DDN. A pesar de la violencia de la Policía contra los remiseros en la puerta de la Legislatura, la Cámara Alta sesionó indiferente. Finalmente, se designaron los tres nuevos jueces que propuso el Ejecutivo provincial.
Mientras se desarrollaba la novena sesión ordinaria de
la Cámara de Senadores de Salta, afuera se desataba una represión contra los
remiseros que acampaban en la puerta de la Legislatura pidiendo que se ponga
fin a la explotación a la que se encuentran sometidos por parte de las agencias
propietarias de licencias.
Sin embargo, ningún legislador realizó una mención al respecto, y en el recinto se sesionó como si nada sucediera. Solo el representante por el departamento Guachipas, y secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, se refirió al conflicto de fondo y al pedido de los taxistas de impedir el ingreso de Uber a la provincia, y aseguró que “es un problema de índole nacional y no sólo de la Autoridad Metropolitana de Transporte”.
Pasaron casi tres horas de jornada legislativa para que llegara el momento esperado. La sesión especial para el nombramiento de los tres jueces de Corte propuestos por el Ejecutivo. Luego de las entrevistas y la evaluación de antecedentes por parte de la comisión de Justicia de la Cámara, se aprobaron, como estaba previsto, los pliegos de los dos nuevos letrados que ampliarán la Corte de Justicia de Salta, y un tercero que reemplazará al saliente Guillermo Posadas.
Sólo el legislador del Frente de Todos, Manuel Pailler, se opuso en dos de los nombres propuestos por considerar que se “mezclan” los poderes del Estado y la Justicia por los vínculos existentes. A su vez, recordó que a principio de año había votado en contra del proyecto de ampliación de la Corte, que pasa de tener siete miembros, a nueve.
Sobre la postulante Adriana Rodríguez Faraldo, quizá la menos criticada por ser la que ocupará un puesto preexistente, Silvina Abilés destacó su curriculum vitae y su antecedente en la docencia tanto pública como privada, así como su extenso recorrido dentro del Poder Judicial. “Sin lugar a duda la doctora ha recorrido todos los cargos del Poder Judicial y la conoce acabadamente”, argumentó la legisladora en su defensa.
María Alejandra Gauffín fue una de las objetadas previamente por ser la hermana del ex secretario de Hacienda municipal, Pablo Gauffín, quien es uno de los apuntados como responsable de la emisión de facturas apócrifas desde la intendencia para justificar pagos de obras que nunca se hicieron, con empresas falsas cuya cabeza era el empresario Matías Huergo.
A su vez, Alejandra Gauffín viene de cumplir funciones como secretaria de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y estuvo en el ojo de la tormenta cuando concursó para jueza de esa cámara.
En esa instancia, fue acusada de haber sido favorecida en el examen escrito porque se hizo sobre la base de un fallo que ya se había resuelto justamente en la Sala en donde cumplía tareas. El escándalo mediático que representó esta situación, obligó al por entonces gobernador, Juan Manuel Urtubey, a retirar su pliego a los pocos días de haberlo enviado.
Sobre estos últimos argumentos se sostuvo el voto negativo del representante por el departamento San Martín. “La comisión omitió el pequeño detalle de que esta profesional en el 2017, cuando se presentó a rendir un cargo a jueza, ya antes había recibido el cuestionario del concurso”, manifestó Pailler.
Por último, se aprobó el pliego de Horacio Aguilar, quien se convertirá en juez de Corte a pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos, que lo impugnaron por haber defendido a imputados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, al dueño de la empresa Ledesma, en Jujuy, Carlos Blaquier.
Pailler agregó otras objeciones, dijo que Aguilar “es el abogado personal del gobernador Sáenz y amigo del ex gobernador Urtubey”, por lo que puso en duda su independencia como juez del máximo tribunal salteño.
