Rivero indicó que la noche que las familias fueron reprimidas, la policía rompió la mercadería con la que contaban y ante esa situación se realizó una campaña de donación. “Eso nos permitió conocer, en vivo y en directo, como vive esta gente que hace tres meses sigue resistiendo. Es una tarea difícil y muy traumática, pero es lo que les queda. Han buscado que el Estado le de alguna salida, pero no les quedó otra cosa que asentarse ahí. Salimos conmocionado, hay 2.800 personas de las cuales más de 800 son niños”, contó. Además, remarcó que la policía está estratégicamente ubicada en los accesos del predio, controlando quienes salen y quienes entran; e incluso fueron fotografiados las personas de las organizaciones de Derechos Humanos que se acercaron al lugar.
“La policía los hostiga permanentemente. La mayoría tiene miedo de salir del asentamiento. Salen tres o cuatro cuadras y son detenidos, interrogados, algunos incluso han sido golpeados. Nos enteramos también de la situación la gente que fue herida esa noche. El señor que tiene 16 balazos de goma en la espalda, todavía sigue con problemas de salud. Ayer tenía un cuadro febril, y pensaron que puede ser por la infección de las heridas. Han hecho una pequeña enfermería, y vamos a llevar cosas de uso común para atender los casos urgentes”, dijo. Las organizaciones habían presentado un amparo colectivo por la represión policial, pero fue denegada por la jueza Virginia Solorzano.
La referente de DD.HH. señaló que hay responsables en el lugar que organizaron de la mejor manera posible la vida en esas condiciones. La mayoría de las personas son trabajadores informales que vieron empeorar su situación socio económica durante la pandemia.
“Remarco lo de los niños. Todos esos que andan llorando por los bebés que no pueden nacer, tendrían que ver cómo viven los hijos de la gente que está excluida del sistema”, manifestó Rivero.
Fuente: Todas las voces todas – FM Noticias 88.1 MHz
LS.
