Boasso comentó que llevaron el planteo que se recolectó desde la docencia. Realizaron una campaña donde se recolectó decenas de denuncias y un millar de adhesiones. Todas esas posiciones, más las discutidas en Asamblea, se llevó a la reunión que encabezó Gladys Sánchez, directora de la obra social.
“Nos dijeron que el IPS funciona con normalidad, que habían ampliado la cantidad de personas disponibles para atender las líneas rotativas”, dijo y continuó: “Nos dijeron que iban a garantizar lo que le pedíamos. En la charla se traslució de que hubo una tensión entre los prestadores, las clínicas, y el prestatario. Desconozco los detalles, pero era claro que hubo una falta, que no se cumplieron ciertos acuerdos que se habían firmado”.
El delegado indicó que les aseguraron que la situación de los convenios estaría resuelta, con 11 hospitales y 14 clínicas, por lo que las camas estarían aseguradas para quienes los necesiten. Otra circunstancia fue la realización de los PCR: sobre los pagarés, desde el IPS les indicaron que son situaciones de privados y se deben hacer la denuncia a través de las páginas web en el “Buzón de Sugerencias”, con detalles del profesional o lugar donde se buscó hacer un cobro indebido. Por otro lado, los test solo se realizan cuando se ajustan a protocolo, pero con MAS Salud exigen el hisopado para pedir una carpeta médica. La obra social respondió que el problema es de MAS, por lo que se comprometieron a aclarar la situación.
“Básicamente, garantizaron la cobertura de nuestras peticiones. Hay dos puntos importantes que me gustaría tocar. Si hay que hacerse un PCR, si no hay coseguro, solamente van a tener que pagar $300 prorrateado en 12 cuotas. Quienes no tengan la capacidad, tiene que hacer un trámite para que se cubra igual”, señaló. Al consultar sobre las camas disponibles, les respondieron que “solo lo sabe el Ministerio de Salud”.
“Es toda una caja negra donde hay que pedir audiencias para que te den información vaga. ¿Cómo se nos iba a ocurrí que el buzón de sugerencias es el de denuncias? Hay que conseguir que el IPS sea de los afiliados en vez de ser una caja negra donde si no hay presión, no se sabe ni donde denunciar. Esa es la situación”, remarcó Boasso y sostuvo que el responsable de la liquidación de la obra social es Juan Carlos Romero.
Por otro lado, habló sobre la situación de la educación y afirmó que fracasó la continuidad pedagógica por la falta de conectividad y recursos materiales.
En ese sentido, dijo que “había que poner plata” teniendo en cuenta que nada garantiza que el año que viene el contexto cambie, pero remarcó que el Gobierno provincial utilizó los fondos para coartar la libertad de expresión a través de la pauta publicitaria, la cual consideró “un gasto superfluo”.
Fuente: Todas las Voces – FM Noticias 88.1 mHz
LS