La ampliación de los integrantes de la Corte, de siete a nueve miembros, no estuvo exenta de cuestionamientos debido al costo que sobrevendrá al levantar una estructura alrededor de los nuevos magistrados, ya que implica una erogación para los nuevos cargos de alrededor de un millón de pesos mensuales por cada uno con su respectivo equipo.
Pero además se objetó el sentido de la oportunidad para presentar y aprobar esta ampliación, ya que el Ejecutivo provincial ingresó el proyecto de ampliación en plena emergencia socio sanitaria por la muerte de niños wichis en el norte provincial. Ahora, en medio de una crisis económica y sanitaria que atraviesa Salta por la pandemia del coronavirus, se aprobaron los pliegos que designan a esos nuevos jueces.
Pedido para reabrir escuelas
rurales
Se elevó al Ejecutivo provincial un pedido para que se reabran las escuelas rurales y se retomen las clases cuanto antes. La solicitud de los legisladores está vinculada a la falta de inclusión y de igualdad en cuanto a la posibilidad de acceso a internet y de la educación virtual en los parajes del interior.
Todos los senadores acordaron que, debido a la situación epidemiológica de Salta, sin circulación viral autóctona en la mayoría de los municipios, los niños de escuelas rurales podrían volver a las clases presenciales con los protocolos y cuidados correspondientes.
A su vez incluyeron en sus alocuciones la necesidad de avanzar en la inclusión digital para toda la población, ya que este semestre desenmascaró la desigualdad existente entre las grandes ciudades y las pequeñas localidades del interior, donde es imposible el acceso a internet y el uso de telefonía móvil, dificultando el dictado de clases de manera virtual.
Cornejo llevó su cacerola
Como todos los jueves, Guillermo Durand Cornejo, en busca de protagonismo, se sumó a las polémicas nacionales y defendió en este caso, la libertad de empresa y la propiedad privada.
Con su mirada abiertamente anti estatista, aprovechó la sección de homenajes, para sumarse al coro de caceroleros que repudia la intervención del Estado Nacional en la empresa santafecina Vicentín.
El legislador provincial utilizó los mismos argumentos que los representantes de la Sociedad Rural o la Unión Industrial. Indignado, denunció la “intromisión” del Gobierno Nacional en asuntos privados e “individuales”, y defendió la “libertad de empresa”.
“Después de esto van por su banco, por su campo, su negocio, señor presidente”, le dijo al vicegobernador, Antonio Marocco.
Más tarde hizo una férrea defensa de los derechos individuales y arremetió contra la decisión del Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia de disponer límites horarios para realizar actividades gastronómicas y sociales hasta las 24.
Y nuevamente, junto a los que denuncian una “infectadura” por parte de los epidemiólogos que aconsejan al jefe de Estado y al gobernador, declaró, “no sea que nos salga el enano fachista de impedir nuestra libertad de circular”.
“¿Dónde está el virus? ¿o acaso quien gobierna la provincia es el COE?”, se preguntó más adelante, al defender el proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo el retorno a clases presenciales de las escuelas rurales en la provincia.
“Había 5 detenidos dentro de la legislatura y la policía los estaba golpeando”
Así lo aseguró el periodista Samuel Valdivieso que fue una de las víctimas de la represión de policial mientras hacía la cobertura de la protesta de remiseros frente a la legislatura. Denunció que la policía llevó a más de 5 remiseros hasta la legislatura y allí los golpearon. “Uno de los remiseros me dijo: “les están pegando al costado, fíjate” y ahí es donde trato de ingresar. Ahí es cuando uno de los efectivos mandó a una femenina a que me saque”, contó.
Sobre la protesta el periodista relató: “Lo que hicieron fue querer poner unos neumáticos y prenderlos, después uno de ellos se estaba tirando combustible para prenderse fuego y ahí es donde lo agarran y también lo meten dentro del palacio legislativo”
Al consultarle si los senadores estaban en el recinto respondió: “Sí, sí, estaban adentro (los senadores) y más de 5 detenidos estaban dentro del palacio legislativo y la policía los estaban golpeando”.
