Escalante manifestó que vive una situación difícil desde 2016, cuando iniciaron los diagnósticos de su hijo. Al no tener obra social, debió pagar todas las consultas a pesar de la ley 7985, de Protección integral de los niños, niñas y adolescentes que padezcan Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) “Este año, a raíz de la pandemia, empezó a tener crisis violentas, de angustia, que son inmanejables. Pedí desde principio de año comunicarme con gente de salud para ver el tema de la atención, no se podía ni siquiera abonando porque solo se estaba avocando a urgencias”, indicó.
La periodista señaló que en el sector público es casi s imposible acceder al tratamiento, porque solo están en el Materno Infantil, y el neurólogo solo da turnos una vez al mes con prioridad de quienes están en tratamiento. Hace poco más de un mes, logró una atención de guardia ante una crisis. El neurólogo que lo trató le expresó que era necesaria una atención permanente para su hijo y la gestión del carnet.
“Hace una semana atrás me llaman, desde la secretaría de Derechos Humanos, diciendo que el papel que presentó de este año que es de la psicopedagoga no me sirve y tengo que presentar el informe de un psicólogo. En Cerrillos no hay, a él no lo puedo trasladar en transporte público y no cuento con vehículo particular. Tengo los diagnósticos anteriores de TDAH y autismo, y me dicen que tienen que ser un máximo de seis meses de antigüedad. Todo esto solo para ir a una Junta Médica, no me garantizan que me van a dar el carnet”, informó.
Ante estas situaciones, es que decidió radicar una denuncia para garantizar que se cumplan los derechos de su hijo.
Además, otra situación fue la educativa: “Todo el año tuvimos problemas también con la parte de educación, con la adecuación de contenidos. Al no tener carnet de discapacidad, tendría que abonar de mi bolsillo una maestra integradora que son aproximadamente $9.000 mensuales”, dijo y remarcó que no contaba con internet ni dispositivos para poder acceder.
“Lo único que pido a los funcionarios es que se pongan en el lugar de los vecinos, porque son quienes los colocaron donde están. Si bien no fueron elegidos por el voto popular, si la persona a la que representan y para la que trabajan”, finalizó.
Fuente: Todas las voces – FM Noticias 88.1 MHz
LS
