DDN. Presentan un hábeas corpus ante las numerosas denuncias recibidas por la Secretaría de DDHH nacional durante la cuarentena, tras el decreto provincial que otorga más facultades a la Policía.
Ante las numerosas denuncias de abusos de la autoridad y excesos en el accionar policial de Salta, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski, presentaron ante la Justicia de la provincia una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo a favor de los salteños.
Según informaron desde de la dependencia nacional, entre las numerosas denuncias recibidas se cuentan casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el Decreto provincial N° 255/2020, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz a principios de la cuarentena con el fin de evitar la propagación del Covid-19. Pese a las demandas judiciales sobre inconstitucionalidad y las advertencias de las organizaciones de Derechos Humanos de Salta sobre la vulneración de los derechos y garantías de los ciudadanos, el decreto se implementó, no tuvo tratamiento parlamentario y se convirtió automáticamente en ley el pasado martes.
Ahora, los funcionarios nacionales advierten que los hechos descriptos en la presentación judicial no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la Policía y de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud”.
Por tal motivo, la Secretaría solicitó la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Provincial N° 255/2020 y se ordene al Gobierno de Sáenz a adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, y a abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos.
Abel Cornejo propone cambiar el nombre de la Fiscalía de Derechos Humanos
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, concurrió a la Cámara de Diputados de Salta, donde brindó informes y respondió consultas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de otras comisiones. Cornejo presentó un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, e informó que, a partir de la auditoría realizada sobre la Fiscalía de Derechos Humanos, se inició un sumario administrativo al Fiscal Titular de la dependencia.
Convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja provincial, el Procurador General presentó el proyecto de Reforma de Ley N°7839/14 de “Cambio de Denominación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, como se denominó originalmente, en 2004, cuando fue creada.
Brindó información sobre la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos, sobre la cual se realizó una exhaustiva auditoría, que dio como resultado que, de un total de 2065 causas ingresadas a dicha Fiscalía durante todo 2019 y el primer trimestre de este año, se resolvieron solo 97 (es decir, menos del 5% de las causas ingresadas).
De las 2065 causas ingresadas a la Fiscalía, 173 fueron remitidas a otras sedes para colaboración en la investigación, 376 causas fueron remitidas a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el archivo, 735 causas fueron archivadas sin trámite alguno y otras 684, siguen en trámite, sin resolución a la fecha. La auditoría se enmarcó en la decisión del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien dispuso la realización de los controles sobre las 64 fiscalías dependientes del Ministerio Público Fiscal.
Ante las irregularidades detectadas en la de Derechos Humanos, el Procurador dispuso apartar a su titular, Gustavo Vilar Rey, que lo reemplace interinamente otra magistrada, y ordenar el inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio.
En otro tramo de la reunión, Cornejo informó a los legisladores sobre la conformación de distintas unidades especiales destinadas a investigar denuncias contra efectivos de la Policía de la Provincia por distintas actuaciones posiblemente irregulares, maltrato, apremios, vejaciones y otros hechos, además de las investigaciones contra policías que se tramitan en la Unidad de Graves Atentados, por las muertes de Ramón Matías Zárate, Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo, entre otros.
Decreto 255/20
El Procurador también respondió a consultas de los legisladores sobre el DNU 255/20, que otorgó más facultades a las fuerzas policiales; prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien “injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19” y que establece que: “El Jefe de Policía de la Provincia tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida en el presente”. El decreto quedó vigente con fuerza de ley y fue publicado el 30 de junio en el Boletín Oficial. En ese sentido, Cornejo insistió con la necesidad de implementar Juzgados Contravencionales, porque otorgar nuevas competencias a la fuerza de seguridad, constituye un avance sobre lo ya legislado y normado.
En otro sentido, destacó que la formación de investigadores civiles que egresarán del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF, permitirá fortalecer las investigaciones fiscales con el aporte de profesionales informáticos, licenciados en seguridad, abogados, comunicadores sociales, licenciados en criminalística y criminología, trabajadores sociales, psicólogos, contadores y licenciados en administración de empresas.