“No sé
si pudieron ver, pero hoy un video de calles Leguizamón y Balcarce donde tres efectivos de la policía estaban
golpeando a un trabajador del volante”, añadió Valdivieso.
“Antes de ser reprimidos, en una de las ventanas (de la legislatura) que da a la calle, corrieron las cortinas y se ve a una persona cómo se burlaba de los remiseros”, contó el periodista y aseguró que la protesta que llevaban adelante los trabajadores del volante era pacífica, desmintiendo las versiones de que intentaron ingresar al palacio legislativo por la fuerza.
El periodista dijo que los detenidos, luego de ser golpeados en el Palacio Legislativo, fueron trasladados a la comisaría 1ra. “Un auto que presta servicio como remis, como el chofer no estaba en ese lugar y en ese momento porque estaba detenido, fue secuestrado, así que el vehículo está en el canchón y el propietario en la comisaría”, aseveró.
“Las vallas no estaban bien colocadas y yo ingresé para tratar de tomar una mejor imagen y mostrar cómo estaban golpeando atrás de las paredes que están a un costado de la legislatura”, relató Valdivieso.
“Se viralizó el video donde se ve que uno de los policías empieza a empujarme para sacarme del lugar y comencé a ver que empezaron a armar cuentas truchas, que uno los ve y son cuentas que no tienen fotos de personas sino imágenes de caricaturas, que hablan mal del periodismo”, respondió al ser consultado sobre si recibió algún pedido de disculpas de parte de las autoridades provinciales.
“Yo me quedé hasta el final. También agredieron a un periodista de Canal 11. También estaba queriendo filmar y comenzaron a empujar”, afirmó.
“Los remiseros dicen que esta mañana (por ayer) se comunicó el vicegobernador para decirles que iba a tratar de darles una solución pero que después no lo volvieron a ver, pensaron que iban a tener una solución antes de las 14hs y es por eso que habían tomado la decisión de manifestarse y cortar las calles”.
“Si se puede circular por la calle Mitre es porque a los trabajadores del volante les dijeron: “Si ustedes siguen acá protestando es porque se están resistiendo a la autoridad, entonces vamos a comenzar a guardarlos porque se están resistiendo a la autoridad y los autos que no son quitados de la calle van a quedar secuestrados”, expuso Samuel Valdivieso.
Sobre la censura a la prensa dijo: “Había personas de otros medios a los que no dejaron trabajar, trataban de que no mostráramos las imágenes y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que la policía nos sacaba fotos”. “Los remiseros nos decían que nos tapemos la cara: “Periodista, subansé el barbijo, los están marcando, periodistas, tapensé la cara. A nosotros nos vienen sacando fotos desde el primer día que estamos acá, por eso agarraron a los que tienen que agarrar”, contó.
“Ellos en todo momento decían: “estamos arrepentidos de haberlo votado a Sáenz, nos traicionó, nos buscó y ahora nos dio la espalda, en ningún momento se acercó”, otros nos decían: “Se fue a buscarnos a las remiseras, se acercaba a nosotros y nos iba a buscar para que le busquemos gente y mirá ahora”. Había un señor diabético al que le habían golpeado la cabeza y tenía un golpe en las costillas y él lleva 30 años trabajando”.
APeS repudió el accionar de la
Policía de Gustavo Sáenz
A través de un comunicado, la Asociación de Periodistas de Salta manifestó su más enérgico repudio al maltrato y las amenazas sufridas por los periodistas Samuel Valdiviezo (Todo Salta) y Marcelo Montenegro (Telefé Salta) en manos de la Policía de Salta.
Valdiviezo y Montenegro se encontraban realizando la cobertura de la protesta de taxistas y remiseros en la puerta de la Legislatura, es decir la casa del pueblo, cuando fueron apremiados ilegalmente por miembros de las fuerzas de seguridad.
