DDN. El secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, defendió el Decreto 255 que establece las multas y sanciones a quienes no respeten el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia de Covid 19, y que fue cuestionado por organismos de Derechos Humanos por las facultades que otorga a la Policía.
Posadas sostuvo que la cuestionada normativa forma parte de una serie de herramientas para preservar la salud de los salteños en el marco de un contexto nacional y mundial de restricciones excepcionales.
Agregó que se trata de un régimen de infracciones y multas, y que por el mismo no hubo ni hay ningún detenido.
Consideró que quienes cuestionan el decreto no leyeron la normativa porque en la misma se establece que en caso de una detención se da intervención al fiscal y el juez, y se enmarca en un arresto y no una contravención.
Además lamentó que las presentaciones judiciales que se presentaron cuestionado la normativa, han tenido tropiezos porque se plantearon mal los términos procesales y tuvieron que ser encausados hacia la Corte de Justicia de Salta.
Para Posadas todo se ha desvirtuado en la crítica, y puntualizó que le llama la atención que se apunte a un decreto de la provincia que es un apéndice de uno nacional.
Manifestó que en todas las provincias las Mesas de Derechos Humanos han cuestionado las mismas normativas, pero la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla Corti, solo hizo presentaciones contra Salta y Chubut.
Posadas recordó que invitó a distintos sectores de Derechos Humanos a dialogar sobre la normativa pero obtuvo como respuesta que asistirían luego de concretar la presentación judicial cuestionando el Decreto 255.
Por esta razón, consideró que priorizaron la acción judicial antes que el dialogo y esto hace que no se entienda la esencia misma de la norma que tiene que ver con multas e infracciones y no con detenciones.
Para Simesen de Bielke, el DNU 255 es “un decreto inconstitucional desde el punto de vista que se lo viera”
Mientras crecen los reclamos y se pide la derogación del decreto 255, hoy ley, que otorga facultades extraordinarias a la policía, la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, sentó posición y aseguró que es “un decreto inconstitucional desde el punto de vista que se lo viera”.
Inicialmente, la fiscal expresó sobre el cuestionado decreto: “He manifestado mi opinión, cuando todavía no era una ley. Claramente era un decreto inconstitucional desde el punto de vista que se lo viera, porque la Constitución Nacional ha prohibido al Poder Ejecutivo ejercer, primero funciones legislativas, porque tenemos una república con clara división de poderes, pero además de esa prohibición le permite emitir estos Decretos de Necesidad y Urgencia que han sido muy cuestionados en nuestra jurisprudencia”.
“Lo tiene vedado bajo la pena de nulidad absoluta en materia penal, en materia sancionatoria. Y hoy, cuando uno escucha que este decreto se ha convertido en ley, en el cual se le da la facultad a la policía de arrestar sin una orden judicial, no deja de ser una orden de carácter inconstitucional. La única autoridad que puede disponer una orden de detención es un juez”, continuó la Fiscal remarcando también: “Hay un principio, que ya lo ha dicho nuestra Corte Suprema, que es la imprevisión. Se presume que cuando un legislador sanciona una ley, está en conocimiento real de los que sucede. Me llama la atención porque es un claro desconocimiento de la materia constitucional y convencional también”.
Finalmente, enfatizó: “Nosotros, como Estado argentino, estamos obligados a través de diversas convenciones internacionales, y sino el Estado argentino va a ser responsable. Hemos sido declarados responsables por la Corte Interamericana. A uno le llama la atención, por lo menos”.
Fuente: Aries- Sapo de otro pozo/ FM Noticias 88.1 MHz.
