DDN. En Tartagal los menores judicializados conviven varones y mujeres en condiciones de hacinamiento. Piden además la liberación de la dirigente feminista Irene Cari.
La docente Cynthia Vuistaz, miembro de organizaciones que luchan por los derechos de la Mujer en Tartagal, denunció que en los dispositivos que deben atender a los menores judicializados en el norte provincial se cometen todo tipo de abusos y maltrato. Señaló además que ella viene denunciando la situación desde hace años, sin haber sido escuchada hasta ahora.
Vuistaz denunció concretamente a Graciela Marañón, jefa del Programa de Gestión y Supervisión de Sistemas Alternativos, que depende de la Dirección General de Niñez y Familia; y a Ana Gloria Pastrana, jefa de Programas de Centros de Desarrollo. ambas funcionarias del desaparecido Ministerio de Primera Infancia.
La dirigente denunció que en el lugar donde están alojados los menores judicializados están hacinados, casi no tienen servicios, y conviven varones con mujeres. Contó incluso que algunos ni siquiera fueron escolarizados.
En el caso puntual de la menor involucrada en la detención de la presidenta del Foro de Mujeres, Irene Cari, contó que la niña está judicializada desde hace 7 años porque había sido víctima de abusos en el seno familiar. La menor pasó por varios dispositivos de Salta, Salvador Mazza y Tartagal, hasta que recientemente fue derivada en Salta Capital a un centro destinado a chicos con problemas psiquiátricos, pese a que ella no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica.
Desde ese lugar la menor se fugó el sábado pasado, y pidió ayuda a la presidenta del Foro de Mujeres de Salta, a quien le contó los abusos que venía sufriendo en el sistema. A partir de esas denuncias, Irene Cari llamó al 911 y trató de realizar la correspondiente denuncia, pero recorrió varias comisarías y en ninguna se la quisieron recibir.
Finalmente, la jueza de menores, sin escuchar a la niña, ordenó su inmediata detención, y ante la intervención de Irene Cari ella también fue golpeada y detenida. Furiosa con esta situación, Vuistaz denunció que con este accionar la Justicia salteña le hace sentir a los niños que son delincuentes, cuando en realidad ellos son víctimas.
Por otra parte, la diputada nacional Lía Verónica Caliva demandó la liberación de la dirigente Irene Cari, la que en su opinión se produce en un contexto de una escalada de violencia y excesos policiales en toda la provincia. Mencionó como ejemplos un incidente ocurrido en General Güemes, adonde una niña terminó herida en un ojo con una bala de goma; o una experiencia personal que le tocó vivir Camino a La Isla, cuando pese a identificarse como diputada nacional, los policías la maltrataron y obligaron a descender de su vehículo para mostrar sus credenciales.
Finalmente, la legisladora nacional pidió que se declare inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 255/20 del gobernador Gustavo Sáenz, que va en contra de la doctrina de seguridad que se pregona desde la Nación. Agradeció además el apoyo de más de 20 diputadas y diputados nacionales que se solidarizaron con esta situación.
Fuente: Profesional