“Este hecho, además de reflejar un abuso policial, constituye un acto de censura previa, que impide a los trabajadores de prensa desarrollar su labor, y atenta contra del derecho a la información de toda la población”, sostuvo la Asociación.
Ante las reiteradas situaciones de violencia que
vienen sufriendo en el último tiempo trabajadores de prensa en toda la
provincia, APeS exigió la inmediata identificación y sanción de quienes dieran
las órdenes y ejecutaran tal represión. “Esta semana el periodista de Isla de
Cañas Eulogio Aramayo fue agredido a golpes por informar sobre la falta y el
estado de las ambulancias en la localidad”, agregaron.
Además, la Asociación expresó que estas situaciones evidencian la urgencia de crear una Comisión de Seguimiento de Amenazas y Persecución a Periodistas, lo cual ya fue planteado al Presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat.
“Por todo lo antes dicho, exigimos seguridad y políticas públicas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, que se investiguen los hechos hasta identificar a los responsables políticos y que el gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Ruberto Sáenz garantice los derechos de informar y de ser informados, derechos amparados por nuestra Constitución que el Gobierno tiene el deber de hacer respetar”, finalizó el comunicado.
Reprimieron a los remiseros que
acampaban frente a la Legislatura
La Policía de Salta desalojó con gases lacrimógenos, balas de goma y de pintura a trabajadores que llevaban adelante su tercer día de protesta en reclamo de que las licencias sean para ellos y no para las agencias.
Luego de tres días de acampe y corte de calle frente a la Legislatura, la protesta de los remiseros tuvo su peor final al arremeter violentamente la policía contra ellos, dejando el saldo de 7 trabajadores detenidos, que además sufrieron agresiones físicas, dos policías heridos y dos periodistas también con heridas.
Los choferes de remises se habían movilizado el martes con el pedido puntual de que se cambie la metodología y que las licencias sean otorgadas a los trabajadores y no a las agencias de remises, tal como sucede ahora. El reclamo se origina porque denuncian que son explotados por las 53 remiseras que existen en la Capital, que les cobran un canon diario para permitirles trabajar con sus licencias.
Pasadas las 14, los trabajadores intentaron prender un neumático sobre la calle Mitre, como parte de la protesta. Entonces efectivos de la Policía de Salta, que hasta el momento rodeaban el lugar, pero no intervenían, avanzaron y se produjo una serie de empujones con los remiseros. Los policías ordenaron el desalojo inmediato de los más de 30 remiseros que se manifestaban. “Súbanse a la vereda”, les ordenaron, los remiseros respondieron que estaban en su derecho de protestar. “Que dé la cara que para eso lo hemos votado”, gritaban también los trabajadores reclamando la presencia del gobernador, Gustavo Sáenz.
Los efectivos armaron un cordón e hicieron que los trabajadores se subieran a la vereda. Luego llegó un escuadrón de la Brigada de Infantería con armas con balas de pintura y empezaron a perseguir a los trabajadores en la plaza y alrededor de ella.
Las detenciones también se produjeron sobre la calle Leguizamón, al costado de la Legislatura, donde un trabajador que filmaba una detención en la que se veía a tres policías sobre un manifestante, también fue aprehendido al grito de “demoralo, demoralo”. Su detención fue grabada y aunque ya no se podía ver la imagen, solo se escuchaba la voz del remisero que decía que era “solo un trabajador” y de una mujer que afirmaba: “él no estaba haciendo nada”.
