IFE: Concejal responsabiliza a su pareja y Hossel cobra del Concejo Deliberante de Salta

DDN. En una audiencia inédita por la cantidad de acusados y por su condición de virtual, el juez federal Julio Bavio efectivizó la imputación a 17 concejales y un funcionario por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.  Desde responsabilizar a las parejas, hasta negar el recibo de sueldo de AFIP, fueron algunas de las excusas que se escucharon., no faltó quien dijo que la devolvió, por lo tanto no había delito real. El caso recién comienza y tardará en resolverse en no menos de tres meses.

El fiscal federal Ricardo Toranzos hizo una pormenorizada exposición de las conductas y pruebas en contra de cada uno de los acusados, dando a conocer cuántas veces cobraron el Ingreso Famliar de Emergencia, por qué medio y cuánto figura en AFIP que cobran por sus funciones públicas, además de algunos extras. (ver cuadro)

Asimismo, relató que la causa, tanto la iniciada en la justicia provincial por la fiscal Verónica Simesen de Bileke, como así también en la Federal, se originaron por la investigación de los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda de FM Noticias 88.1.

  Debido a la condición de pandemia y la cantidad de acusados, Toranzos precisó que dividió las acusaciones en tres grupos.  El primero de ellos (éste), comprende a los  que solicitaron el beneficio y lo cobraron, en algunos casos hasta dos veces.  El segundo, incluye a quienes pidieron el IFE, se les otorgó pero no llegaron a cobrar por no definir la forma de pago o dónde cobrarlo.  Y el tercer grupo, incluye a quienes solicitaron el subsidio en cuestión, pero el sistema los rechazó.

Toranzos resaltó que al momento de jurar los funcionarios se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la ley.  Y tipificó la acusación enfraude a la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.  Tras lo cual exigió un embargo de $100.000 a cada uno de los imputados.

En consecuencia el juez Julio Bavio, formalizó la investigación en los términos del artículo 259 del CPP Federal a los 18 funcionarios, en relación al delito de fraude a la administración pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público, tal cual lo había pedido el fiscal.

Concedió un plazo de 90 días a solicitud de la defensa para la producción de prueba de descargo, teniendo en cuenta que efectivamente los imputados propusieron diligencias relacionadas a pedidos de informe, declaraciones y consulta del legajo. 

Para el magistrado el monto del embargo solicitado por Toranzos es “excesivo”, sin embargo y a pesar de no tener una mera multa prevista, consideró que si tiene que “resguardar la indemnización civil y las costas del proceso”, de tal manera que entendió procedente que se trabe embargo, por $60.000 a cada uno, suma que leresultó adecuada y cumple los fines del proceso.

Cabe  destacar que la única ausente en la audiencia fue la concejal de Rivadavia Banda Sur Mónica Visitación Juárez (Partido Felicidad), por lo que se adelantó que la integrarán en una de las próximas audiencias de acusación (faltan dos).
Caso sólido

Previo a resolver, Bavio destacó que “ninguna de las partes ha puesto en tela de juicio las circunstancias fácticas, en el sentido de lo manifestado por la fiscalía”.

Y calificó de “sólido” el caso por “estar sustentado en elementos de juicio documentales, de elevada verisimilitud”. 

Pero para el Magistrado “también es un caso complejo”

“La fiscalía tiene un caso sustentado en elementos de juicio serios toda vez que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tenía un propósito muy claro, que era ayudar a las personas vulnerables en situación de pandemia”, manifestó. 

“El Decreto que así lo dispone es demasiado claro, demasiado claro al establecer quiénes  son los que podían beneficiarse con este subsidio y quiénes no. Es elocuente, es claro.  Menciona con total claridad que no le correspondía a las personas que estaban en relación de dependencia en el sector público y privado”, enfatizó.

Aclaró que el DNU era restrictivo sobre a quién le correspondía: desocupados, personas monotributistas A y B, a los trabajadores de casas particulares, personas muy humildes, de tal manera que fue muy restrictivo y explicó, para que no haya dudas quiénes no podían obtenerlo. 

Bavio, destacó al igual que Toranzos la excepción, que era la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por embarazo o Progresar.  Situación que se presenta en dos casos conforme lo planteó la fiscalía.  Sin embargo, estos casos específicamente tampoco cuestionaron la calificación.

Salvo Paola Cantarella, cuyo defensor el abogado Hernán Mascietti, cuestionó que su representada haya cobrado.

“Teniendo en cuenta que una de las leyes fundamentales  de la función pública y de la política en especial es que está regido por la ética.  Es un deber de los funcionarios públicos regirse por la ética, frente a un DNU extremadamente claro que tenía un fin social debieron haber entendido que era contrario a la ética, a la honestidad, a la probidad, a la rectitud, a la buena fe, percibir este beneficio que no era para los funcionarios que tenían relación de dependencia.  No lo percibieron, por lo que entiendo que existen elementos suficientes”, subrayó el juez; el tiempo que recordó que la ley de ética pública N° 5.188 exige y establece cuáles son los principios, de tal manera que el cumplimiento de esa ley que también rige para Salta.

