Por Daniel Tort

DDN. Quienes tenemos el destino, no muchas veces grato, de transitar los pasillos del edificio de la Ciudad Judicial todos los días, y quiénes hace más de 30 años, como nosotros, estamos en el ruedo, conocemos a la perfección cuáles son las virtudes y los defectos de ese sistema.

El sistema que decíamos recién que nos debe interesar a todos porque del  poder enorme que la Constitución le otorga a una persona, una vez que esta es investida con el cargo de juez o de jueza, dependerá nuestro destino, nuestro patrimonio, nuestra libertad o no, la protección de nuestros créditos alimentarios, en definitiva, lo que el ciudadano común llama “que se haga justicia”, que tiene que ver con un mínimo margen de tranquilidad, para el cual nos hemos organizado en sociedad, supuestamente, para ser todos tutelados de igual manera.

Y quienes además, como quien les habla, ha formado parte del Consejo de la Magistratura, que es el encargado de designar los jueces, allá por el año 2.000, conocemos perfectamente los defectos, la gran cantidad de defectos, de tergiversaciones y de inutilidad de los procedimientos de ese órgano para que la selección de los jueces sea cristalina, transparente y, por sobre todas las cosas, creíble.

Y para que no se piense que caemos en el grupo de los que algún ministro de la Corte afirmaba que desde el periodismo hacen leña del árbol caído, les vamos a recordar que nosotros hablábamos mucho antes de que el árbol se cayera.

En la página de “La madre que las parió”, la página oficial de este programa, escribíamos, el día 7 de junio de año 2.010, hace casi 7 años, un artículo que titulamos “La necesaria revisión del sistema de elección de magistrados”. En aquel entonces, aconsejábamos cambiar el sistema de elección de magistrados y aconsejábamos, desde nuestra experiencia, diciendo, después de enumerar todos los defectos que usted habrá conocido ahora, a través de la prensa en estos días, terminábamos nuestro editorial diciendo: “Con el esquema expuesto, no es difícil admitir que el sistema necesita de una revisión a la mayor brevedad porque en la realidad, el Consejo de la Magistratura carece de credibilidad, sus designaciones casi siempre están sospechadas de parcialidad, y no existe objetividad ni garantía de poder revisar las decisiones que muy bien pueden, y reiteradamente lo han sido, decisiones arbitrarias”.

Esa opinión periodística no fue tenida en cuenta por el entonces Consejo de la Magistratura ni por ninguna autoridad de las que hoy se rasgan las vestiduras pensando que se necesitan cambios, como si estuvieran descubriendo la pólvora.

En junio 27 del año 2.014, volvimos a escribir otra editorial, por el mismo motivo del escándalo de los concursos, que no fue tan mediático como este pero que nosotros conocíamos. Titulamos esa editorial “Un consejo para el Consejo”, plasmando una ironía en el título, y allí poníamos el acento en lo que consideramos una falta de conocimiento y de responsabilidad de uno de los integrantes del Consejo, hoy también integrante, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy. Que él afirmaba que el Consejo que él integraba no era un conjunto de juristas experimentados que se sientan a tomar examen, muy por el contrario, decía Godoy, observan y tienen el sentido del hombre común, ven el perfil de la persona que está rindiendo y más allá de todos los antecedentes y puntajes. Es decir, que ellos decidían quién entraba y quién no entraba, más allá de todos los antecedentes y puntajes. Lo dijo el diputado Manuel Santiago Godoy para elacopleinformativo.com, el martes 24 de junio de año 2.014.

A confesión expresa de la parte, no hace falta más nada. Uno de los miembros del Consejo decía que no tenían en cuenta ni los antecedentes, ni las calificaciones, ni los exámenes, que ellos miraban el perfil, elegían, en definitiva, a ojo de buen cubero.

Y así, a ojo de buen cubero, nosotros poníamos el acento, por ejemplo, en el carácter casi secreto que tenían los expedientes entonces, que fuimos a pedir para poder controlar y nos fueron negados.

