DDN. El diputado oficialista Germán Rallé, se refirió al proyecto que busca ampliar la Corte de Justicia y pasar de 7 a 9 miembros. Aseguró que tiene como objetivo acelerar los procesos judiciales, pese a que ésta no suele intervenir en las causas de civiles, sino más bien, en cuestiones constitucionales y políticas.
En medio de un escenario de crisis y ante la necesidad de recortar el gasto público, el legislador comentó que el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, aseguró ante el recinto que esta modificación no repercutirá en la partida presupuestaria ya que la misma se sostendrá o que sería muy poca la variación. “No es algo importante que vaya en contra de todo lo que venimos sosteniendo. El tema de la contención del gasto público, de los recursos, el tema del congelamiento de los sueldos”, acotó.
“Nos parece óptimo modificar la ley 5642 porque la idea es lograr un dinamismo en la justicia. Hoy cada causa necesita ser resuelta en la Corte necesita, por lo menos, un tiempo mínimo de un año, la justicia no está llegando en la rapidez que lo que tiene que hacer”, argumentó Rallé.
Al plantearle que las demoras judiciales suelen estar en la etapa investigativa y que, en general, la Corte se expide sobre cuestiones políticas y constitucionales, Rallé respondió: “La Corte entiende algunos procesos económicos, algunos juicios civiles que también afectan a algunos ciudadanos comunes”.
Sin embargo, el diputado abrió el paraguas diciendo: “Más allá que hoy modificar el número de la Corte pueda parecer como que se está queriendo hacer una coraza para proteger el sector político, nosotros creemos que la idea de aumentar el número de miembros de la Corte es armar distintas salas de trabajo”.
Moratoria Provincial
Rallé también se refirió al proyecto que busca lanzar una moratoria de deudas públicas atrasadas hasta el 31 de diciembre de 2019, con el objetivo de facilitar que los pequeños comerciantes y PyMEs puedan ponerse al día
“También hay una parte importante que es premiar al cumplidor. Quien demuestre un efectivo cumplimiento hasta determinada fecha va a tener una compensación en los montos para el próximo periodo”, anunció el diputado por Güemes. El beneficio podría alcanzar descuentos del 10% y hasta el 15% según sea el caso.
“Para nosotros es importante dar las herramientas para que la provincia pueda recaudar más, darles la posibilidad a las pequeñas empresas, a las PyMes, al monotributistas para que puedan cumplir sin agobiarlos ni asfixiarlos desde el Estado. Por otro lado también, facilitarles el ingreso al sistema, porque hoy cada pequeño emprendedor tiene que estar en AFIP y en Rentas”, planteó Rallé.
Además, el diputado aseguró que de lo recaudado por la moratoria, se destinarán 60 millones de pesos que serán destinados al impulso de las PyMEs. Los fondos serán administrados por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía. “La idea es también articular con la Tarjeta Social, que el consumidor trate de comprar productos salteños, potenciar las empresas locales. Y ese flujo que van a tener por año quede en la provincia y no se lo lleven las empresas multinacionales.
Ampliación de la Corte de Justicia: “Una coherente decisión a favor del justiciable”
Así lo señaló el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Ucasal, Eduardo Romani, sobre el proyecto para sumar dos ministros a la Corte salteña. Según analizó, la iniciativa permitirá “alcanzar un tribunal genuinamente imparcial y eficaz”.
A 50 días de la asunción del Gustavo Sáenz, estaba previsto que este jueves iba a ingresar un proyecto de ley para modificar la estructura de la Justicia de Salta. El mismo buscará que la Corte local se amplíe y pase de siete integrantes a nueve. Al respecto el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, Eduardo Jesús Romani, se refirió sobre la iniciativa, con un comunicado titulado “Una coherente decisión a favor del justiciable”.
En el texto, Romani asevera: “La independencia del Poder Judicial es una condición indispensable para la existencia de un estado democrático de derecho. Sólo cuando existe independencia judicial, los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad y de legalidad sobre los actos de gobierno, que es una de las funciones más importante de la democracia”.
Del mismo modo, puntualiza que uno de los debates de mayor trascendencia en lo que respecta a la administración de justicia “es la organización del Poder Judicial y de su Corte de Justicia, como así también los miembros que la componen”.
Dicho esto, analiza que la Corte de Justicia de la Provincia de Salta “está compuesta por siete miembros (uno de los cuales la preside). No se encuentra dividida en salas temáticas. Sin perjuicio de la actual integración, la Constitución de la Provincia no establece el número para su conformación, solamente refiere a que debe estar compuesta por un número impar de jueces establecido por ley, y demás tribunales inferiores fijándoles su jurisdicción y competencia”.
“La sociedad argentina sigue sin definir el perfil de Corte que dé respuesta a las necesidades de su población. Un remedio aparente ha consistido en dotarlas de secretarios y relatores que auxilian a los jueces titulares. Sin embargo, tal solución no es satisfactoria: lo correcto es que los expedientes puedan ser leídos y decididos con cuidado, y personalmente por los jueces titulares de la Corte Suprema, proeza difícil por la cantidad de pleitos. Para lograr este objetivo, es congruente la propuesta de ampliación del número de los Ministros de Corte, los que claramente resultan insuficientes respecto de la cantidad de causas que llegan a dirimirse en ese ámbito, trayendo el proyecto aparejada una justicia más ágil, con respuestas eficaces y transparentes, en claro beneficio del justiciable y la sociedad en su conjunto”, explica el decano.
Fallo sin justicia
También agrega que “lo apuntado en lo que respecta a la composición de la Corte es alcanzar un tribunal genuinamente imparcial y eficaz. En este aspecto, sobre el que hay una fuerte y apremiante demanda por parte de la comunidad, valoro esta iniciativa, en el entendimiento que la Justicia no debe ser entendida como un gasto del estado, sino como una inversión a favor de la sociedad que así lo demanda, en aras de la Paz social. En suma, el aumento de miembros de la Corte de Justicia de Salta, se produce en un momento histórico donde la ciudadanía reclama una fuerte presencia del Poder Judicial. El Valor Justicia que solo puede preciarse de tal, lo encontramos si se materializa en tiempo útil”.
Para finalizar, Romani dice: “De nada sirven piezas jurídicas sesudas e impolutas si solo servirán para engordar anales de jurisprudencia y egos particulares. Salta hoy necesita, no solo de Magistrados probos, sino que sean proactivos y ágiles. Los tiempos de la Justicia es uno de los grandes desafíos del presente. Es conocido y real el dicho popular de que ‘la Justicia lenta no es Justicia’”.
NdR: Las expresiones de Romani se dan en el marco de los rumores respecto a que él reemplazaría a Pedro García Castiella en la Secretaría de Justicia de la Provincia.
Fuente: Nacional- Informate Salta
