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DDN. La concejala por el Partido Obrero, Cristina Foffani, fue consultada por el allanamiento que se realizó en la municipalidad. Si bien desde el oficialismo municipal afirmó que se trataba sólo de un pedido de informe, la edil dijo “cuando hay un allanamiento, antes, siendo un funcionario público, el juez solicita un requerimiento y pruebas, entonces solicita documentación precisa, cuando eso no se hace de forma inmediata se allana”.
El 15 de enero pasado con una nota dirigida al Presidente del Concejo, Matías Cánepa, la concejal Cristina Foffani solicitaba que se convocara en forma urgente al Jefe de Gabinete Municipal, Luis María Salado, y al entonces Secretario de Hacienda, Pablo Gauffin, para que informaran los requerimientos ordenados por el juez Federal Julio Bavio del Juzgado Federal N°1, y los bienes y personas afectados en la investigación. En segundo lugar, solicitaba “se informara sobre la contratación de las empresas CECSA y ARCADIO S.A. y toda otra contratada para la misma actividad; titulares físicos y/o jurídicos de las contratadas, calificación de las mismas por parte de los órganos responsables de la contratación; el servicio y obra por la que se contrataba a estas empresas, la modalidad de contratación, plazos y fechas de inicio y finalización de obra, montos pagados y/o deudas por la obra o servicio; ya que la noticia que generó la solicitud, hablaba de serias irregularidades en los contratos de iluminación con farolas coloniales, pagadas con fondos del Plan Bicentenario”.
Es por esto que el Partido Obrero ha presentado sobre tablas el Proyecto de Resolución N° 841/19 en el que solicita la presencia del Procurador General Municipal, Agustín Pérez Alsina, munido de toda documentación respaldatoria, para que informe sobre los resultados de la Auditoría Interna que realizó con motivo del allanamiento al CCM y a distintos domicilios particulares de funcionarios municipales y empresas contratadas por el municipio.
Fuente: Capital