En aquel entonces terminábamos nuestra columna editorial diciéndole al Consejo de la Magistratura lo siguiente: “Entonces, señores jueces, fiscales, Corte de Justicia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Gobernador de Salta, Procurador de la Provincia, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados y demás interesados directos en el tema, asuman la realidad de que este desprestigio acumulado de años requiere de cirugía mayor, y abandonen la apatía suicida de seguir convalidando con silencios y justificaciones un sistema que no da para más”.

Eso se lo dijimos en junio de hace 3 años.

Ahora, resulta ser que hay dirigentes políticos, gente de la Legislatura, los propios miembros del Consejo de la Magistratura, los propios ministros de la Corte y hasta el propio Gobernador, que parece que recién ahora se dan cuenta de que este sistema, que comenzó a funcionar en el año 2.000, hace 17 años, no sirve para la transparencia, ni para la credibilidad, ni para la calidad institucional ni científica.

¿Qué les propusimos nosotros? Que les causó escozor, que les causó miedo, casi pánico. Nosotros propusimos una reforma en la cual la selección de los magistrados se hiciera a través de las instituciones intermedias y con comité de expertos. ¿Qué pasa si usted pone un comité de expertos, por ejemplo, de la provincia de Córdoba o de la provincia de Buenos Aires? que se contratan especialmente para el caso, que llegan a la ciudad, que no conocen parientes, amigos, entenados, amistades, amantes ni simpatizantes. Que no conocen a la sociedad salteña y no tienen la más mínima posibilidad, entonces, de ser influidos por lo que todo el mundo sabe y conoce, que son las relaciones interpersonales.

Si eso ocurriera, el poder político perdería, más claro y contundente no se lo podemos decir, si un comité de expertos y especialistas en la materia fueran las personas que decidieran quién es el que intelectualmente está más capacitado para ocupar los cargos, el poder político perdería la facultad de designar amigos, entenados, parientes y demás.

No quieren soltar la manija de la sartén, y por eso han seguido con este engendro constitucional que nunca sirvió para elevar la calidad institucional de la llamada justicia, salvo en contadas excepciones, y también con un defecto máximo.

También les hacíamos notar en aquel entonces a las autoridades, aconsejándoles la cirugía mayor y el cambio de sistema, que aquellas personas que concursaban de buena fe, que por méritos propios llegaban a ocupar los cargos, que realmente lo merecían y que realmente estaban a la altura del ejercicio de la magistratura, porque intelectualmente, éticamente, moralmente y personalmente lo merecían y lo tenían asumido, también llegaban por el desprestigio del Consejo de la Magistratura, también llegaban sospechados, también llegaban injustamente sospechados.

Es decir que aquí, justos e injustos son medidos con la misma vara, y la misma vara es la representación más palmarea que hay de la injusticia.

  El señor Procurador de la Provincia se adhirió rápidamente a la voluntad del Poder Ejecutivo, igual que el fiscal de Impugnación Akemeier.

La Corte de Justicia ad hoc ha resuelto, a la velocidad de la luz, un amparo, para terminar con el estrépito periodístico, pero no por los ministros de la Corte en que la debían integrar sino por jueces convocados al efecto. Con la paradoja de que quien presidía en los hechos el dictado de ese fallo de la Corte, que terminó anulando otro concurso vergonzoso más, es uno de los que intervino en el concurso anulado. Increíble.

El doctor Abel Cornejo formó parte del Consejo de la Magistratura que llevó adelante un concurso anulado, y él fue el ministro de la Corte que firmó el fallo que anulaba su propia participación.

La ministra de Justicia, Pamela Calletti, salió rápidamente también en el operativo de prensa que montó oficialismo, para contrarrestar el estrépito de los artículos del señor Antonio Oieni, a decir que el Gobernador tiene facultades para rechazar y yo voy a decirle textualmente que no, que la señora Pamela Calletti o está mal informada o intencionalmente quiere tergiversar la realidad. Porque la Ley 7.016, que es la ley del Consejo de la Magistratura, establece en el artículo 24 que el Gobernador, una vez que se hayan recibido los candidatos que van en una terna, tiene quince días para evaluarla y después de 15 días tiene que mandar un pliego al senado.

No es verdad que el Gobernador tenga facultades para rechazar absolutamente nada, no es cierto. Los únicos que pueden rechazar los acuerdos del análisis del pliego que mande el Gobernador son los senadores. No es verdad que el Ejecutivo tenga posibilidades de arrogarse facultades que son del Senado. ¿Qué dijo el Senado? No dijo, ni siquiera, esta boca es mía.

