DDN. Luego de conocerse la decisión de la Sala I del Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Héctor Poliotto y Ramón Medina, tomada el 10 de agosto último, que vuelve a foja cero la causa La Ciénaga, por la cual está imputado el senador nacional Juan Carlos Romero por la venta irregular de 90 hectáreas adquiridas por la Provincia en 1998 con fines sociales, el dirigente de Libres del Sur Carlos Morello manifestó su preocupación al respecto y dijo que “queda la sensación de que no hay justicia”. Dos de los fiscales que hoy pueden apelar ya promovieron acción penal contra Romero y la decisión final está en manos del Ministerio Público Fiscal.
“No conozco la resolución en profundidad porque no soy parte en el proceso, no he tenido la posibilidad de leerla, pero sí al leer la noticia uno se preocupa y se sorprende”, manifestó Morello para quien “esto de que haya habido una resolución judicial impugnando uno de los primeros actos procesales como es la acusación es sorprendente después de tantos años de tramitación del proceso”.
“Lo que tenemos es un trascendido a través de los medios de que hay una resolución que dice que la fiscal hizo mal la acusación. Resulta inesperado, raro, no es lo que uno pretende para la justicia y para la investigación de alguien que tiene poder, sigue quedando como una sensación de que la justicia actúa en dos planos”, continuó el dirigente.
Continuando con su análisis, subrayó: “Me parece que hubiera sido mejor que el Senador se presente ante la justica porque en estos 8 años no se ha presentado a su declaración indagatoria y, si esto queda así, en una anulación, queda la sensación de que no hay justicia y no se va a saber nunca el fondo de la cuestión”.
Frente a esta resolución, sostuvo: “Hay que ver cómo continúa esto, creo que tienen la posibilidad los fiscales de apelar y que se siga investigando. Espero que el senador se presente alguna vez a decir lo que tenga que decir y que sea la justicia la que determine si hubo o no hubo delito como debe ser, como está establecido en las leyes”.
La apelación
Los Fiscales de Cámara que podrían haber tenido la causa, iniciada con la acusación de los fiscales Eduardo Barrionuevo (actualmente juez) y Ema Puente (ya jubilada), son Rodolfo Villalba Ovejero, Guillermo Akemeier y María Inés Loyola, aunque es Loyola quien finalmente quedaría a cargo.
Precisamente, Loyola ya promovió acción penal contra Romero al estar a cargo de la causa La Ciénaga en primera instancia en 2.010 y después asciende a Fiscal de Cámara. Por su parte, Akemeier que investigó al ex gobernador por el uso del hangar.
Quien nunca tuvo una acción contra el ex gobernador es el Renovador Villalba Ovejero. Trascendió que, por sorteo, la causa pasó a la Fiscalía de Cámara que conduce y decidió que no apelará el fallo.
No obstante, tras la reforma judicial que habilitó nuevas fiscales, la causa podría pasar a una de las fiscalías de Delitos Económicos Complejos, a manos de Mónica Poma o de María Eugenia Guzmán.
En este punto, la causa queda en manos del Ministerio Público Fiscal, a cargo del procurador General de Salta, Pablo López Viñals, quien será él quien tome la decisión de apelar o que la sentencia quede firme.
Vale destacar también que ayer en la sesión del Senado, Romero dijo confiar en el esclarecimiento en la causa de los cuadernos fotocopiados y “que no termine, como dice el Gatopardo: ‘Que todo cambie para que nada cambie’”. Lo dijo precisamente ex gobernador y actual senador nacional que constantemente evade a la justicia, sin presentarse jamás a declarar en ninguna de las múltiples causas en las que se lo investiga por corrupción y enriquecimiento ilícito, amparándose siempre en los fueros.
Cabe aclarar que el reciente fallo sólo abarca la promoción penal, por lo que la causa no se archiva ni podría prescribir, ya que los imputados continúan ejerciendo cargos en la función pública. Los trece imputados son el exgobernador y actual senador, Juan Carlos Romero; su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny; el actual ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.
