Para el legislador, “este es un caso muy grave sobre el que intervino Gabriela Cerrano, ya que en los hechos esta niña está siendo obligada a ser madre porque en la provincia el sistema de salud le ha negado un derecho establecido en el código penal argentino y que es la interrupción legal del embarazo”.
Indicó Del Plá que en la zona de donde es la niña, Anta, todos los médicos se han declarado objetores de conciencia para hacer la práctica y hay una enorme presión sobre la niña para que termine siendo madre, más allá de su propia voluntad, situación que las declaraciones de la secretaria de DDHH tienden a naturalizar.
Así las cosas, enfatizó: “Es muy grave que una funcionaria que ocupa ese lugar tenga esa conducta y esa posición, en línea con el gobierno provincial que no quiere adherir a la última versión del protocolo nacional de interrupción legal del embarazo que da mayores seguridades y demás…Sáenz no quiere que la provincia adhiera”.
Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1
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