DDN. Son aquellas que, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), muestran mayor rigidez presupuestaria porque destinan mucho porcentaje de sus ingresos al pago de personal, y menor autonomía en sus finanzas, porque la coparticipación y las transferencias no automáticas ocupan una parte clave de sus recursos.
La provincia de Mendoza destinará 46,6 pesos de cada 100 pesos de ingresos para el pago de remuneraciones en 2019. Es el distrito, de entre el grupo de provincias que presenta la combinación más parecida entre Altos Ingresos y Alta Densidad poblacional, que más dinero de sus ingresos usará para el gasto en personal, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Dentro de ese mismo lote de provincias le siguen CABA y la provincia de Buenos Aires, con un 44,3% y un 43,5%, respectivamente, de sus ingresos destinados al pago de salarios estatales.
El trabajo del IARAF difundido hoy se basa en el análisis de las Leyes de Presupuesto para el año 2019 de las provincias que las han publicado. En este caso, el estudio abarcó a 16 jurisdicciones que presentaron información actualizada: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero. Las provincias consideradas dan cuenta de casi el 82,5% del sector público provincial consolidado, considerando el gasto primario, aclaró el centro de estudios.
El IARAF estudió cuatro indicadores relacionales: el gasto en personal como porcentaje de los ingresos; el gasto de capital como parte del gasto primario (o sea sin contar el pago por servicios de deuda; lo que representa la coparticipación como parte del ingreso total y lo que implican las Transferencias No Automáticas (TNA) dentro del Ingreso Total. A su vez, esos 16 distritos fueron agrupados en cuatro grupos de provincias según la combinación entre Ingresos y población: Altos Ingresos – Alta Densidad (AI-AD), Altos Ingresos – Baja Densidad (AI-BD), Bajos Ingresos – Alta Densidad (BI-AD), Bajos Ingresos – Baja Densidad (BI-BD).
Lo que se observó con Mendoza en el grupo AI-AD, ocurre con Río Negro, por ejemplo, en el grupo Altos Ingresos – Baja Densidad (AI-BD), donde el distrito que hoy concurre a elecciones para gobernador, lidera el ranking con el mayor indicador, donde más de la mitad de sus ingresos son destinados al gasto en personal (54,6%). En ese mismo lote le sigue Neuquén, con 52% de sus ingresos destinados al pago de haberes de empleados públicos y no hay datos de Santa Cruz, Chubut, San Luis, Tierra del Fuego y La Pampa. Jujuy, otra provincia que, como Mendoza, es gobernada por Cambiemos, lidera el uso de ingresos para gastos en salarios de personal del grupo de distritos que presentan Bajos Ingresos y Alta Densidad poblacional, (BI–AD), que componen también Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Tucuman.
La provincia gobernada por el radical Gerardo Morales usa 54,5% de sus ingresos para el gasto de salarios de empleados públicos, seguida de Entre Ríos y Corrientes, con 45,7 y 38,9%, respectivamente. Entre las provincias del cuarto grupo clasificatorio del IARAF, con Bajos Ingresos y también baja Densidad Poblacional, (BI-BD), la que más gasta de sus ingresos en salarios es La Rioja, que destinará el 53,1% de sus recursos para pagar los sueldos del personal, seguida muy de cerca por Salta, que usará el 53%. Este lote de distritos está integrado, además, por Formosa, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero.
El documento recuerda que la partida del gasto en personal es la “principal erogación a este nivel de gobierno”. Y advierte que, en la práctica, se considera que el gasto en personal es “un rubro inflexible a la baja, ya que su ajuste se encuentra políticamente restringido”. Por eso a través del indicador Gasto en Personal / Ingreso Total se analiza la “rigidez presupuestaria de cada jurisdicción, ya que mide el porcentaje de ingresos que está comprometido a cubrir el principal gasto que tienen las provincias”. El IARAF concluye, como observación general, que “todas las provincias evidenciarán un nivel de rigidez presupuestaria superior al 35%”.
Obra pública
El trabajo del IARAF también construye otro indicador, al cruzar lo que cada distrito gasta en obra pública (gasto de capital) con su gasto primario total, es decir como porcentaje de las erogaciones del gobierno excluyendo los pagos de interés de deuda. Aquí también el IARAF se vale del mismo criterio para agrupar a las provincias, según la combinación entre Ingresos y habitantes por kilómetro cuadrado (densidad).