A Romero tampoco lo iban a fusilar
El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, afirmó que confía “en que se llegue a la verdad” en la denominada causa de los cuadernos que instruye el juez federal Claudio Bonadío. Lo dijo durante la sesión que aprobó los allanamientos a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, tal como lo pidió el magistrado. Además, cruzó a un par del recinto que comparó el pedido de Bonadío con la Revolución Libertadora de 1955 que derrocó a Perón, al subrayar que “este juez no está fusilando a nadie”.
“Es una oportunidad para que la justicia investigue y llegue a una conclusión”, remarcó Romero, quien descreyó que la causa contra la exmandataria busque ocultar la crisis económica de la gestión de Mauricio Macri. “Ninguna crisis económica puede tapar la investigación ni al revés”, enfatizó Romero.
Las declaraciones de Romero llegaron horas después de que el Tribunal de Impugnación de Salta, integrado por los jueces Héctor Poliotto y Ramón Medina, emitiera un fallo que vuelve a foja cero el caso conocido como La Ciénaga, en el que se investigaba el traspaso de 90 hectáreas del estado provincial al patrimonio del exgobernador y actual senador nacional.
Los jueces consideraron que la acusación estuvo mal formulada desde el principio, lo cual afecta todo el procedimiento posterior. Destacan decisivas imprecisiones y contradicciones acerca del supuesto delito, así como confusión en los roles de los diversos actores.
En la causa “La Ciénaga” hay trece imputados: Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni y los otros imputados están acusados del delito de “peculado”.
En tanto, en agosto de 2017, un fallo de la Corte Suprema allanó el camino a la Justicia salteña para que avance en la causa que tiene como uno de los imputados a Juan Carlos Romero, por negociados vinculados a un hangar del aeropuerto de Salta.
Se trata de la causa que también tiene como imputados al hijo del dirigente, Juan Esteban Romero, y a Raúl Romeo Medina y Ricardo Funes, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la administración pública.
Posteriormente, en marzo de este año, la Corte Suprema también rechazó un planteo de Romero y declaró que la Ley de Fueros, que establece la inmunidad de jurisdicción para legisladores, funcionarios y magistrados, tiene primacía sobre la normativa procesal local.
En marzo de 2016, el juez de garantías de Salta, Diego Rodríguez Pipino, envió un escrito a la vicepresidente Gabriela Michetti para pedir, en su carácter de titular del Senado, el desafuero de Juan Carlos Romero de la Cámara.
La resolución se oficializó días después de que el Tribunal de Impugnación de Salta rechazara los recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa del exgobernador, en la causa por enriquecimiento ilícito y la petición del magistrado apuntó a conseguir que la fuerza pública lo llevara a Salta para que sea notificado de la acusación en su contra.
Romero no se presentó a ninguna de las tres citaciones que le hizo el juez y el pedido de desafuero tampoco se trató.
Operativo de impunidad de cara al 2.019
El dirigente del Partido Obrero Pablo López se refirió a la última resolución que vuelve a foja cero la causa La Ciénaga, en la que se investiga al ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero por la venta ilegal de 90 hectáreas que habían sido adquiridas por la provincia con fines sociales. Aseguró que “es parte de un operativo de impunidad que seguramente tiene que ver con acuerdos políticos que se están tejiendo en función de lo que va a ocurrir el año que viene, probablemente, con las elecciones”.
López remarcó, además, que no se trata solo de caso de La Ciénaga al puntualizar: “También hay otros casos que nosotros hemos denunciado ante la justicia. En su momento hubo un requerimiento de desafuero para que Romero vaya a declarar en la justicia, que el Senado nunca trató”.
“Estamos frente a un operativo de impunidad porque nos acaba de rechazar el pedido de inconstitucionalidad que hemos hecho en el caso de Salta Forestal por la condonación que le hizo Urtubey a la empresa de Olmedo. Todo aparece como un operativo para dejar impune a todos estos negociados. Es una justica que siempre ha estado atada al poder político de turno, tanto Romero como Utubey”, concluyó.
Fuente: Hora 7 radial/ Todas las voces todas/FM Noticias 88.1 Mhz./ El Acople