El Procurador pidió la nulidad, la Corte a piacere de lo que pedía el señor Gobernador, y todo vuelve a foja cero.

A lo mejor usted no sepa que todo este costosísimo proceso ha llevado más de seis meses, que todo este costosísimo proceso tiene horas hombre/mujer de trabajo, tiene ríos de tinta, tiene impresoras, computadoras, horas, cafés, sándwiches, recreos, convocatorias y reuniones.

La señora Fiscal de Estado, la doctora Mónica Lionetto, ha dictaminado que el concurso tenía irregularidades en 24 horas, sin pedir un solo legajo, ni siquiera para mirarle la tapa. Que no me diga que pudo ver los videos que están subidos a la página del Consejo porque los videos no tienen nada que ver con las irregularidades del concurso.

Y así, caemos en la triste realidad de observar que hay un solo poder en la provincia que es el Poder Ejecutivo que manda, ordena, subsume, subyuga, acosa y coopta al resto de los poderes. Y lo peligroso de esto es que esa cooptación está también, en definitiva, en el pecado original del nombramiento de los jueces y en el ejercicio de muchos de ellos después en la función.

Así como los senadores no dijeron nada, el Procurador hizo un dictamen a pedido del Gobernador, la Fiscal de Estado hizo lo mismo, y los jueces ad hoc fallaron como lo había pedido Juan Manuel Urtubey.

Las sucesivas reformas constitucionales en Salta, del año ‘96 en adelante gestadas por el mentor del actual gobernador, por Juan Carlos Romero, le dieron excesivas facultades al Poder Ejecutivo de nombrar y remover a quien quiera y así, este Consejo de la Magistratura tiene mayoría de miembros que responden al poder político. Igual que el Tribunal del Jury de Enjuiciamiento, que puede destituir a los jueces, que tiene absoluta mayoría de miembros del poder político.

El Procurador General de la Provincia, que ha hecho un dictamen luz en 24 horas también, es propuesto y designado por el Ejecutivo, la Fiscal de Estado igual, y la Síndico General de la Provincia, que vive viajando por Europa, también. La Auditoría General de la Provincia tiene mayoría del oficialismo, designada por el Poder Ejecutivo, y los ministros de la Corte se designan en el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.

La única facultad constitucional que el Poder Ejecutivo no tenía era la de rechazar los pliegos que propone el Consejo de la Magistratura y lo mismo terminó irrogándosela. Terminó tomando una facultad que la Constitución le prohíbe y que la Ley del Consejo de la Magistratura no le da. Y de nuevo, como nosotros decíamos en el año 2.010 y después lo reescribíamos en el año 2.014, y de nuevo, todos los actores vinculados directa o indirectamente con este engendro, van a volver a callarse la boca, van a volver a disimular, van a mostrarse apáticos e indiferentes, y solamente van a desensillar hasta que amaine.

Una vez que pase el escándalo mediático que se suscitó por ese concurso en particular, todo lo que le acabamos de decir de la serie de irregularidades, desde el nacimiento en 1.998 de este cuerpo que elige a los jueces hasta el día de hoy, seguirá funcionando y de ahora en más todos los nuevos concursos volverán a estar sospechados, volverán a esta teñidos de parcialidad, y sobretodo de credibilidad. Eso es lo que los ciudadanos no queremos, eso es lo que la gente común no quiere y no quisiera. Que el señor Gobernador otra vez más, montado en su soberbia y su autoritarismo, ha hecho oídos sordos a las instituciones, a todas, barriendo con todas ellas. Y todas ellas, pegadas a la falta de virtud cívica y pegadas al cargo en el cual son profesionales de la función pública y no quieren perderla, se van a seguir callando la boca.

Una verdadera vergüenza, que es un escándalo nacional pero no solamente en este concurso sino desde siempre.

Sigamos así, sin la cirugía mayor y sin hacer los cambios que hay que hacer, y así seguiremos estando en esta Salta que cada vez atrasa más.

Fuente: La madre que las parió/ FM Noticias 88.1 Mhz.