“Necesitamos que todos los operadores de Justicia
estén capacitados para poder llevar adelante un trabajo acorde”
DDN. Indicadores nacionales colocan a Salta como una de las provincias donde más denuncias por ataques sexuales se producen: 27,5 violaciones cada 100.000 habitantes marcan las estadísticas.
“Necesitamos que la denuncia se realice para que se puedan activar los resortes legales y la justicia penal comience a actuar”, explicó Leandro Ramos, director de Asistencia Integral a la Víctima.
El funcionario ponderó la creación de fiscalías específicas en la provincia porque por allí pasa todo el proceso investigativo sobre el hecho denunciado.
El problema es que, a la hora de realizar la denuncia en la comisaría ante un ataque sexual o por un caso de violencia de género, mujeres dan cuenta de que los oficiales se niegan a tomarla o reciben burlas y recientemente, aunque no es algo nuevo, se conocieron casos donde los propios policías hacen insinuaciones sexuales a la víctima.
“La policía debe tomar la denuncia, hay que seguir avanzando en el tema, necesitamos que todos los operadores de justicia estén capacitados para poder llevar adelante un trabajo acorde”, respondió el funcionario ante la consulta sobre la problemática.
Cabe destacar que, a partir del reclamo de organizaciones políticas y de género, el Estado provincial implementó capacitaciones pero, en la práctica, los casos de hostigamiento policial en las comisarías y la negativa a tomar las denuncias se siguen sucediendo.
La realidad de Salta sumada a la irrupción de las mujeres en las calles, obligó al Gobierno a tomar medidas al respecto, aunque diversas posiciones políticas remarcan que esas acciones son solo maquillaje y una salida ‘al paso’ ante la gravedad del problema.
He aquí otro punto no menor: las mujeres denuncian que tampoco se aplican los protocolos existentes para controla la transmisión de enfermedades sexuales o realizarse abortos no punibles en caso de violación. Así, ‘Juana’ – la niña violada y embarazada en Alto La Sierra – tuvo que soportar 7 meses de embarazo hasta que el caso se mediatizó y la práctica recién se realizó al constatar el equipo médico del Hospital Materno Infantil que la gestación representaba un peligro para la menor.
“Debería cumplirse el protocolo. Cuando una persona realiza la denuncia, es el fiscal el que decide que se lleve adelante el protocolo. Por otro lado, es el Ministerio de Justicia y DDHH quien tiene que instrumentar todos los medios necesarios para que los hospitales realicen la práctica de interrupción voluntaria del embarazo”, dijo Ramos sobre el tema para finalizar.
Fuente: “Hora 7 radial” – FM Noticias 88.1 Mhz.