“Se puede apreciar que en todas las provincias analizadas la participación de este componente del gasto sería inferior al 25% para 2019, con excepción de Santiago del Estero (40,3%) y San Juan (25,4%), que reflejan los valores más altos de la muestra. En el grupo de AI – AD, Buenos Aires presentó el menor valor del indicador con apenas el 6,3% de sus gastos primarios explicados por la obra pública, a pesar de ser la provincia que más dinero presupuestó en esta partida en valores nominales. Dentro de las provincias de AI – BD, se destaca el caso de Neuquén, donde de cada $100 gastados $13,8 se destinarían al gasto de capital. Entre Ríos realizaría erogaciones en concepto de obra pública que equivalen al 9,1% de sus gastos primarios, constituyendo el menor ratio del grupo BI – AD. Por último, La Rioja asumiría un indicador de 8,1%, el menor del grupo BI – BD”, dice.
Autonomía de las finanzas de cada provincia
El trabajo del IARAF aborda también la cuestión de cuánto representa la coparticipación y las transferencias no automáticas en las finanzas públicas de cada provincia, es decir como porcentaje, en ambos casos, de sus ingresos totales. Según el centro de estudios, este indicador es ilustrativo de la “autonomía” de cada administración respecto de los recursos que le llegan del poder central. “Respecto a los ingresos, resulta útil analizar el grado de autonomía de cada una de las provincias de la muestra. En este sentido, se tienen en cuenta aquellos recursos que ingresan a las arcas provinciales a través de transferencias por parte de la Nación, ya sean automáticas (Coparticipación) o no automáticas (Transferencias Corrientes y de Capital). Estos componentes muchas veces son muy significativos en los ingresos de las jurisdicciones, por lo que son consideradas un elemento clave para mantener las cuentas fiscales equilibradas”, introduce el IARAF.
El trabajo detalla: “De acuerdo con el indicador Coparticipación / Ingreso Total, la importancia prevista de la coparticipación es heterogénea entre provincias, incluso entre jurisdicciones de un mismo grupo. En el grupo de AI – AD se destaca el caso de CABA, que asumiría el menor valor de indicador (24%) mientras que en el otro extremo se ubicaría Santa Fe con un indicador de 45,5%.
Dentro de las provincias de AI – BD Neuquén presenta el menor indicador para el año 2019, dado que de cada $100 de sus ingresos totales, apenas $23 corresponderían a coparticipación. Jujuy asumiría un indicador de 66,8%, el mayor del grupo BI – AD. Por último, Formosa recibiría en 2019 recursos en concepto de coparticipación que equivalen al 89% de sus ingresos. Este constituye el mayor ratio del grupo BI – BD”.
En cuanto al porcentaje de los ingresos totales que vienen de transferencias no automáticas el IARAF observa que “la importancia de los envíos discrecionales se ubicaría por debajo del 15% en todos los casos en el corriente año, salvo en la provincia de Jujuy, que alcanzaría un valor del 20,4%”.
El trabajo del IARAF, sobre todo con la incorporación de estos dos indicadores que advierten sobre la “autonomía” de las finanzas provinciales, deja tela para cortar en cuanto al impacto de estas estructuras de gastos y recursos en los planes del Gobierno para achicar el déficit, o suprimirlo, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener divisas para afrontar la inestabilidad cambiaria.
“Si se tiene en cuenta la necesidad del Gobierno Nacional de cumplir con la meta fiscal establecida para el corriente año, se espera, también de acuerdo al presupuesto nacional, una reducción del gasto en partidas que pueden afectar directamente y de manera relevante sobre todo a aquellas provincias que tienen gran dependencia de las transferencias del Estado. De allí, surge la importancia de analizar el grado de autonomía de las jurisdicciones de la muestra, como así también su rigidez presupuestaria, de manera de poder seguir a lo largo del año el grado de compromiso que puedan mostrar sus cuentas fiscales”, advierte el trabajo.
En este punto, la combinación entre, por ejemplo, “mayor rigidez”presupuestaria, por el peso de los salarios en los ingresos y la menor autonomía por, a su vez, el peso de los fondos que provienen de Nación dentro de los recursos, deja datos interesantes. Esta ratio entre autonomía y rigidez permite ver, por ejemplo, que Jujuy es de entre las menos “autónomas” en su grupo de provincias, porque la coparticipación le representa el 66,8% y las transferencias no automáticas el 20,4%. Pero también es de las más rígidas para achicar su gasto primario, porque con 54,5% es la que, también dentro de su grupo, más porcentaje de sus ingresos destina al pago de salarios de empleados de la administración provincial.