IMPUTADO/A	PARTIDO	IFE	DIETA	MUNICIPIO	En las PASO fue con:
Melisa Mónica González	Frente Salteño	1 y AUH	$86.826,35	San Lorenzo	GustavoSáenz-Mónica Juárez y Kila Gonza
Franco Marcelo Rafael Córdoba	PJ	1	$34.726	San Antonio de los Cobres	Sergio Leavy-Azucena Salva y Alberto Carral
Luis Hossel	PV	2	Sueldo del Concejo Deliberante de Salta $22.500	Capital
Luis Carlos Coronel	Kolina	1	$35.000	El Carril	Sergio Leavy y Efrain Orosco
Marta Beatriz López	Sáenz Gobernador	1	$40.131	Orán	Gustavo Sáenz- Juan Cruz Cura- Pato Hucena y Pablo González
Gabriela Elizabeth Cazón	PJ	2	$67.568	Aguas Blancas	Sergio Leavy- Baltasar Lara Gros- Javier Tartalo y Sergio Oliva
Leandro Gerónimo Fernan	Salta nos une	2	$17.100	Payogasta	Gustavo Sáenz y Matías Torres
Ricardo Alberto Díaz	Sáenz Gobernador	2	$43.814 integra una sociedad de hecho	Colonia Santa Rosa	Gustavo Sáenz-Juan Cruz Cura-Pato Hucena y María Chalampa
Paola Sandra Cantarella	Movimiento Libres del Sur	1	$23.249	Pichanal	Sergio Leavy-Baltasar Lara Gros-Laura Moyano y Julio Jalit
Nicolasa Maraz	PV	2 y AUH	No tiene registro de cobro en AFIP	Los Toldos	Sergio Leavy-Carlos Ampuero-Francisco Acosta y Virgilio Mendoza
Alexandra Ludmila Borujow	PAIS	2	$31.600	El Quebrachal	Gustavo Sáenz-Luis Sarmiento y Rolando Rojas
Héctor Rogelio Fernández	MUQ (Mov. Unido Quebrachaleño)	1	$21.362	El Quebrachal	Sergio Leavy-Teno García y Nardo García
Nilda Noemí Rojas	PAIS	2	$25.633	El Quebrachal	Gustavo Sáenz- Luis Sarmiento y Rolando Rojas
Héctor Javier Chauqui	PJ	2	$42.522	Angastaco	Sergio Leavy-Eduardo Ramón Díaz y Carlos Ríos
Jimena Antonieta Ordoñez	A.De.Co (Agrupación Democrática Comunal)		$35.300	Aguaray	Sergio Leavy-Alberto Romero-Adrián Rúa y Juan Carlos Alcoba
María del Valle Torres	PJ		$26.900	Rivadavia Banda Norte (Los Blancos)	Sergio Leavy-Mashur Lapad y Atta Gerala
Jesús Ernesto Cuellar	Olmedo Gobernador	2	$50.443,56 más Anses Hogar	Urundel	Alfredo Olmedo-Marcelo Camacho-Norberto Ru y Hernán del Pino
Nancy Valeria Quiroga	PJ		$35.000	Santa Victoria Oeste	Sergio Leavy-Castulo Yanque-Eleudoro Ydiarte y Víctor Quispe

Fue culpa de mi mujer. “Confieso que no me correspondía”

El único concejal que optó declarar fue Héctor Rogelio Fernández, de El Quebrachal, quien relató que fue su pareja quien hizo el trámite, desconociendo él el hecho instantáneamente porque en ese momento, 26 de marzo, estaban separados.

“El 27 me llegó el código de CBU del Nación y ese mismo 27 compré mercadería por poco más de $10.000 y la doné al paraje La Ranchería”, contó el compungido edil.

“¡Desconocía este beneficio! No realicé el trámite, no sé cómo se realiza, fue mi mujer porque yo era monotributista categoría B”, exclamó Fernández.

“Sería incapaz de robarle a mi propio país”, finalizó.

Sorpresa y media

A quien se lo vio sonriente a pesar de la gravedad del hecho fue al concejal mandato cumplido Luis Hosel, quien, fue defendido a ultranza por sus compañeres del Frente de Todos, al decir que su designación en Desarrollo Social era ad honorem, en algunos casos y en otros planteando que aún no había salido.

Ni qué hablar sobre la difícil vida que lleva por ser albañil desocupado en pandemia.

Pero todo el drama se borró cuando el fiscal Ricardo Toranzos anunció que Hosel cobraba aún, según AFIP, del Concejo Deliberante de Salta, en calidad de vaya uno a saber, $22.500.

El abogado del misionero, Fernando Javier Cardozo, argumentó que el delito era abstracto porque Hosel “devolvió” los $20.000.