Recibieron al Procurador, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Jorgelina Suárez (presidenta), Francisco Fabio Rodríguez (vicepresidente), María Silvia Varg, Mario Moreno, Adrián Valenzuela, Manuel Santiago Godoy y Claudio del Plá. Por la comisión de Justicia estuvieron los diputados Gonzalo Caro Dávalos (presidente), Franco Hernández Berni (secretario), Javier Diez Villa y Sebastián Otero. Se sumaron al encuentro las diputadas Socorro Villamayor, Cristina Fiore, Alejandra Navarro, Mónica Juárez, Emilia Figueroa, Laura Cartuccia y los diputados Carlos Zapata, Jesús Ramón Villa y Pedro Sández. También asistieron el secretario legislativo, Raúl Romeo Medina y el prosecretario, Pedro Mellado.
El Fiscal de Derechos Humanos será apartado por no avanzar en las causas sobre abuso policial
El procurador general de la provincia Abel Cornejo mantuvo ayer una reunión en la Cámara de Diputados tras el informe de la Comisión de Derechos Humanos que daba cuenta de numerosos casos de violencia policial que no avanzaban en la justicia. Ante ello, el fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos Gustavo Villar Rey será apartado de sus funciones.
Cornejo expresó que desde que asumió su cargo se realizaron auditorias integrales en el Ministerio Público, que se llevan a cabo de manera constante. En general, el trabajo de los fiscales fue satisfactorio, pero no fue así en la Fiscalía de Derechos Humanos. Las auditorias son de gestión para ver el avance de causas penales, el tiempo que llevan, la llegada a juicio, entre otros aspectos.
“Planteamos que hay que cambiarle el nombre a esa Fiscalía, porque se presta para confusión. Todos los fiscales del ministerio público tienen la obligación de respetar y hacer observar el bloque de garantías del artículo 75 inciso 22 de la Constitución. Todos los fiscales son fiscales de los derechos humanos”, informó.
El procurador consideró que el cambio de nombre de la fiscalía fue “una máscara para poder encubrir o paralizar todas las causas de apremios policiales”, que son numerosas, y para poder justificar el proceder absolutamente ilegal de la policía; además de sostener muchos procedimientos de apremios para realizar investigaciones criminales.
“Hay gente convenida que solo así se puede investigar, y nosotros estamos convencidos de que, si se investiga un delito mediante apremios, la causa es nula. Se debe investigar respetando todas las garantías individuales de proceso penal que tiene una persona imputada. Sin dudas, esa fiscalía estaba en una especie de letargo de la cual la vamos a sacar en los próximos meses”, aseguró.
En el informe que realizó a los diputados, Cornejo dijo que 735 causas fueron enviadas a archivo “sin trámite alguno”, y aseguró que en la Fiscalía había una clara voluntad de no avanzar sobre las causas y por ello realizó el sumario administrativo, además de las dificultades que hubo para realizar las Auditorías.
Otro dato fue que, de 18 investigaciones abiertas en 2019, 9 legajos estaban “en préstamo”. El procurador explicó que el abogado de alguien que esté imputado pide el legajo, se lo lleva para poder entorpecer la investigación. “Son prácticas nefastas que tenemos que cambiar para que eso funcione, y tengo fe en que así va a hacer”, dijo y adelantó que reforzarán todo el personal de dicha Fiscalía, reemplazarán al fiscal a cargo y se iniciará el sumario administrativo correspondiente.
“Los apremios ilegales, mientras no haya una conciencia ciudadanía plena de que son un desastre, la tortura como sistema es un desastre y que se debe investigar con absoluta transparencia y respetando todas las garantías, aparecerán los motes de que eso es garantistas. Si respetar la constitución es ser garantistas, encontraron un procurador altamente garantista”, finalizó.
Fuente: Aries- Nacional