Una combinación parecida se da con Río Negro, ya que el distrito es el menos autónomo en su grupo en relación a la coparticipación (54%) y el segundo menos autónomo (2,3%, detrás de Neuquén) en cuanto a lo que representan las transferencias no automáticas dentro de sus ingresos, aunque en este caso no hay datos de varios de los distritos del grupo de Altos Ingresos y Baja Densidad, como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis y La Pampa. Pero Río Negro también es el que más usa de sus recursos para pagar salarios de empleados, con
54,6%.
Otro caso es Formosa, donde la coparticipación representa el 89% de sus ingresos y el porcentaje del uso de sus recursos para el pago de salarios es de 42,2%.
La Salta que oculta Urtubey: 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajo no registrado
Los últimos datos del Indec señalan que en la provincia una de cada 2 personas trabaja en negro. En la juventud, la situación se agrava mucho más: 8 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años que viven en el Gran Salta trabajan en esa situación.
En Salta la pobreza trepa al 38% de la población con miles de familias que no alcanzaron en febrero $ 27.570 de ingreso que se necesitan para no ser consideradas pobres. Mientras, el trabajo en negro llegó al 46,5% superando la media nacional solo detrás de Santiago del Estero.
Los índices de desocupación alcanzaron el 8,9% pero es la juventud la que se lleva la peor parte. Son 194.217 las y los jóvenes de entre 18 y 24 años en toda la provincia. En esa franja, hay 22.500 que no trabajan ni estudian. Los mal llamados “Ni-Ni”.
Para las y los que trabajan, 8 de cada 10 lo hacen en negro. Las condiciones precarias se multiplican, algo que no empezó con el gobierno de Mauricio Macri si no que es parte de la “pesada herencia” que sufren la clase trabajadora, las mujeres y la juventud.
Brutal para la juventud
En el aglomerado Salta o Gran Salta, conformado por los municipios de Salta Capital, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, La Caldera, Vaqueros, Campo Quijano y Rosario de Lerma, la juventud concentra las peores estadísticas laborales. La desocupación asciende al 22,3 % allí. Una cifra brutal que casi triplica el porcentaje de desocupación general para la misma zona que es de 8,7%, apenas inferior al provincial.
Les jóvenes consiguen su primer empleo en gastronomía, locales comerciales, casas particulares, como mensajeros, en la construcción o cuidando niñes, sin ningún derecho laboral y con salarios de hambre, por debajo del salario mínimo, vital y móvil que llega a los $12 500. Así lo denunciaron los repartidores de comida del local “Mago”, en Tres Cerritos, que la semana pasada por protestar fueron encarcelados por la Policía de Urtubey, lo que muestra un entramado de complicidad entre las patronales y los gobiernos de turno, que permiten desde los 90 que la precarización sea una norma. En eso, Urtubey en sus 12 años de gobierno continúa el trabajo sucio de Juan Carlos Romero, el actual senador nacional que estuvo al frente de la provincia otros 12 años.
Desde la izquierda, la referente del PTS en el Frente de Izquierda (FIT) Daniela Planes sostuvo que “los números del Indec reflejan la realidad que se palpa todos los días. En la Argentina del FMI cada vez más jóvenes son los que trabajan largas jornadas para vivir al día. En gastronomía la situación es brutal con jornadas extenuantes y un salario de indigencia, lo mismo para las trabajadoras domésticas que no llegan a los $12 mil y muchas son sostén de hogar”.
“Mientras los empresarios mineros, del azúcar, de la agroindustria y del tabaco nativos y extranjeros se la llevan en pala, la juventud es superexplotada sin ningún derecho. Por eso, desde el PTS en el Frente de Izquierda peleamos contra la flexibilización laboral y para que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados con un salario igual a la Canasta de Consumos Mínimos que elaboró la junta interna de delegados de ATE-Indec, que hoy ronda los $39 mil. Y proponemos para esto impulsar un plan de obras públicas y viviendas populares afectando las ganancias de los capitalistas por medio del cobro de impuestos a sus grandes fortunas”, continuó.
Para Planes de lo que se trata es de poner en discusión “el futuro de la juventud” que es la de los peores empleos y que cuando llega a la universidad o a los terciarios abandona las cursadas porque no tienen plata para viajar, con las restricciones al pase de Saeta, ni para comer, ni para los apuntes. “Por eso proponemos un plan de becas integrales equivalentes al costo de media canasta para que ninguna ni ninguno de los casi 65 mil estudiantes de entre 18 y 24 años que hay en toda la provincia deje de estudiar si no puede bancar sus estudios. Algo que se podría hacer si el gobierno de Macri dejara de pagar los intereses de la deuda que sólo para este año corresponden a $596.000 millones”.
Fuente: Cronista- La Izquierda Diario