Siete remiseros fueron detenidos bajo la acusación de “coacción agravada, resistencia a la autoridad, daños calificados y lesiones en perjuicio del personal policial”. Fueron identificados como Joel Salvador, Juan Vega, Hugo López, Francisco Flores, Martín Cruz, Marcos Ángel José Carabajal y el secretario general de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (UCRAS), Sergio Salinas. Primero fueron llevados al interior del edificio legislativo, donde estuvieron un tiempo hasta que fueron trasladados a la Alcaidía de la Ciudad Judicial, en la zona norte de la ciudad. Actualmente, todos los detenidos se encuentran incomunicados
Salinas envió un mensaje de audio a los medios desde el Hospital San Bernardo y afirmó que “son siete los remiseros detenidos”. “Enseguida seguro nos van a quitar el celular”, sostuvo. En el audio, de 31 segundos, contó que los “revisaron en contraventores” y “uno de los compañeros tiene toda la cara desfigurada”. Dijo que éste “se desmayó allá donde revisa el médico legal de la Ciudad Judicial y ahora nos trajeron (al hospital) para que nos revisen porque estamos todos golpeados”. “Enseguida nos vuelven a llevar”, indicó.
El titular de UCRAS afirmó que los “reprimieron, nos pegaron, nos dieron balas. Una pena, la verdad, una pena lo que han hecho con nosotros porque somos trabajadores no delincuentes”, subrayó. “Eso les puedo decir porque ya enseguida me quitan el celular”, finalizó Salinas, quien luego quedó efectivamente incomunicado.
Según el informe que dio la Policía de Salta pasadas las 21, la orden de desalojo se dio bajo la figura de flagrancia. Intervino el Juzgado de Garantías 4 y la Fiscalía Penal 2. En un parte de prensa la Policía indicó que la represión se debió debió a que los trabajadores arrojaron pirotecnia contra el edificio legislativo e intentaron “obstaculizar la circulación de calle Mitre quemando neumáticos frente a la Legislatura Provincial”. No obstante, el tránsito ya estaba cortado desde el martes pasado.
La Policial dijo que, tras la negativa a levantar la protesta, se “originó el procedimiento bajo flagrancia” donde intervinieron distintas unidades especiales de la Policía. Bomberos “sofocó el foco ígneo generado en el lugar con neumáticos”. Entre los policías había quienes no estaban identificados, pero no fue el caso del comisario mayor Ricardo Mendoza, quien se identificó y gritó ante los remiseros que “el operativo está avalado judicialmente”. En tanto desde el Gobierno provincial no se emitió ningún comunicado al respecto.
En los sucesos también resultaron heridos dos policías y uno de ellos permanece internado tras sufrir traumatismo con un golpe en la cabeza y una herida cortante en boca, según consignó la Policía. Sobre los remiseros detenidos, no especificaron si estaban heridos o no.
Sí afirmó la Policía que entre los detenidos está “la persona que habría arrojado la baldosa con la que resultó herido uno de los uniformados”. La Policía secuestró un vehículo, once neumáticos, combustible y elementos de pirotecnia.
También los periodistas
En la represión también hubo maltratos y amenazas a los trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar. En este caso, los periodistas Samuel Valdiviezo, del medio Todo Salta, y Marcelo Montenegro, del canal de televisión local Telefé, fueron agredidos y amenazados por parte de integrantes de la Policía de Salta.
Los trabajadores de la prensa se encontraban realizando la cobertura de la protesta. Valdiviezo contó que “ellos (los remiseros) estaban pacíficamente primero y después quisieron prender unos neumáticos y ahí es donde la Policía comenzó a reprimir”. Luego, comenzaron a “usar gases lacrimógenos, después hubo disparos de balas de goma y ahí hubo un enfrentamiento entre la Policía y los remiseros”.
El periodista quiso ingresar al edificio legislativo para tener una mejor vista de lo que estaba sucediendo, pero fue sacado violentamente por una oficial de Policía. “Yo ingreso para tratar de tener mejor imagen y mostrar cómo estaban golpeando al costado de la Legislatura”, contó a la radio local FM Noticias. “Los metieron ahí”, señaló el periodista, quien se mostró preocupado por esta acción.
La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) repudió este hecho y afirmó que “además de reflejar un abuso policial, constituye un acto de censura previa”. La entidad sostuvo que se impidió a la prensa realizar su labor y se atentó contra el derecho de la información de toda la población.
