar a todos los contactos disponibles para buscar alojamiento. De esta forma llegaron al Centro Integrador Comunitario de San Lorenzo, lugar donde les dijeron – nuevamente – que solo tenían espacio para dos de ellas.
Finalmente, la mujer apuntó que dos de las mujeres se vieron obligadas a volver a las casas de sus agresores ya que, frente al desalojo, los hombres decidieron llevarse los hijos en común. Este mediodía el grupo decidió llevar su protesta al IPV.
“No queremos que nos regalen nada, pero necesitamos un lugar para nuestros hijos”, concluyó.
Fuente: Nacional- Aries