APeS exigió “seguridad y políticas públicas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa”. Pidió que se investiguen los hechos ocurridos “hasta identificar a los responsables políticos”. Solicitó que el gobierno provincial “garantice los derechos de informar y de ser informados, derechos amparados por nuestra Constitución, que el Gobierno tiene el deber de hacer respetar”.
Por otra parte, la Liga de Derechos Humanos de Salta repudió la represión “llevada a cabo por la Policía del gobernador Gustavo Sáenz, bajo las órdenes del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro”. Señaló que hubo policías sin identificación y el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y pintura.
La Liga reclamó la liberación inmediata de los detenidos y exigió que se deje de “criminalizar el reclamo de los derechos de los trabajadores”.
El Senado aprobó el pliego de Aguilar como Juez de Corte
Ayer el Senado aprobó los pliegos de los jueces propuestos por el gobernador Gustavo Ruberto Sáenz, para completar la Corte de Justicia. Entre ellos estaba el de María Alejandra Gauffin, hermana del ex secretario de hacienda municipal Pablo Gauffin, quien presentó su renuncia cuando salió a la luz la investigación por facturas apócrifas en la Municipalidad y el de Horacio Aguilar, quien además de haber sido abogado del ex gobernador Juan Manuel Urtubey y del actual mandatario Gustavo Ruberto Sáenz, lo fue de Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma en Jujuy, en las causas por delitos de lesa humanidad.
Ante esto, Cristina Cobos, miembro de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet que fue una de las 3 asociaciones que impugnó el pliego de Aguilar, explicó que la impugnación que presentaron se funda en que el ahora juez de Corte “tiene vínculos estrechos con la política y el poder durante toda su trayectoria”, cuestiones incompatibles con el cargo que ahora ocupa. “Presentamos la impugnación porque entendemos que no satisface los requisitos de idoneidad e independencia, necesarios que tiene que tener un Juez para el desempeño de un cargo”, expuso la referenta de derechos humanos.
“(Aguilar) Es amigo del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, fue abogado, o sigo siendo, del actual gobernador, asumió la defensa de Carlos Pedro Blaquier, un empresario jujeño presidente del Ingenio Ledesma, acusado por delitos de Lesa Humanidad, en una causa en la que él ya había actuado como Juez”, expuso Cobos.
“Yo no creo que se vaya a transformar por estos momentos, al asumir como Juez, y cuando tenga causas que afecten directa o indirectamente a estas personas, que son sus amigos, lógicamente ponemos en duda cuál va a ser la postura de él como juez”, planteó.
Sobre la trayectoria de Aguilar, Cobos recordó que “fue el primero en darle prisión domiciliaria a Joaquín Guil”. Guil fue el ex Director General de Seguridad de la dictadura y está condenado en causas de delitos de lesa humanidad.
Solo un senador cuestionó los
nuevos nombramientos en la Corte
Manuel Pailler se opuso a los pliegos de Gauffín y Aguilar. “Sé que el voto negativo será en soledad”, dijo el legislador.
Los pliegos que designaron a Adriana Rodríguez Faraldo, Horacio Aguilar y María Alejandra Gauffín como nuevos jueces de la Corte de Justicia de Salta fueron aprobados por amplia mayoría en el Senado. Solo uno de ellos se opuso.
“Sé que el voto negativo será en soledad”, dijo Manuel Pailler en el recinto de la cámara alta. El representante del departamento San Martín rechazó los nombramientos de Gauffin y Aguilar argumentando cuestiones republicanas y democráticas.
El legislador no puso en tela de juicio la capacidad e idoneidad de los letrados propuestos por Gustavo Sáenz para llegar al máximo órgano justicia, pero recordó que la doctora Gauffin protagonizó un escándalo en un examen judicial, mientras que Aguilar “es abogado personal” del Gobernador.
“Una de las características que deben tener los jueces de la Corte es la independencia del poder político”, sostuvo Pailler.
Fuente: Salta 12- Sapo de otro pozo/FM Noticias 88.1 MHz- Nacional- Profesional
